La Fiscalía judicializó a Silvio Rincón, actual alcalde, también a la secretaria de Planeación y un particular. El contrato era para la construcción de un ancianato y habría ocasionado un detrimento patrimonial de 250 millones de pesos.
La contundencia del material probatorio obtenido por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar al actual alcalde del municipio de Susacón, Silvio Alberto Rincón Ortega; a su secretaria de Planeación, Nancy Liliana Pinzón Reyes; y al contratista Carlos Iván Ramírez Fonseca, representante legal de la Fundación Salud, Paz y Bienestar, que estarían involucrados en varias irregularidades detectadas en un contrato firmado en el año 2015, cuando el funcionario también fue alcalde del mismo municipio.
Contrato mediante el cual se construyó una edificación donde pretendía funcionar un ancianato, por un valor de 250 millones de pesos.
«El material de prueba indica que, aparentemente, el alcalde municipal, Rincón Ortega, para la época de los hechos donde también era mandatario del mismo municipio, designó de manera directa a la Fundación Salud, Paz y Bienestar para que se encargara de la construcción del centro de atención para adultos mayores, sin una licitación pública como lo establece la ley de contratación estatal», informó la directora de la Fiscalía seccional Boyacá, Lizeth Natalia Franco (aquí las declaraciones: https://acortar.link/lpIan2).
Agregó Franco que, «además de esto, el funcionario habría designado a su secretaria de Planeación, Nancy Liliana
Pinzón Reyes, como supervisora en el desarrollo del contrato, pese a que, presuntamente, la funcionaria no contaba con los conocimientos técnicos, razón por la cual, aparentemente, no hubo una correcta supervisión al mismo».
Así mismo, según la directora, «hay indicios de que la obra se ejecutó sin realizar previamente estudios, planos o diseños, dando como resultado una edificación vulnerable a eventos sísmicos y no aptos para la habitabilidad de la población para la que se pretendía albergar».
Finalmente, se acreditó que a causa de estas inconsistencias el valor del contrato se convirtió en un detrimento para las arcas del municipio.
Por estos hechos, un fiscal adscrito a Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la seccional de Boyacá, le imputó a los implicados, de acuerdo a su probable responsabilidad en los hechos, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y uso de documento falso. Los procesados no aceptaron los cargos.
*Con información Fiscalía
