Por iniciativa de Wilson Alexander Calderón Roa, y con el respaldo de la representante electa Ingrid Sogamoso y su familia, se interpuso acción popular donde se solicita reivindicar el derecho de las comunidades cercanas a la central hidroeléctrica de chivor, de retribuir el 10% de la venta de esta hidroeléctrica en 1996, para invertir en proyectos de desarrollo de la zona de influencia.
Para eso, el 5 de junio de 2011 se interpuso acción popular contra la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación- Ministerio de Minas y Energía e ISAGÉN S.A. E.S.P., para que se protegieran los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, violados, a su juicio, por la enajenación de la Central Hidroeléctrica Chivor, sin el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995:
El 10% del producto neto de la enajenación de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, con exclusión de las correspondientes a las entidades financieras, se invertirá, por parte del Gobierno, en la ejecución de proyectos de desarrollo regional en la misma entidad territorial, departamental o distrital en la cual esté ubicada la actividad principal de la empresa cuyas acciones se enajenen.
Es así, como a través de fallo en segunda instancia se ordena a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público que incluya en el presupuesto general de la Nación, para la próxima vigencia fiscal, una partida presupuestal equivalente a $138.236.513.444,3493, destinada a la realización efectiva de proyectos de inversión de desarrollo en los municipios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, y Sutatenza, del Departamento de Boyacá y Ubalá, del Departamento de Cundinamarca. Dichos proyectos no necesariamente deberán beneficiar a tales municipios en idéntica y matemática proporción, sino en consideración razonada de la importancia de la Central Hidroeléctrica de Chivor en cada uno de ellos, debido, entre otros aspectos, a la extensión de la empresa en el territorio de cada municipio y al impacto de la misma en la vida local.
Así mismo, se ordenó la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de esta sentencia. Dicho comité estará integrado por el accionante, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante de la Procuraduría General de la Nación, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante del Departamento de Boyacá y un representante de los municipios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, y Sutatenza, del Departamento de Boyacá y Ubalá, del Departamento de Cundinamarca.
“Es un fallo histórico que reivindica los derechos de las comunidades y la posibilidad de desarrollar proyectos de alto impacto que beneficien a la región, por eso, hacemos un llamado respetuoso a los alcaldes para que inviertan de manera oportuna y eficaz estos recursos. Me pongo a disposición de ustedes para apoyarlos desde el Congreso de la República, aquí estoy como su servidora y defensora de las comunidades” manifestó Ingrid Sogamoso, Representante electa por Boyacá.
