Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez
No hay elección directa de rector, si no designación, conforme al acuerdo vigente que de haberse querido modificar de verdad, hubiera requerido no menos de un semestre para trámite, antes de promulgar las reglas del proceso. En 2018, en asambleas de estamentos se discutieron iniciativas de crear colegiaturas, ponderar resultados y hasta eliminar capacidades de los consejeros entre otros, sin producir conclusiones. Las consultas (elecciones) no son vinculantes, pero definen a quienes pasan a la segunda y definitiva ronda en la que los 9 consejeros “designan”. Los candidatos ante la necesidad del voto se centran allí, restando sus mejores opciones para ahondar en sus propuestas. Lo peor del proceso ocurre cuando los esfuerzos se centren en “hacerle lobby” a los consejeros en busca de 5 votos a su favor en el consejo superior. La fórmula distorsionada en el proceso está en que cada consejero entrega su voto a discreción y nada lo obliga a colocarlo donde su estamento fue mayoría.
En campaña, sobran slogans, injurias, verdades a medias y catarsis para impactar electorados muchas veces con alta imprecisión y poca claridad, recreando mitos, prejuicios y mezclas de naturaleza política con oportunismos nada útiles a la institución. El rector o rectora tendrá que escoger entre la planta docente a la mitad de su staff y la otra mitad, si quiere, podrá traerla de afuera, a cargos administrativos, pero en todo caso la suma no pasa de 15 cargos. Los mandos medios son de planta, el 100% de los cargos académicos se definen mediante ternas elaboradas en cuerpos colegiados (comités y consejos) y tienen periodos fijos de 2 años, que no coinciden con el periodo rectoral: hablamos de 11 decanos/as, 11 directores/as de posgrados, 75 directores/as de pregrados, 60 coordinadores de maestrías y doctorados y 11 directores/as de centros de investigación y extensión, los docentes responden a convocatorias que conforman listas de elegibles a cargo de cada ´programa (acuerdos 021 de 1993 y 065 de 2017). Las cuestionadas OPS se generan por actividades y cronogramas para cumplir objetivos, en un aproximado 80% por extensión en alrededor de 300 convenios, el 10% va en proyectos de investigación y el 10% a completar actividades técnicas o asistenciales de oficinas, pero no son cargos, ni provisionalidades.
Financieramente la universidad no está en déficit y puede cubrir sus necesidades básicas de nómina, prácticas, bienestar. En 2023 recibirá un poco menos de 200.000 millones de pesos ya no del MEN, si no directamente del presupuesto nacional por no pertenecer al poder ejecutivo como se hacía creer, y habrá que gestionar y “producir” otros cerca de 200.000 millones que no se obtienen con la magia de alianzas universidad-empresa-estado o de “vender” más posgrados. El rector o rectora, recibirá una universidad instalada en los más altos lugares de reconocimiento de toda su historia y es evidente que se trata de acumulados que integran resultados. El aseguramiento de la calidad da cuenta de una universidad acreditada de alta calidad multicampus, en todas sus sedes por los próximos seis años y en los próximos días recibirá por primera vez Acreditación de alta calidad internacional multicampus, suscrito por la organización académica más importante de América latina (UDUAL). Quedan acreditadas de alta calidad internacional las ingenierías, las primeras cinco maestrías y más de 15 están en trámite final. El 100% de los programas de pregrado (75) tienen registro calificado al menos hasta 2025 y la mitad tiene acreditación de alta calidad. En sus dimensiones de docencia, investigación y extensión y procesos administrativos, la UPTC es efectivamente una de las mejores universidades del país y paulatinamente se posiciona a nivel internacional como resultado de su movilidad y visibilidad. Hay una media superior a 60 cupos permanentes de estudiantes en pasantía en el exterior y otro similar de extranjeros en sus programas, no menos de 300 docentes por año que la representan en el exterior. Una amplia inserción con congresos y eventos, tesis y productividad académica creciente que a la vez que visibiliza exige más recursos para salarios y bonificaciones. El 80% del profesorado recibe salarios por debajo de 8 millones y nadie supera 20 millones.
La reforma académica en implementación deberá completarse en 2024, y el principal logro entre adversidades y oposiciones, fue su construcción colectiva, que involucró a múltiples voces diversas, grupos e interesados que pasaron la barrera de la crítica sin propuesta a la discusión y elaboración conjunta por un amplio colectivo de docentes de múltiples formaciones académicas y modos de pensar la academia. Queda la oportunidad para fortalecer la formación social humanística, la interdisciplinariedad, la autonomía de los claustros y la libre elección por estudiantes de asignaturas y dobles titulaciones, a la par que vuelva la discusión por el ser docente y ser universitario.
La discrecionalidad del rector y las directivas es más mito que realidad. Toda regla en la universidad exige la participación efectiva de docentes y estudiantes y se fija con resoluciones y acuerdos que aprueban cuerpos colegiados, evitando la discrecionalidad rectoral y de sus directivas. Reformas a estatutos, programas, becas, inversiones, plantas de personal, concursos docentes, montos de contratación, sistema de contratación, viajes al exterior, no son asunto de decisión rectoral y debe ejecutar como mandato colectivo, un conjunto de políticas académicas, guiadas por mesas de trabajo para inclusión y diversidad, retención estudiantil, ambiente, aseguramiento de la calidad, biblioteca, investigación, posgrados (en aprobación) y regionalización entre otras y tiene el compromiso de contribuir a sostener y mejorar el mayor número de revistas indexadas del país y la destacada cantidad y calidad de grupos de investigación, docentes investigadores, semilleros y productos científicos.
Las inversiones se aprueban en cuerpos colegiados, el/la rector/a incide, pero no lo determina todo. Los campus representan una idea de universidad, muestran su historia y futuro y a estos hay que integrar 4 nuevas y robustas edificaciones (posgrados en Tunja, centro regional en Duitama y en vinculación en los territorios Aguazul y Puerto Boyacá y en trámite Garagoa y Soata), mas 22 Cread en todo el país y convenios de articulación, 150 laboratorios, equipamientos, granjas de experimentación y clínicas (extensión), más bibliotecas presencial y digital, salas de patrimonio, infantil, cine y cómputo, y uno de los más completos sistemas de bienestar, único en el conjunto de universidades del país, con una media de 5000 servicios diarios de restaurante para estudiantes, residencias universitarias, acompañamientos psicosociales, culturales y deportivos, organismo propio de salud (Unisalud) y una sólida política de becas en espera de ajustes y reformas.
No todo funciona de maravilla, pero tampoco todo es un desastre. Hay problemas y carencias colectivas e individuales, falta capacidad instalada y renovación de sus plataformas y sistemas digitales, mayor atención a infraestructuras, faltan auditorios, ampliación de bibliotecas, edificios para docentes y estudiantes, mejoramiento de la estética y del espacio público y mucho más, para que sus estructuras, cultura y prácticas sociales, garanticen bien-estar y sean garantía de respeto por la dignidad de cada ser humano que la habita y para alcanzar un nivel de tolerancia cero ante toda violencia verbal, física y simbólica, que destituya la temeridad, la injuria, la distorsión, la mentira, el engaño y el oportunismo que distorsionan la agenda universitaria. Lo que existe es producto de esfuerzos realizados por seres humanos comprometidos con la institución. Mas de 30.000 estudiantes, 550 docentes de planta, la mitad con títulos de doctor/a, cerca de 1000 docentes ocasionales en espera de formalización y mejora de garantías laborales y 1000 funcionarios en planta, mas sus casi 100.000 egresados son (somos), la universidad, hacen, (hacemos), la universidad.
No todo depende de la voluntad rectoral, como se parece presentarse en elecciones. La dinámica de grupos, estudiantes, claustros docentes, consejos y cuerpos colegiados no dependen de una orden rectoral. De ahí la necesidad de sostener la confianza entre estamentos, para que prime la mejor disposición colectiva para impulsar, motivar y ahondar el carácter público de la institución y acercarla cada vez mas a la sociedad, a sus problemas y demandas, en desarrollo de su misión formadora en profesiones y ciudadanías y de su visión transformadora de condiciones sociales y culturales en beneficio del bienestar y la defensa de la dignidad humana. Ocuparán lugar central en la agenda rectoral los asuntos de géneros, en plural; la atención a consumos y asuntos de salud pública y; la búsqueda incesante de recursos financieros, y se hace necesario aprovechar las oportunidades para generar compromisos colectivos como institución con la paz total, la construcción de una política pública de educación superior y acoger con prontitud las reformas en curso al decreto 1330 de 2020 y derogatorias de resoluciones y resultados de aprendizaje, entre otros. Bienvenido/a rector o rectora y que ojala nadie se haga a un lado ni evite el compromiso de construir en colectivo. La universidad es más que la suma de partes y fragmentos y exige integración, respeto, diferencias y dejar gobernar.
