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El diputado a la Asamblea Rodrigo Rojas asegura que lo que está ocurriendo con los primeros $85.000 millones de los $230.000 millones que la Asamblea le aprobó al gobernador Amaya en calidad de empréstito podría ser un proceso de contratación amañado y hecho a la medida para favorecer a una empresa en particular.
El diputado Rodrigo Rojas denunció ayer lo que está ocurriendo con un contrato para la adquisición de maquinaria amarilla por parte de la Gobernación de Boyacá.
Indicó Rojas que veedurías ciudadanas y ocho empresas ya han lanzado la voz de alarma sobre irregularidades en el proceso para la compra de esos equipos, por la suma de 85.000 millones de pesos.
«Todos coinciden en que se trataría de un proceso de contratación amañado, una contratación express, con pliegos sastre, con más de 30 mil millones en sobrecostos y hecha la a medida para favorecer a una empresa en particular”, dijo Rojas y preguntó: ¿Por qué la compra no se hace a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, que es hoy el mecanismo más transparente e idóneo para este tipo de contratación?”.
“El empréstito más grande de la historia en Boyacá es en realidad un negocio de quienes gobiernan el departamento? !Primeros 85 mil millones en juego!” indicó el diputado.
Sobre el proceso para la compra de las máquinas, dijo que no son solo las veedurías ciudadanas las que han hecho la denuncia sino también ocho empresas que buscan participar en este proceso que han indicado que falta de transparencia en la contratación.
Sobre el mismo particular Caracol Radio la había informado que la Veeduría Ciudadana Nacional No a la Corrupción presentó observaciones al proceso de adquisición de maquinaria por requisitos excluyentes y posibles limitaciones a la transparencia en la contratación.
Desde el 13 de enero del 2025, la Gobernación de Boyacá publicó en la plataforma Secop II el proceso SA-SI-GB-001-2025, cuyo objeto es el suministro y adquisición de kits de maquinaria destinados al mantenimiento y mejoramiento vial.
Dice la Veeduría que en el anexo técnico del proceso se establecen marcas concretas como John Deere, Hamm y Vogele, distribuidas en Colombia exclusivamente por una empresa específica. Esto, según la Veeduría, viola el principio de selección objetiva al limitar la participación de otras empresas del sector con igual capacidad y experiencia.
También dijo Caracol Radio que en el caso de la licencia de transporte se exige que los oferentes cuenten con licencia para transporte terrestre, un requisito que usualmente no cumplen las empresas de maquinaria pesada, ya que suelen subcontratar estos servicios.
En el Plan de custodia se pide autorización para prestar servicios de escolta de mercancías, un requerimiento que no corresponde al objeto del contrato; y en infraestructura en ciudades portuarias, se requiere infraestructura en ciudades como Cartagena y Buenaventura, excluyendo regiones más cercanas al departamento de Boyacá, como Bogotá.
También hay observaciones sobre la capacidad financiera, falta de cotizaciones y errores en el cronograma
Segú la noticia divulgada por Caracol Radio la Veeduría concluye que los principios rectores como la transparencia y la publicidad deben ser prioritarios en este tipo de procesos, destacando que el cumplimiento de las recomendaciones será esencial para preservar la confianza ciudadana y la legalidad en el manejo de recursos públicos.
