Condenan a dos exalcaldes de Boyacá

Exalcalde de Caldas, José Rubiel Páez. Foto |Hisrael Garzonroa
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Los exalcaldes fueron condenados por delitos contra la administración pública.

La Fiscalía General de la Nación comunicó que bajo el liderazgo de fiscales adscritos a la Unidad Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Boyacá, logró que jueces de conocimiento condenaran a los exalcaldes de los municipios de Caldas y Sáchica, responsables de delitos contra la administración pública.

El primer caso se relaciona con José Rubiel Páez, alcalde de Caldas, para el periodo 2008-2011, quien fue condenado a 6 años y 3 meses. En primera instancia un juez de conocimiento de Chiquinquirá determinó la responsabilidad del exmandatario en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con falsedad ideológica en documento público. 

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La Fiscalía demostró que en diciembre de 2011 Páez contrató la remodelación de la estación de Policía del municipio usando una modalidad que no aplicaba por la cuantía y el objeto del contrato. Además, firmó las actas de recibo final y de liquidación del contrato sin que el mismo se hubiera ejecutado. 

El juez del caso libró orden de captura contra el hoy condenado para que cumpla la sentencia en establecimiento carcelario.  

El segundo caso cobija a Héctor Antonio Amado, exalcalde del municipio de Sáchica, y a su secretario de planeación Fabián Augusto Aconcha y a 3 contratistas.

Deberán purgar penas de 45 meses de prisión, cada uno. El tercer contratista fue sentenciado a 39 meses de cárcel.

La decisión judicial fue proferida por el Juzgado Cuarto Penal de Tunja tras la aceptación de cargos por los procesados. La Fiscalía imputó a los implicados los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, y falsedad ideológica en documento público. 

Las irregularidades investigadas se presentaron en la contratación para el mantenimiento de las vías veredales del municipio. La cuantía contratada fue de 120 millones de pesos y la interventoría por 6 millones de pesos. Estas sumas fueron canceladas sin que se ejecutarán las obras respectivas. 

El exmandatario presentó como soporte para el cobro de los recursos públicos actas, informes registros fotográficos y documentos falsos. 

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3 COMENTARIOS

  1. Creo que seria una buena noticia para el publico si en la sentencia se especifica que primero todos y cada uno de los sentenciados deben purgar carcel hasta tanto no devuelvan hasta el ultimo centavo desfalcado (por no decir robado) al erario publico. De lo contrario, seguiremos escuchando la misma noticia , dirigentes acusados de desangrar las arcas del erario publico y se les da unos anos de carcel con derecho a cumplir la mitad o menos de la tercera parte de la sentencia por buen comportamiento y al final quedan libres para disfrutar de lo que se han robado o defraudado.

  2. Eso es resultado de la corrupción arraigada de décadas atras y a veces no se cuenta la verdad o a medias, como fui victima de la corrupción hasta llegar a sacrificar la vida de mi querido padre año 2000, por el tema de corrupción que agobia siempre al municipio desgraciadamente y el fantasma de la corrupción persiste aún, nunca se va de alli, esto es un mal mayor ya.

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