Alcaldes del Norte de Boyacá alegan la creciente inseguridad; gobierno responde que estudios dicen otra cosa

En declaraciones a la W Radio los alcaldes de las provincias boyacenses de Valderrama, Norte y Gutiérrez, reafirmaron sus preocupaciones y temores por la creciente inseguridad que ha vuelto a propiciar la zozobra en la región, dada la presencia de los llamados grupos armados organizados, encabezados, según ellos, por el ELN.

A su turno el director encargado de la Unidad Nacional de Protección, Daniel Palacios, la entidad más cuestionada por los alcaldes, ripostó que eso no es del todo preciso, que todas las solicitudes de los alcaldes para brindarles seguridad a ellos y a su población han sido atendidas de manera efectiva y oportuna y que otra cosa es la inseguridad normal que enfrentan todos los alcaldes en el territorio nacional.

Los alcaldes que participaron en el diálogo con el medio informativo, la alcaldesa de Socha, Zandra Bernal, el alcalde de Güicán,  Juan de Jesús Estupiñán y el alcalde de Socotá, William Correa Durán, estuvieron de acuerdo en que las condiciones de orden público en la región se han venido deteriorando y temen, como lo dijo el alcalde de Güicán, que vuelvan las terribles épocas de 1985 al año 2002 donde la región quedó atrapada por la presencia de los grupos insurgentes, cuya solución, de alguna manera, dice el funcionario, llegó con la política de Seguridad Democrática a partir de 2002.

“Nosotros tenemos la ruta de Los Libertadores que va a Casanare y Arauca y conectamos con los santanderes y en el territorio está el Parque Nacional Natural de Pisba, por lo que toda esta región es un corredor estratégico, lo que hace que tengamos que cuidarnos del ELN, de las disidencias”, expresó el alcalde de Socotá que describió cómo han sido decenas de comunicaciones en todos los tonos al gobierno nacional y departamental para pedir ayuda por parte de los 14 alcaldes de esas provincias.

Correa Durán ha sido el líder y vocero de la región en todo este periodo de recrudecimiento de los factores negativos de orden público y de la crisis en general que vive su provincia. Apenas posesionado, en Febrero, convocó a la primera Mesa de Diálogo Social en Socotá donde, sin la presencia del gobernador Ramiro Barragán, pero con más de 3 mil personas de las comunidades de la región y con la presencia de la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía , las Iglesias, católica, y cristinas, dejó constancia de la necesidad de atención prioritaria hacia la región dadas las condiciones de crisis social y económica con la que se estaba comenzando el año y, en lo particular, estaba iniciando él su tercer periodo como alcalde de Socotá.

Luego, declarada la pandemia, uno de los primeros en reaccionar en desacuerdo con las primeras medidas económicas del gobierno nacional fue Correa Durán, quien, a pesar de militar en el Centro Democrático -fue elegido por este partido-, no dudó en exteriorizar su rechazo a lo que hizo el gobierno de Duque echándole mano a los recursos de los fondos regionales de pensiones y tampoco estuvo de acuerdo con medidas como la de profundizar la entrega de los subsidios de familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor, debido al despelote que ocasionó con la aglomeración de las personas para reclamar tales recursos y la poca efectividad real de las ayudas.

Pero avanzando en el confinamiento, el asunto en la región giró hacia problemas más delicados de orden público con la presencia del ELN y de las disidencias de las FARC que al parecer han extendido su acción a lo largo de los corredores que menciona el alcalde de Socotá y que en la práctica se reflejan en amenazas, extorsiones y actos de terrorismo como el denunciado por el exalcalde y empresario minero de Socha, Hernando Vega Llanos.

Y es justamente esa la principal diferencia de apreciación entre el alcalde Correa Durán y sus demás colegas, y el director encargado de la UNP.

 El alcalde de Güicán, Juan Estupiñan reforzó las apreciaciones de Correa al describir que su municipio no es ajeno a tales circunstancias, recordando además que este ha sido azotado por los grupos al margen de la ley, en un primer periodo desde el año 85 hasta el 2002, en especial por las FARC. Rememoró que este y otros municipios, durante ese periodo, no tuvieron policía ni ejército; resaltando que “afortunadamente con la seguridad democrática se solucionó la problemática con la instalación del Batallón de Alta Montaña; pero que en los últimos días la situación de inseguridad empeora, el batallón ya no tiene hombres y sus instalaciones están deterioradas y nos vemos cada vez más amenazados por los grupos insurgentes”.

Precisó el alcalde de Güicán que el territorio de su municipio es corredor estratégico desde Venezuela y Cubará hacia las provincias de Gutiérrez y Norte y que en los últimos consejos de seguridad virtuales, él expuso esta situación, pero que se filtró el contenido de lo dicho en esos encuentros, llegando a conocimiento de los grupos al margen de la ley y que por eso teme que su vida y su integridad personal están en riesgo, pues “conocen lo que dijimos en este consejo de seguridad. “Todo lo anterior ha sido puesto en conocimiento del gobierno pero no hemos tenido la respuesta que esperábamos. Hemos tenido conversaciones personales con el el Comandante de la Policía de Boyacá, quien ordenó los estudios de riesgo, pero eso no ha sido tenido en cuenta por la Unidad Nacional De Protección”, finaliza el alcalde Estupiñán.

Enseguida el alcalde Correa Durán vuelve a la carga: “todas la entidades, de alguna manera, nos han escuchado, pero la Unidad Nacional de Protección, no; la policía ha hecho los estudios de riesgo y de seguridad y han dado recomendaciones y se los envía y se los reenvía y vuelve a enviárselos a la Unidad y hoy vemos que los de esta Unidad, no contestan; de arriba, del gobierno no responden. Y lo que es peor, que la UNP no respeta la Constitución, no acató la Acción de Tutela fallada en favor nuestro”.

La Respuesta del director encargado de la UNP

Ante el énfasis de las declaraciones de los alcaldes, Daniel Palacios, director encargado de la UNP salió al paso y prácticamente desvirtuó todo lo que dijeron los mandatarios locales. “En primera medida, aseguró, hay que ver varias cosas: los alcaldes han participado en consejos de seguridad con el Ministro de Defensa, y yo mismo he participado como director encargado de la UNP y como Vice Ministro. Hoy en Boyacá hay 67 personas protegidas, lo cual es un número muy reducido en comparación con departamentos como Cauca y Caquetá, donde hay de verdad problemas. En Boyacá hemos hecho 19 estudios para alcaldes y solo tres ameritan medidas duras, destacó Palacios. Y agregó: “toda persona que tiene una medida de la Unidad tiene riesgo extraordinario, por eso tiene algún grado de protección que va desde chalecos antibalas, botones de rastreo; si hay otros niveles de riesgo, entonces se asigna un carro blindado, por ejemplo”. En cuanto a la presencia del ELN en Boyacá, Palacios dijo estar convencido de que es limitada, añadiendo que no hay una actividad de terrorismo certificada y que la actividad delictiva es baja con respecto a otros territorios del país”, lo cual contradice la percepción que tiene la alcaldesa de Socha quien estima que el atentado a una instalación del empresario minero y el asesinato de una mujer de 82 años hace unos días son indicios serios de la gravedad de la situación.

Palacios, precisó que en uno de los últimos consejos de seguridad se tomaron medidas preventivas: “hoy hay una base móvil del ejército en Socotá y aquí lo que hay es compromiso para tomar medidas preventivas y mitigar cualquier amenaza de riesgo”.

Y remató: “Quiero ser muy claro, no doy entrevista sobre esquemas particulares. Hoy tenemos alcaldes en zonas rojas que tienen esquemas de seguridad. El alcalde de Socotá tiene un esquema de la policía. Los estudios de seguridad son objetivos, donde podemos tramitar esquemas de urgencia. Pero debe haber un estudio real no a capricho, ni a solitud de una persona sino las reales necesidades.

Antes de terminar su intervención se refirió al caso de la alcaldesa de Socha: “Lo que la alcaldesa manifiesta son sucesos de inseguridad en su municipio, lo que no quiere decir que ella esté amenazada directamente; su caso, el de la alcaldesa, no ha llegado al comité correspondiente para el estudio.