La Fiscalía General de la Nación judicializó al abogado Juan Sebastián Ramírez García por presuntamente recibir contratos de la Alcaldía de Tunja y de la Empresa Constructora de Vivienda (Ecovivienda), como contraprestación por retirar una demanda de nulidad electoral que había interpuesto contra el actual alcalde del municipio.
De acuerdo con la Fiscalía, el abogado habría sido contactado a inicios de 2024 por integrantes de la administración municipal, quienes lo persuadieron de retirar la acción judicial a cambio de vinculación laboral con el gobierno local. Aunque uno de los contratos no se ejecutó, se evidenció que Ramírez García firmó otro por más de 54 millones de pesos con Ecovivienda, pese a no tener experiencia técnica en el área.
El retiro formal de la demanda ocurrió el 2 de febrero de 2024, un día después de que se gestionara el contrato con la Alcaldía por 19,8 millones de pesos.
La Fiscalía imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de interviniente. Ramírez García no aceptó los cargos.
