Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Mas de dos millones de personas presentaron la propuesta de conformar una Asamblea Nacional Constituyente en 1990, a la que luego el 86% de los electores dijeron que sí. El 9 de diciembre de 1990 fueron elegidos 70 constituyentes que tendrían el mandato de organizar la nueva constitución que abriera espacios a la democracia hasta ahora excluyente y controlada por los partidos liberal y conservador y dentro de estos por unas pocas familias, que se distribuían paritariamente el poder, a la vez que mantenían al país bajo estado de sitio permanente, a cuya sombra florecía la parapolítica y las fuerzas armadas renovaban su patente de impunidad. Masacres, desapariciones forzadas, torturas y degradación de la condición humana de adversarios, opositores, obreros, campesinos, indígenas y jóvenes estudiantes universitarios eran ya la más grave enfermedad política y social existente, a la que se juntaba la desigualdad y la arrogancia eterna e indolente de las elites.
Mayo de 1986 marcó la trágica tarde de crueldad padecida por la Universidad Nacional, que aún no conoce con exactitud las cifras de sus jóvenes muertos y desaparecidos por la fuerza letal del estado. Pasada la época de torturas en las caballerizas y el uso de camionetas negras sin placas para allanar, secuestrar y desaparecer en las madrugadas, vinieron las masacres que daban cuenta de la guerra sucia y de baja intensidad, guiada por la doctrina de la seguridad nacional, que fijaba la obsesión por encontrar enemigos comunistas en todos los rincones.
Nombres de sindicatos, de agrupaciones políticas, de movimientos estudiantiles y sociales y de pueblos humildes e inermes cayeron destrozados por la inmisericorde y criminal barbarie consentida, omitida o preparada desde el estado, organizada por funcionarios, políticos, empresarios y gobernantes. En las retinas y la memoria las imágenes y palabras de descalificación quedaban fijadas para extender el miedo. Cuerpos cortados, mutilados, destrozados vivos. Nombres como el de Segovia que en la noche del 11 de noviembre padeció ese horror cuando “varios paramilitares en conjunción con oficiales de la policía de Segovia y miembros del Ejército vestidos con prendas de la policía, arribaron al casco urbano en camionetas de alta gama y ocuparon en medio de la oscuridad y el silencio de la noche la plaza central de la ciudad y recorrieron a pie el pueblo con una lista y no pararon hasta que fusilaron a todos los que aparecían en ella”, quedaron 50 asesinados y decenas de heridos. Chigorodo, Honduras y La Negra en Antioquia y la mejor esquina, son apenas una mínima muestra de lo que era capaz la maquina criminal instalada para defender la democracia de sus elites, es decir su democracia de ellos incompleta y tergiversada, sus ideas y sus hechos incluidos los de barbarie, sobre cualquiera de sus enemigos.
De la mano de ese pasaje de horror de mediados de los años ochenta, que con la orientación de quitar influencia a las guerrillas y apoderarse de sus tierras, cobró vida la conciencia de los sectores populares y medios del país, que encontraron para ese momento la salida creando otra constitución. En las calles los paros cívicos y las protestas ininterrumpidas llevaron a juntar las agendas del movimiento social y político, algunas de las cuales coincidieron en la lucha con las de los grupos insurgentes, lo que fortaleció la capacidad para obligar al gobierno a abrir las puertas de la Asamblea Nacional Constituyente, que renovó los sueños de justicia, derechos, libertades y democracia.
Las elites rápidamente hicieron metamorfosis, se camuflaron en el vestíbulo que hacia transito de la vieja a la nueva constitución y se reinstalaron en el poder, aunque atrás quedaba el país entregado al sagrado corazón y a los prejuicios medievales sobre la vida, la debida obediencia, la sexualidad meramente procreativa, la negación de indígenas, afros y mujeres. Se abrió paso al estado social de derecho, como en 1789 parecían reinventarse los derechos humanos y asumir su prevalencia sobre las razones del estado que le permitían a los gobernantes la tenencia de poderes absolutos. A la vez que se abría paso a una democracia incluyente en lo político y al reconocimiento de grupos sociales y raciales olvidados, se creaban lazos de interdependencias a veces y autonomía otras, como la internacionalización del capital, la planeación participativa, y la conjugación del trípode de derechos, democracia y desarrollo, del que emergían con grandes expectativas la defensa del planeta, la autonomía de las universidades publicas, y las consultas previas.
Han pasado 30 años y es buen momento para adelantar la defensa del estado de derecho proclamado allí y seriamente lesionado con mayor sistematicidad por las actuaciones del partido en el poder que desde comienzos del siglo XXI ha convertido ese sueño colectivo en incertidumbres por el ataque a sus estructuras, tratando de traer de regreso la abominación a los derechos y las viejas ideas y costumbres permitidas por la constitución medieval de 1886 y de fondo hacer trizas al país eliminando la democracia real y acercar al país al absolutismo.
La mesa de gobernabilidad y paz del sistema universitario estatal SUE, del que participan las 32 universidades públicas del país, ha organizado una serie de eventos nacionales a través de programaciones en distintas universidades con el objetivo de hacer memoria para defender al estado de derecho, la verdad, la paz y la democracia real. Esta semana del 28 de junio al 1 de julio, corresponde el turno a las universidades Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Pedagógica Nacional (UPN) e Industrial de Santander (UIS), tendrán a cargo vía YouTube esta tarea, y junto a los exconstituyentes Otty Patiño y Aida Avella y otra decena de invitados tratan del espíritu constituyente, del estado de derecho y de la defensa necesaria de la constitución de 1991.
