De mal en peor va la situación de la entidad, que ahora se encuentra en un proceso judicial que no permite que se haga efectiva la liquidación. Son 1,5 millones de afiliados en todo el país, que se encuentran en un limbo hasta que no se resuelva la controversia.
En Boyacá son 195.493 usuarios que se ven afectados y que no pueden acceder a servicios médicos. La controversia se generó a raíz de que dos jueces de Málaga – Santander, emitieron un fallo que suspendió el proceso de liquidación de la EPS. Importante resaltar que, mientras esta no se ejecute, los usuarios seguirán siendo responsabilidad de Comparta.
El fallo que se radicó, se fundamenta en que la liquidación estaría vulnerando los derechos de salud, vida, debido proceso, derecho de defensa y contradicción, igualdad, trabajo, derecho a la propiedad privada, al mínimo vital, a la libre asociación y seguridad jurídica.
“Los jueces Miguel Roberto López Prada y Marcela Higuera Peña, decretaron medida provisional de suspensión a la liquidación ordenada por la Supersalud a la EPS Comparta, que opera en 12 departamentos del país, atribución que le correspondería a un Tribunal Judicial”, según dice la Superintendencia de Salud.
Posteriormente la jueza del Juzgado Promiscuo de Familia de Málaga, Marcela Higuera, dejó sin efectos esa medida provisional en los casos de dos tutelantes, al reconocer que “por error involuntario y desconociendo la nueva norma atinente al reparto de tutela, como es el Decreto 333 del 6 abril del año 2021, este despacho mediante auto de fecha 03 de agosto del año en curso, resolvió avocar el conocimiento de la acción de tutela de la referencia”. Por ello, remitió las dos tutelas al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Se espera entonces que el otro juez haga lo mismo, pero hasta que no se tramite esto, no se continuará con el debido proceso.
Dentro de los municipios más afectados en el Departamento, se encuentra: Tunja: co 19.253 usuarios afiliados, Sogamoso: 14.442, Duitama: 12.331, Aquitania: 6.944, Samacá: 6.395, Villa de Leyva: 6.113, Ventaquemada: 6.026, Chita: 5.940, Cubará:4.897, y Paipa: 5.611. Los demás municipios tienen menos de 4.000 personas afiliadas a la EPS.
De acuerdo a la Superintendencia de Salud, este es el estado actual de la entidad:
De acuerdo con análisis a los indicadores de prestación de servicios, Comparta presentaba casos en donde los pacientes debían esperar más de un año y medio la entrega de medicamentos vitales.
Incluso se tiene evidencia de que, debido a su deterioro, murieron esperando la autorización de sus tratamientos o de procedimientos urgentes a pesar de contar con fallos de tutelas a favor.
La EPS llevaba cinco años bajo medida de vigilancia especial, pero en vez de mejorar, empeoraba y las cifras de este deterioro progresivo lo evidencian:
Durante los últimos cuatro años Comparta acumuló 24.500 tutelas y fue notificada de 10.321 desacatos.
Sus indicadores financieros venían en picada y para abril de este año tenía deudas con su red de prestadores por $680 mil millones.
En el último año y medio, la Supersalud impuso multas contra su exrepresentante legal, Mónica Hernández, por $666 millones, como resultado del incumplimiento a las instrucciones impartidas y el no reporte de la información financiera.
