Para Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, Sutatenza y Ubala (Cundinamarca) es como si se hubieran ganado la Lotería.
Un fallo del Consejo de Estado, que le ordena a la Nación destinar 138.000 millones de pesos con destino a obras prioritarias de varios municipios del Valle de Tenza, ubicados en la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica de Chivor, tiene a los habitantes bailando en una pata.
Aunque no es la panacea, la cifra es tan significativa que muchas veces sus alcaldes hacen trámites durante años para conseguir partidas de 300 o 400 millones de pesos.
Pues según el Consejo de Estado, la Nación debe invertir los $138 mil millones en proyectos de inversión en los municipios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, Sutatenza y Ubalá (Cundinamarca).
Esos recursos hacen parte de la participación que a esos municipios les correspondía por la venta de la Central Hidroeléctrica de Chivor, realizada hace 26 años.
Luis Ernesto Arciniegas, expresidente y magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, señaló que esa corporación ya se había pronunciado sobre una acción popular que protegía los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad y que ahora el Consejo de Estado confirmó que los derechos de esas comunidades fueron efectivamente vulnerados por el Ministerio de Hacienda.
“Dichos proyectos no necesariamente deberán beneficiar a tales municipios en idéntica y matemática proporción, sino en consideración razonada de la importancia de la Central Hidroeléctrica de Chivor en cada uno de ellos, debido, entre otros aspectos, a la extensión de la empresa en el territorio de cada municipio y al impacto de la misma en la vida local”, se lee en el resuelve del fallo de 36 páginas.
En el 2011 Wilson Alexander Calderón Roa, en ejercicio de la acción popular, prevista en el artículo 88 de la Constitución, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Ministerio de Minas y Energía e Isagén S.A. E.S.P. para que se protegieran los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, violados, a su juicio, por la enajenación de la Central Hidroeléctrica Chivor, sin el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995.
La acción solicitó que se declarara que la enajenación de la Central Hidroeléctrica de Chivor, de propiedad de Isagén E.S.P., constituyó una privatización de la propiedad estatal y, por lo tanto, el 10 por ciento del valor de la venta debió invertirse en proyectos de desarrollo de la zona de influencia de la hidroeléctrica.
El Tribunal de primera instancia vinculó al Invías, al Departamento Nacional de Planeación, al departamento de Boyacá y a los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María, Macanal, Almeida, Chivor, Guateque y Garagoa, Ubalá, Somondoco, Sutatenza y Miraflores como terceros interesados.
Y fallo del pasado 4 de julio, firmado por los magistrados Fredy Ibarra y Alberto Montaña, con salvamento de voto de Martín Bermúdez, decidieron confirmar parcialmente la Sentencia de del 8 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró la violación de los derechos o intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la protección del patrimonio público pero, únicamente, en lo que respecta a la vulneración del derecho o interés colectivo a la defensa del patrimonio público.
En la parte resolutiva la sentencia señala “Declarar que el derecho o interés a la defensa del patrimonio público fue vulnerado por la omisión en la que incurrió la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995”, dice el documento de 36 páginas.
El Consejo de Estado ordenó la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia. Dicho comité deberá estar integrado por el accionante, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante de la Procuraduría General de la Nación, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante del departamento de Boyacá y un representante de los municipios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, y Sutatenza, del Departamento de Boyacá y Ubalá, del Departamento de Cundinamarca.
Además dispone que la definición de las inversiones de desarrollo en la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica de Chivor, conformada por los municipios indicados deberán ser coordinadas con los municipios beneficiarios, mediante la intermediación institucional del departamento de Boyacá, en virtud de su función constitucional de coordinación intermunicipal y de intermediación entre la Nación y las entidades territoriales.
Y finalmente condena “a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – al pago de las costas procesales.
A partir de ahora son los alcaldes los que deben determinar en qué proyectos se deben invertir esos recursos y las comunidades deben vigilar que no los dilapiden o se pierdan, como ya ha ocurrido en el pasado.
El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán indicó sobre el tema que espera ser el puente entre la Nación y los municipios, tal como ordena el fallo del Consejo de Estado, para acompañarlos a definir sus prioridades.
“En los próximos días coordinaremos mesas de trabajo con los municipios para lograr inversiones efectivas”, escribió el Gobernador.
Ojala gran parte de ese dinero, sea UTILIZADO en la PAVIMENTACIÓN de la carretera entre Tunja y Garagoa…YA QUE NI LOS «GOBERNADORES» AMAYA NI MUCHO MENOS BARRAGAN, NO HAN HECHO ABSOLUTAMENTE NADA POR MEJORAR ESTA VIA TAN IMPORTANTE DE BOYACÁ.