Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías ya escuchó los argumentos de las partes y esta tarde dará a conocer si dicta medida de aseguramiento contra el Mandatario.
La audiencia en el proceso que se sigue contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por dos delitos fue suspendida de nuevo hace unos minutos y se fijó las 4 de la tarde la hora en la que el Juez II Penal Municipal de Control de Garantías dará a conocer su decisión sobre el caso.
Esta mañana se escucharon los argumentos de los defensores de la exgestora social y del Alcalde de Tunja y en la tarde el Juez dará a conocer si acoge la propuesta de la Fiscalía que pidió que el Alcalde sea cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
Tanto el alcalde Krasnov como la exgestora social Sara Catalina Pedraza y la Secretaria de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, son señaladas de realizar maniobras para contratar en Ecovivienda a un abogado que había presentado una demanda de nulidad electoral, con el fin de que la retirara.
Los delitos que se les imputa por parte de la Fiscalía son interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigos.
Dice la Fiscalía que Krasnov y las dos personas cercanas a su gobierno realizaron maniobras para que el abogado Juan Sebastián Ramírez García retirara una demanda que había sido presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y que para lograrlo lo contrataron el Ecovivienda, entidad adscrita a la administración municipal, en la que el Alcalde es el presidente de la Junta Directiva.
En las reuniones para convencer a Ramírez de que aceptara el contrato y de que retirara la demanda estuvieron presentes el Alcalde, su secretaria de Contratación, la entonces Gestora Social y el Gerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo, a quien terminaron presionando y amenazando para que no hablara.
La Fiscalía le imputó dos delitos al Alcalde y le solicitó al Juez medida de aseguramiento no privativa de la libertad en contra del Mandatario.
También pidió que no se le permita salir del país, que se le prohíba hablar y contactar al exgerente de Ecovivienda y que se le obligue a comparecer ante las instancias judiciales, porque ha demostrado gran capacidad para dilatar, para manipular pruebas y evadir sus responsabilidades.
