Desde hace unos años el Gobierno Nacional ha emprendido una campaña para formalizar y legalizar toda actividad minera. Sin embargo, la falta de coherencia en una política pública, que estandarice la actividad de cada uno de los sectores mineros, no ha permitido que este objetivo se concrete. Hoy las condiciones y garantías para quienes se dedican a la minería no son suficientes; aunque todos los sectores mineros se ven fuertemente afectados, la minería de subsistencia es la que quizás más sufra con los estándares exigidos por el Gobierno.
Hace 20 días, en Barragán, Quindío, se dio una reunión con los delegados de cada una de las organizaciones sociales que representan la actividad minera y todo lo que le rodea. El objetivo era claro, encaminar el actuar de un sector que ha encontrado un rechazo social por la forma en cómo se realiza su actividad. Las conclusiones de esta reunión fueron pocas: Gran parte de ese rechazo se debe a la falta de estructuración de una Política Pública Minera que propenda por el equilibrio en los intereses de quienes se dedican a esta actividad y en aquellos que la ven como algo perjudicial para el medio ambiente y la sociedad. La otra conclusión es que dicha política no ha avanzado nada en los últimos años.
“El caos de la minería nacional y el rechazo social empezó con la titulación errada de páramos que hizo el entonces presidente Uribe, y lo que se dio posteriormente en el gobierno Santos. Estos procesos muestran claramente que la política pública ha sido un completo fracaso porque no ha sido capaz de formalizar, en este que es el octavo año de formalización, ni a titulares mineros, ni a mineros tradicionales, ni a mineros de subsistencia; se viene de tumbo en tumbo haciendo decretos, cuando lo que se requiere es una reforma sustancial del código de minas, que obedezca a las realidades sociales de Colombia y que reglamente específicamente minerales como la esmeralda, que tienen un comportamiento atípico, el cual no se puede meter dentro de la misma bolsa con los otros minerales”, señaló Germán Suarez, presidente de Confedesmeraldas.
La forma en que se realizó la titulación tampoco ha sido la más adecuada, según comenta Suárez. “Se otorgaron nueve mil títulos mineros, de los cuales 900 fueron en páramos, zonas vedadas para minería. Esto generó un gran problema para el Gobierno Nacional porque estos titulares mineros pagaron cánones superficiarios costosos durante casi diez años, y hoy, con la actualización de la línea Humboldt, se les está diciendo que sus áreas, que eran por ejemplo de dos mil hectáreas, quedaron reducidas a 200”.
Y Boyacá no ha sido esquivo a estas problemáticas. “Aquí en Boyacá tenemos casos en todo lo que es el Páramo de Pisba, el Páramo de Tasco; la titulación que se hizo de la Sierra Nevada del Cocuy, la titulación que se hizo de la Laguna de Tota”, indica Germán Suárez.
El panorama para la minería de subsistencia, que en el caso de Boyacá se ve reflejada en la explotación de esmeraldas, tampoco es alentador. “Es muy grave la situación porque todos sabemos que alrededor de unas 65 mil personas dependen directamente del guaqueo de esmeraldas; del lavado de tierras en el occidente y oriente del departamento. Por analogía se logró, en la Segunda Mesa Nacional Minera, realizada en Medellín el año pasado, que los guaqueros de esmeraldas se inscribieran en las alcaldías, por analogía, como barequeros. Hasta ahora se han inscrito unos cinco mil, quedando por fuera unos 50 mil, y eso crea una carga administrativa y social muy alta para la administración pública, porque no se trata únicamente de formalizar la actividad minera, como es el caso del guaqueo, sino que también hay entrar a ver cómo es la formalización de los procesos de venta, y recordemos entonces que la esmeralda no tiene consumo nacional; la esmeralda, casi que en su totalidad, es para exportaciones. Es ahí donde el Gobierno Nacional comete un gran error y es confundir los mecanismos que tiene para formalizar la actividad, poniendo unos topes que salen de la nada”, comenta el Presidente de Confedesmeraldas.
La fijación de topes es uno de los principales puntos de disgusto para los mineros, principalmente los de esmeraldas en Boyacá al momento de realizar su formalización. “Creemos que tratar de meter esos topes al sector de producción de esmeraldas y de minerales en Colombia, quiere decir que hay una segregación y una discriminación con respecto a toda la dinámica económica del país; porque al país o a la DIAN no le importa si uno vende comida, si vende minerales o si vende ropa; lo que importa es la cantidad de ventas para que uno cambie del régimen simplificado al régimen común; y entonces, al meter un tope, por ejemplo de producción de esmeraldas, que queda entre 0 y 138 millones de pesos, ¿qué pasa con el saldo?, ¿por qué esa discriminación al esmeraldero? ¿por qué se da esa discriminación al vendedor de oro? Nos parece completamente errado que traten de meter unos topes de producción, cuando realmente hace que la persona en Colombia cambie de régimen es el volumen de ventas”, concluye Suárez.
