Por | Jacinto Pineda Jiménez, docente ESAP
Urge un Congreso que no promueva el privilegio, donde florece la desigualdad y la pobreza, sino que marche a la equidad, bajo la ética pública. La crisis social implica ampliar la protección social y caminar hacia la convergencia territorial.
La agenda pública en el mediano plazo se moverá alrededor de la crisis social generada por la pandemia, independientemente de quien sea presidente. Pese a los crecimientos positivos económicos esperados, en medio de una alta incertidumbre, los efectos sociales y laborales son profundos y golpean a la población de manera desigual, lo cual conlleva a una crisis social prolongada, a la luz del Banco Mundial. Esta situación se verá agravada por los problemas estructurales de desigualdad, pobreza, informalidad y vulnerabilidad, que caracterizan el modelo de desarrollo colombiano y desde luego latinoamericano.
La encrucijada del congreso es que si bien el recetario pasa por el gasto público también debe pensar en los ingresos, en un país con una alta deuda pública. Bajo este escenario es urgente definir la ampliación de la protección social, para una Colombia con 21.021.564 de personas bajo la línea de pobreza. Garantizar las necesidades básicas de las familias pobres, en un panorama de inflación, pasa por debatir políticas públicas como la renta básica o profundizar las existentes. El congreso 2022-2026 tendrá la tarea de discutir las transferencias monetarias o en especie, que mitiguen el impacto negativo de la crisis en un país donde el problema es de hambre.
A la luz de las expectativas de los organismos multilaterales para el mediano plazo, la reactivación económica continuará, pero los indicadores socioeconómicos no lo harán de igual manera, por el contrario, la situación social tiende a agudizar, de manera desigual, la vulnerabilidad y la pobreza. Esto implica que un congreso con conciencia ética debe actuar con acciones concretas, a partir de sus competencias, sobre las poblaciones más afectadas, como las mujeres y los jóvenes, dentro de ellos los grupos más vulnerables. Es urgente evitar que en niños, niñas, adolescentes y jóvenes se continúen materializando condiciones de desigualdad; inequidades difíciles de revertir posteriormente, haciendo que ante nuestros ojos crezca la generación perdida de la pandemia. Gasto publico social el desafío, desde luego bajo el reto de la sostenibilidad fiscal.
Bienvenidas las distintas visiones de país, en un congreso que debe respirar menos odio y más democracia. La crisis social pasa por un debate de fondo, la desigualdad en la distribución del ingreso, uno de los pilares de la crisis. Desde las distintas posturas ideológicas, el congreso debe abrir un debate por una Colombia inclusiva e incluyente, que fundamentalmente ataque la “cultura del privilegio”, la cual fomenta la reproducción de la desigualdad, como lo señala la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). La concentración del ingreso deja a la mayoría de la población sin la posibilidad de potencializar sus sueños y lograr un mayor bienestar, además de generar un sentimiento de rabia que, en ocasiones, se traduce en malestar social, fuente de conflictos. Urge caminar hacia un congreso que no promueva el privilegio, sino que marche a la equidad, donde las diferencias ideológicas converjan en la ética.
El otro gran desafío, es la convergencia territorial, es decir cómo cerrar las brechas entre departamentos y municipios. La pobreza campea en municipios con famélicos presupuestos y baja capacidad institucional para atender las crecientes demandas ciudadanas. Los municipios, en especial de sexta categoría, en ocasiones se convierten en reproductores de la pobreza. Por ello apremia el debate sobre las transferencias de la nación a los municipios, es decir el sistema general de participaciones (SGP), cuyo escenario por esencia es el Congreso
Es importante señalar que estos recursos son la supervivencia para municipios sin ingresos propios u otros mecanismos de financiación. La discusión inicia por los principios orientadores, en especial los criterios de distribución, por ejemplo continua la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas; se premia a los más pobres o a quienes logran mayores resultados contra la pobreza. Se aumentarán los recursos a los municipios y en qué medida; seguirán siendo tratados los municipios como menores de edad, a quienes hay que nombrarles tutores para que les manejen los recursos; continuará la centralización del gasto público social. El debate es largo y necesario pues de estas transferencias depende la suerte de los municipios más pobres y por ende la de sus gentes.
Como nunca, la coyuntura y el mediano plazo exige del próximo congreso una gran sensibilidad social para no continuar profundizando la desigualdad, la inequidad, la pobreza, bajo un escenario donde un país condena a sus mayorías a la indignidad.
Excelente,.opinión muy certera .