Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez
En las dos décadas del Siglo XXI, el retroceso del país en materia de derechos humanos y garantías para la vida con dignidad es aterrador. Fue provocado de manera planeada por el proyecto Nacional Uribista (NU) en los dos periodos de gobierno de Uribe y de Duque. Cualquier degradación padecida inclusive por países en guerra resulta menor, por el agravante de que aquí ocurrió en democracia y al final en medio de un pacto de paz calculadamente bloqueado. La barbarie y negación es homologable a crímenes de estado, de lesa humanidad, en razón una intencionalidad política e ideológica concreta del NU, orientada a destruir “enemigos”, exterminar a un grupo en armas y a sus bases, con la táctica de quitar el agua al pez basados en la doctrina del enemigo interno e imposibilitar, negar y violentar los derechos como cuerpo de conquistas humanas. La sistematicidad y reiteración de la negación evidencia que los resultados obtenidos en beneficio de sus intereses fueron positivos y sin duda los celebraron muchas veces, pero desastrosos para la nación. Las cifras de la negación invalidaron lo pensable en democracia y la atrocidad entro en terrenos de lo inimaginable para un estado moderno.
En el centro del programa de poder NU estuvo instalado el proyecto de “refundación de la patria” acogido por las élites y suscrito en su representación en 2001 por congresistas, gobernadores, alcaldes y paramilitares, como síntesis del bloque de poder dominante y hasta hace pocos días en el gobierno. El objetivo de “refundar la patria”, “su patria”, la de élites, era promover un nuevo contrato social, en con el que se comprometían realinear los fines del estado alrededor de “su modelo de estado” (comunitario como lo propuso Uribe, en símil Nazi), lo cual implicaba “destituir la constitución de 1991” y defender para “su estado” la independencia nacional, la integridad territorial y asegurarse de que el derecho a la propiedad, “su propiedad”, los mantuviera unidos, como en el feudalismo. La propiedad aludida es la gran propiedad obtenida por despojo, herencias y relaciones de explotación.
Dicha propiedad no trata de los bienes de la nación, ni de la riqueza producida por el trabajo, así lo han defendido con retórica colonialista desde el congreso, las instituciones y los partidos tradicionales. El NU entre líneas y editoriales con micrófonos abiertos y disponibles le hablan a sus seguidores “anónimos” dispuestos a ejercer la violencia criminal creyendo que así defienden la patria, la de “ellos” y sostienen la democracia, como lo había sentenciado el general Plazas mientras ordenaba incendiar el holocausto y ejecutar las desapariciones forzadas del palacio de justicia en 1986, cuando respondía a un periodista “¡¡¡Aquí defendiendo la democracia maestro¡¡¡”
Uribe, líder del NU instaló una impecable arquitectura retórica y práctica del programa fascista con la política de “seguridad democrática” que le permitió poner al estado y a las instituciones al servicio de su partido, mientras aplicaba la cooptación o sometimiento de la sociedad, ONG, organizaciones, comunidades y grupos políticos, lo cual le permitía dar los pasos legítimos requeridos para profundizar en el objetivo de hacer derrotar dignidad y voluntad de lucha de las mayorías, sus movimientos sociales, e individualidades acosadas y así ahondar en la negación de derechos. La democracia participativa fue atacada con la formula del “estado comunitario” del estilo nazi, que no se esperaba que desde su vientre el inicial ejército de “robots asesinos” en que estaban convertidos los paramilitares cobrara vida propia como actor que anunciaba controlar el 35% del congreso. La traición posterior que recibieron sus 53 “jefes”, aunque fueron “indultados de sus delitos de lesa humanidad en Colombia” a cambio de una temporada de cárcel concertada con el gobierno de los Estados Unidos, puso el mojón que empezó la línea del derrumbe del NU sellado por la soberbia y pequeñez de Duque que quiso ser Duce y que para fortuna de la nación aportó a la derrota del NU.
La salida del gobierno del NU deja a mitad su programa, y heridas abiertas en su partido, los paramilitares de origen en las AUC se desmarcaron del proyecto de refundación y las fracturas internas aparecen entre quienes buscan la bendición del líder, subjudice y envejecido, para sucederlo, el bloque de militares en retiro tiene reducida audiencia y ve alejarse recelosos a “sus” soldados de patria. Terratenientes y banqueros acomodan fortunas y buscarán nichos en mercados posibles para sustituir algunas prácticas de tierra arrasada y usurpada, que irán a los archivos secretos de impunidad.
Corresponde ahora a las experiencias de reconciliación, no repetición y fortalecimiento de las políticas de la vida, la iniciativa de fortalecer los lazos de la nación olvidada, los nadies, excluidos, marginados, trabajadores, estudiantes, jóvenes, mujeres, viejos, para recorrer la ruta planteada del decálogo del presidente Petro y Francia. Corresponde a cada grupo, movimiento, persona, hacer conciencia de su papel en el cambio, pensar y hacer con sus ideas y prácticas parte de la nueva política de la vida, sin esperar retribución alguna, de ningún tipo, de ninguna especie. Tomarse como propio el decálogo anima a construir paulatinamente, con paciencia, sin exaltaciones, revanchas, ni desilusiones, las bases de un poder popular real, efectivo y eficaz. Una política de la vida, del amor, del vivir sabroso es producto de la entrega, la convicción ética y el cuidado propio y del otro humano.
El camino de la reconciliación está abierto y requiere restituir caminos de unidad, tender puentes para juntar a las dos Colombias separadas por las élites a lo largo de 200 años de dominación. Hay que regresar la dignidad a su lugar de origen en las luchas populares, desarmadas, por una nación con espacios posibles para la madre tierra y el planeta, conectar otra vez naturaleza y cultura y reforzar una educación coherente con el legado de la verdad, responsable del cuidado propio y de los otros, de profundas convicciones éticas, de tolerancia cero con a la corrupción, el clientelismo y el crimen y lograr el equilibrio en las agendas de luchas ancestrales y transversales de los tiempos modernos.
El cambio exige la promesa individual y colectiva de que la barbarie ya no pueda volver a ser aceptada como natural, como lo promovió el NU, ni tampoco puede ser aceptada la mentira, el engaño, la falsedad, ni la voz de los farsantes puede volver a entrar al alma de la gente para alimentar el odio. Es tiempo de cambio, es momento para recuperar a plenitud la constitución del 91, para que nadie nunca más use el miedo como su herramienta de horror, engaño, sometimiento y obediencia.
