Rafael Acevedo confirmó que la administración declaró el incumplimiento del contrato con Don Matías, cuyas obras apenas registran entre el 30 y el 35 % de avance. Sobre el Aguinaldo Boyacense, anunció que espera tener una definición jurídica esta semana o la próxima, mientras la Procuraduría indaga presuntas irregularidades en su contratación.
Dos contratos millonarios heredados de administraciones anteriores tienen al alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, frente a decisiones que podrían tener importantes consecuencias jurídicas y económicas para el municipio.
El primero es el contrato interadministrativo 1767 de 2025, suscrito con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S., por más de 15.000 millones de pesos, para ejecutar obras en diferentes sectores de la ciudad.
El segundo corresponde a la contratación del Aguinaldo Boyacense 2026, sobre la cual la administración adelanta una revisión jurídica para determinar si se mantiene el convenio en las condiciones actuales o si debe adoptarse otra decisión.
En ambos casos, Acevedo anunció que su gobierno está avanzando en las actuaciones correspondientes, aunque los procedimientos y sus eventuales consecuencias son diferentes.
La situación más avanzada jurídicamente es la del contrato con Don Matías, sobre el cual el alcalde confirmó que se declaró el incumplimiento.
Según Acevedo, las obras presentan una ejecución de entre el 30 y el 35 %, a pesar del tiempo transcurrido desde la celebración del contrato.
La administración considera que ese nivel de avance resulta insuficiente frente a las obligaciones adquiridas por la empresa y los recursos comprometidos.
El contrato, celebrado durante la administración del exalcalde Mikhail Krasnov, tenía como objeto ejecutar intervenciones en infraestructura vial, educativa, espacio público y salones comunales de distintos sectores de Tunja.
Uno de los aspectos más delicados es que el municipio transfirió anticipadamente cerca del 95 % de los recursos, equivalentes a más de 14.300 millones de pesos, mientras las mediciones adelantadas por la Secretaría de Infraestructura muestran una ejecución muy inferior.
El alcalde explicó que la administración busca avanzar hacia la liquidación del contrato y definir las medidas legales que permitan proteger los intereses del municipio.
También señaló que podría intentarse una conciliación con el contratista. Si no se logra un acuerdo, el proceso podría continuar con las actuaciones sancionatorias correspondientes y la eventual aplicación de las pólizas, de acuerdo con los procedimientos legales.
La situación adquiere mayor relevancia después de que la Contraloría Municipal de Tunja reportara 13 hallazgos en una actuación especial de vigilancia al contrato.
El organismo de control aclaró que todavía no puede establecer un detrimento patrimonial definitivo, debido a que el contrato no ha concluido su proceso de cierre y las obras no han sido recibidas formalmente a satisfacción.
La pregunta que sigue sin resolverse es cómo se garantizará la terminación de los trabajos y qué ocurrirá con los recursos entregados por el municipio.
El otro asunto que mantiene ocupada a la administración municipal es el contrato para la realización del Aguinaldo Boyacense 2026, la principal celebración cultural y popular de Tunja.
Acevedo anunció que su equipo jurídico adelanta una revisión para determinar el futuro del convenio y que espera contar con una decisión definitiva durante esta semana o la siguiente.
La contratación fue adelantada durante la administración encargada de María Paula Jiménez, antes de que Acevedo asumiera la Alcaldía.
El mandatario indicó que se están examinando las condiciones en las que fue suscrito el convenio y los procedimientos que debieron cumplirse.
La revisión coincide con la indagación previa que abrió la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso de contratación del evento.
Según el Ministerio Público, las inquietudes están relacionadas con la estructuración de los estudios previos y la selección del contratista, aspectos que podrían comprometer los principios de transparencia y planeación contractual.
La indagación busca establecer si efectivamente se cometieron faltas disciplinarias. Por ahora no existe una decisión que determine responsabilidades.
Frente a la posibilidad de modificar o terminar el convenio, el alcalde ha preferido esperar los resultados del análisis jurídico antes de anunciar una determinación.
La administración de Rafael Acevedo tiene así dos decisiones de considerable importancia.
En el caso de Don Matías, deberá establecer el camino para cerrar el contrato, definir las consecuencias del incumplimiento y procurar que los recursos públicos comprometidos estén debidamente protegidos.
En cuanto al Aguinaldo Boyacense, tendrá que resolver la situación contractual sin perder de vista la cercanía de las festividades y la necesidad de garantizar una celebración organizada, transparente y acorde con las obligaciones legales del municipio.
Son dos asuntos diferentes, pero tienen algo en común: comprometen recursos públicos y exigen decisiones oportunas, sustentadas jurídicamente y explicadas con claridad a los tunjanos.
En los próximos días se conocerá si la administración logra despejar las incertidumbres sobre el contrato del Aguinaldo y qué pasos concretos seguirá frente a las obras inconclusas de Don Matías.
