A 23 años del histórico paro cívico en Tunja, llegó la hora de recuperar manejo del Acueducto

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Que a Pablo Cepeda no se le ocurra prorrogar la concesión horas antes de dejar el cargo, ni que a Fúneme se le vaya a ocurrir empezar a negociar a espaldas de la ciudadanía, tal como muchos temen  

El 16 de diciembre de 1996, por única vez en los casi 60 años de la celebración del Aguinaldo Boyacense la ceremonia y los actos del primer día no se pudieron realizar dado que la ciudadanía llevó a cabo el más participativo y sentido paro cívico de que se tenga memoria, para protestar por la decisión de Manuel Arias, entonces alcalde, quien acababa de entregar el manejo de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Tunja, a una firma privada, de la cual nadie ha sabido, al día de hoy, quién o quiénes  realmente la integraron y, mucho menos, si esos socios y esa empresa invirtieron un  solo peso de lo que supuestamente se comprometían para mejorar las condiciones del servicio del suministro de agua para la ciudad.

Lo único cierto es que hoy, 23 años después, los argumentos por los que se entregó la empresa en concesión, que eran que había que conseguir recursos para identificar una nueva fuente de agua superficial, hacer la conducción desde la misma, la construcción de una nueva planta de tratamiento, nadada de eso se ha cumplido; en otras palabras, se entregó el servicio a un concesionario bajo el argumento de que no había oferta suficiente de agua, pero a esta fecha no se ha adicionado un solo litro más de los existentes de 1996, lo cual se ve ahora como el más grande engaño a la ciudadanía tunjana, engaño que han refrendado todos los alcaldes hasta el día de hoy.    

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Este 16 de diciembre de 2019, 23 años después, la ciudad ha cambiado profundamente, con tres veces más suscriptores y las tarifas en su máxima expresión llevadas a las nubes. En medio de estas paradojas se celebra, en palabras de muchos, avances y retrocesos.

De los avances, la concesión demostró que la buena administración del recursos no solo garantizaba el abastecimiento durante dos décadas más, sino que se podía formar la empresa más rentable de la ciudad, costándole muy poco o nada al titular de la concesión.

En cambio, como evidente hecho de retroceso y perjuicio está el que no se le haya entregado a la ciudad una fuente alterna que asegure la sostenibilidad del suministro de agua para el crecimiento de la población de Tunja. Las inversiones más importantes realizadas durante la concesión le han correspondido, en su mayor parte, al municipio de Tunja, tal como lo demuestran las obras en sus sistemas de alcantarillado y mejoramiento de las redes de acueducto en términos de recuperación y expansión, las cuales han correspondido al municipio, no a la empresa, porque así quedó establecido en el contrato, sumando toda la línea gruesa de inversiones en materia de saneamiento básico que incluye la recuperación de cuencas como las de los ríos Jordán y la Vega y la disposición de aguas residuales en la llamada planta de tratamiento. Todas estas obras han sido financiadas con recursos públicos.

Recuerda uno de los actores protagonistas en su momento de la movilización, el dirigente social Pedro Pablo Salas, quien junto a otros dirigentes, coordinaron lo que fue dicho paro, que lo sucedido en 1996 fue una destrucción de la empresa pública -que era la moda en la época- para propiciar su privatización como en efecto sucedió y como en su momento también presintieron las comunidades, el látigo serían las tarifas, tal cual está sucediendo.

Este debate está hoy tan candente y presente como hace 23 años y se formula a través de la pregunta de los ciudadanos: ¿será Pablo Cepeda capaz de darnos la gran sorpresa, antes de irse, como ha sucedido con otras decisiones que se han tomado el último día del último año, de hacer la prórroga de los 15 años que le solicita Veolia, o estará en manos del alcalde entrante, Alejandro Fúneme, involucrar a los ciudadanos para que sean estos los que definan cuál va a ser el futuro del manejo del agua para la ciudad?

La disyuntiva hoy, en la conmemoración del paro cívico de 1996, está en si el modelo es volver al manejo público del servicio, o continuar con el gran negocio de excedentes astronómicos de ganancias privadas. En esa dualidad debe tomarse la futura decisión, lo que implica que si es en favor de la ciudad, la empresa debe volver a manos de lo público, con una ventaja, que existe un capital humano formado, cualificado, conocedor de la prestación y operación del servicio, todo lo cual, significa simplemente y llanamente un cambio de figura de propiedad para que sean los mismos trabajadores que han servido durante todo este tiempo al concesionario, los que ahora gestionen y administren el agua como un recurso público y vuelva a ser una empresa de servicios públicos con tarifas ajustadas a los niveles socioeconómicos de la ciudad.Recuerda Salas que hoy, como hace 23 años, son otras las turbulencias por las cuales Tunja se ha convertido en una de las ciudades con mayor movilidad social del país per-cápita. Esto es, hoy 23 años después, vuelve a movilizarse su población no solamente por defender derechos como el agua, sino por la defensa de la vida y por discusiones que están en el corazón de los hogares y de la sociedad colombiana, como son las políticas regresivas tributarias, el asesinato de líderes sociales, de niños, y el hallazgo de fosas comunes con más asesinatos ordenados contra jóvenes inocentes, los que motivan a que veteranos dirigentes que han hecho memoria en las movilizaciones de la ciudad hoy simbólicamente están invitando a un cacerolazo, no solo para conmemorar los 23 años del Paro Cívico, en rechazo a la privatización del acueducto, sino también para rechazar las nuevas políticas que se quieren imponer. La cita de la protesta de hoy será a las cinco de la tarde con la celebración de una novena que estará rodeada de cacerolas y demás formas actuales de expresión simbólica.

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