La Senadora comenta que el Proyecto de Ley mediante el cual se busca regular las áreas susceptibles a ser consideras como Zonas de Desarrollo Empresarial, tal y como está hoy, atenta claramente contra la planeación productiva del campo colombiano.
Una semana atrás se dio a conocer el Proyecto de Ley mediante el cual el Gobierno Nacional pretende entregar miles de hectáreas baldías a grandes multinacionales para un supuesto aumento de la productividad en el campo.
Desde el mismo momento de su presentación, el proyecto levantó ampolla, pues es un nuevo intento de promoción de una política para la concentración de la tierra. Por eso la senadora Aida Avella, envió una carta la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez, en la que señala las múltiples inconveniencias del proyecto presentado.
“Uno de los primeros aspectos a señalar corresponde a que el sentido de reglamentar las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) ha de estar inscrito en los propósitos de la Reforma Social Agraria contemplada en los principios orientadores de la Ley 160 de 1994 y el logro de cada una vez mayor justicia agraria con especial atención en una mayor equidad en la distribución de la tierra, atendiendo los fenómenos de concentración y fraccionamiento antieconómico de la propiedad rural”, señala la misiva en su primera parte.
Entre los diversos inconvenientes que resalta Avella está que el proyecto no aclara ni expresa los límites de las áreas consideradas ZDE ni mucho menos las extensiones máximas que puedan ser adjudicadas a las empresas. Más grave aún es que la iniciativa procura que la determinación de las ZDE quede a cargo de iniciativas particulares y privadas. El proyecto tampoco considera los requisitos para potenciales beneficiarios en virtud de las excepciones a los sujetos de reforma agraria.
El mantener el proyecto tal y como está, con las consideraciones anteriormente mencionadas, tendría consecuencias nefastas para el objetivo nacional de una reforma agraria integral.
Avella añade que el proyecto debería ser modificado apuntando a que debe ser el Estado, y no particulares, quien determine las áreas geográficas susceptibles de ZDE en ejercicio de la planeación productiva del campo colombiano. Agrega la carta que el proceso de establecimiento de las ZDE debe considerar su adjudicación con carácter oneroso, se han de excluir las áreas microfocalizadas en procesos de restitución de tierras, al igual que los predios inscritos en el registro único de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. También han de excluirse aquellos terrenos donde hay ocupación de familias campesinas y en donde haya solicitudes de adjudicación de tierras a sujetos de reforma agraria. Por último, estima la senadora que el proyecto ha de ser claro en los límites máximos y mínimos de hectáreas a ser delimitadas y más aún a ser adjudicadas.
