La Defensoría del Pueblo manifestó que el accionar de los grupos armados ilegales, tiene en riesgo a cerca de 380 municipios, de manera especial, a las poblaciones del suroccidente del país.
En reunión con el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la Casa de Nariño, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le manifestó su preocupación por la situación de riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en la que hoy se encuentran distintas regiones del territorio nacional.
“Le dimos a conocer el mapa de afectaciones a los derechos humanos frente al certamen electoral de octubre. En el curso de los próximos días, como Defensoría del Pueblo vamos a presentar la Alerta Temprana de riesgos electorales. Queremos mejorar la respuesta institucional a partir de las recomendaciones que formularemos en nuestro documento de advertencia. Nuestro propósito es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la fiesta democrática que se avecina”, expresó Carlos Camargo Assis.
Aseguró que el panorama a nivel nacional no es alentador en la actualidad: “Alrededor de 380 municipios se encuentran entre riesgo alto y riesgo extremo. Quiere ello decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos. Especialmente en el suroccidente del país, pues es una amplia zona que genera preocupación por la presencia de distintas estructuras armadas ilegales”.
Algunas facciones de las disidencias de las Farc, como el Estado Mayor Central (liderado por ‘Iván Mordisco’) y la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), entre otros, son los grupos al margen de la ley que hoy hacen presencia y tienen injerencia en 392 municipios de 24 departamentos.
En la socialización que Camargo Assis le hizo al presidente de los colombianos durante el encuentro, indicó cómo coincidieron en que en el desarrollo del cese al fuego bilateral lo más importante es que la población civil no vaya a resultar afectada por algún hecho que pueda violentar la interrupción temporal acordada del conflicto armado interno, bajo ninguna circunstancia.
“Es imperativo que haya un cese inmediato de cualquier afectación a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones en todo el territorio colombiano. Cuando hablamos de cese inmediato, estamos hablando de un proceso de descontaminación; es decir, que se evite la instalación de artefactos o de minas antipersonal sembradas en algunas regiones. Pero también le manifestamos otro hechos que generan preocupación”, afirmó el Defensor del Pueblo.
Dejó claro que también le manifestó la necesidad de un cese inmediato de las extorsiones, de los homicidios selectivos, así como también del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
*Con información Defensoría
