La senadora Aída Avella anunció que renunció a la prima especial para los congresistas, un beneficio económico que ha generado controversia en el inicio de 2026. La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales y sustentada en una carta dirigida a la Presidencia del Senado, en la que la congresista expone razones fiscales y de equidad social para desistir de ese ingreso adicional.
“Renuncié a la prima especial para los congresistas. Un abuso con las finanzas públicas”, escribió Avella en su cuenta oficial de X (antes Twitter), mensaje que rápidamente fue replicado y comentado por usuarios y actores políticos. La senadora, integrante del Pacto Histórico, acompañó el anuncio con un documento formal fechado el 21 de enero de 2026 y dirigido al presidente del Senado.
Avella señala que el beneficio económico representa un monto mensual que supera los 19 millones de pesos y que, en su criterio, profundiza las brechas de desigualdad frente a la realidad económica de la mayoría de los colombianos. Además, advierte que la prima tiene un impacto negativo sobre las finanzas públicas en un contexto de restricciones fiscales y necesidades sociales insatisfechas.
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Según la senadora, aunque la norma que establece la prima contempla su carácter no retroactivo y su aplicación hasta julio de 2026, decidió renunciar de manera voluntaria y anticipada. En la carta, solicita que la decisión sea aplicada desde el momento de la notificación y que se adelanten los trámites administrativos correspondientes para hacerla efectiva.
El anuncio se produce en medio de un debate más amplio sobre los salarios y beneficios de los congresistas, tema recurrente en la agenda pública y que suele reactivarse cada inicio de año. Distintos sectores sociales y políticos han cuestionado históricamente los ingresos de los legisladores, en contraste con el salario mínimo y las condiciones económicas de amplios sectores de la población.
La postura de Avella ha sido interpretada por algunos como un gesto político coherente con los discursos de austeridad y justicia social promovidos por sectores del oficialismo, mientras que otros usuarios en redes han planteado que el debate debería abordarse mediante reformas estructurales y no solo a través de decisiones individuales.
Hasta el momento, no se ha informado de una posición oficial del Senado frente a la renuncia anunciada ni de eventuales pronunciamientos de otros congresistas sobre la prima especial. Sin embargo, el mensaje de la senadora reavivó la discusión sobre la pertinencia de mantener este tipo de beneficios en el Legislativo.
La renuncia individual no modifica por sí sola el marco normativo vigente, pero sí introduce un elemento político en la discusión pública sobre el uso de los recursos del Estado y la coherencia entre los ingresos de los funcionarios de alto nivel y la situación fiscal del país.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate entre legalidad y legitimidad de los beneficios salariales en el Congreso, un tema que, más allá de decisiones personales, continúa pendiente de definiciones de fondo en el escenario legislativo colombiano.
