De todas las desigualdades que vivimos en Colombia, la desigualdad en el acceso a la tierra es de las más preocupantes. Preocupa, no solo por su magnitud (somos de los tres países del mundo con la peor distribución de la tierra), sino también, por sus graves consecuencias: la desigualdad en el acceso a la tierra está estrechamente relacionada con varios de los problemas que afectan a nuestro país, incluyendo el conflicto armado, la pobreza rural, la concentración del poder político y el asesinato de líderes sociales. Hasta que no reduzcamos la desigualdad de la tierra, no vamos a poder resolver estos problemas.
Por eso, desde Re-imaginemos, un proyecto reflexiona sobre 30 diferentes formas de desigualdad en Colombia, estamos discutiendo sobre desigualdades y emprendimiento. El proyecto se basa en un diálogo entre más de 150 jóvenes académicos, activistas, artistas, entre otros diversos perfiles. Esta columna es el resultado del diálogo de saberes[1]# 25 de Re-imaginemos, en el cual participaron: Miguel Samper, ex director de la Agencia Nacional de Tierras; Cecilia Lozano, defensora de derechos humanos que trabaja por las mujeres y la restitución de tierras en el Meta; Allison Benson, economista y Doctora en Desarrollo Rural; Deysi Vanegas, emprendedora del café y beneficiara de restitución de tierras en Antioquia; y Juan David Marulanda, arquitecto pereirano interesado en temas sociales. Aquí compartimos las principales reflexiones de este diálogo.
Desigualdades profundas e históricas
En Colombia, el 0.1% de los predios, cubren el 60% del territorio[2] (es decir, existen una minoría de predios, y por tanto una minoría de dueños de estos predios, que son dueños de más de la mitad de todo el territorio nacional). Este nivel de concentración de la tierra no se ve ni en Ecuador, ni en Brasil, ni en prácticamente ningún otro lugar del mundo. Los dueños de esta minoría de fincas, que tienen más de 2.000 hectáreas cada una, son 19.000 personas. Son personas que gozan de enormes rentas de la tierra, pagan casi nada de impuestos, y muchas veces no tienen los predios produciendo. Al otro lado de la distribución, hay casi 10 millones de campesinos, prácticamente todos con menos de 5 hectáreas, en las cuáles, además, se produce la mayoría de los alimentos que consumimos los colombianos[3].
Las desigualdades en el acceso a la tierra son aún peores para las mujeres, no solo por prácticas tradicionales como el heredar a los hombres o asociar la tenencia de los predios al esposo, sino también por la falta de un enfoque diferencial en las políticas de tierras del Estado. Como lo muestran los datos del Censo Agropecuario, el 80% de las personas que trabajan sus predios, son hombres. Además, las mujeres que poseen predios, tienen predios que son en promedio, de la mitad del tamaño que los predios que poseen los hombres.
También existen fuertes barreras de acceso a la tierra para los pocos jóvenes que hoy en día quieren quedarse en el campo. Deysi, una de estas jóvenes, señala, por ejemplo, que los jóvenes que quieren reclamar las tierras que les fueron despojadas a sus padres, enfrentan un proceso complejo que puede tardar muchos años, y que mientras tanto, “las tierras terminan yéndose a las personas que saben mover las leyes y las influencias para adueñarse de ellas”.
Las desigualdades en el acceso a la tierra afectan no solo a las y los campesinos; nos afectan también a los colombianos como un todo. Prueba de ello es que la desigualdad en la tierra ha sido raíz y sustento de la guerra que ha desangrado al país. Igualmente, la desigualdad en el acceso a la tierra frena el desarrollo rural y territorial, y es una de las causas de los altos niveles de pobreza en el campo (de casi el 50% según cifras DANE) y del bajo aumento en la productividad del sector agropecuario (estancado hace varios años en menos del 1%[4]). Sin acceso a la tierra, los campesinos no pueden acceder a crédito y no pueden invertir en proyectos productivos a largo plazo. Similarmente, el Estado no puede invertir en predios informales. Así se mantiene un equilibrio indeseable de poco crecimiento, pobreza y violencia.
¿De dónde vienen estas desigualdades?
Las causas de la desigualdad en el acceso a la tierra son profundas y complejas. Algunas tienen que ver con raíces históricas desde cómo se configuró la tenencia de la tierra durante la época de la colonia, dividiendo el país entre latifundios y minifundios. También ha jugado un papel central el conflicto armado, que ha despojado a los campesinos de entre 5 y 6 millones de hectáreas, y que hoy, sigue matando a los líderes de tierras que reclaman sus derechos y los de sus comunidades.
La acumulación ha sido también posible gracias a la informalidad de la tierra y a la falta de claridad sobre quién es dueño de qué. Evidencia de ello es que más del 25% del territorio nacional no tiene información de catastro, y más de 700 municipios tienen el catastro desactualizado[5].
Además, la acumulación de tierras se ha sustentado a través de métodos tanto legales como ilegales. Como lo menciona Cecilia, “a los campesinos no solo nos saca de la tierra la guerra, nos sacan también la minería, los grandes proyectos, las multinacionales”. De hecho, se ha demostrado que la mayor concentración de la tierra está precisamente en zonas ganaderas y donde se explotan recursos naturales[6].
Otra explicación para la desigualdad en el acceso a la tierra es que Colombia no ha tenido nunca una reforma agraria real. Los intentos que ha habido (como la Ley 200 de 1936 o la Ley 135 de 1961) han sido rápidamente frenados por contrarreformas agrarias, que han sido posibles gracias la estrecha relación que existe entre el poder político y el poder de la tierra en nuestro país. En contraste con la innegable cercanía que existe entre grandes terratenientes y el poder político, los campesinos, a pesar de ser muchos, no han contado con mecanismos ni organizaciones lo suficientemente fuertes para reclamar sus derechos y para demandar mayor equidad en el acceso a la tierra. Como lo afirma Deysi “los campesinos hemos hablado con voz baja; somos muchos, pero no nos hacemos oír”.
La relación entre el poder político y la concentración de la tierra en Colombia se refleja también en la politización de la titulación de baldíos y en general, de las políticas de tierras. Un estudio publicado recientemente por Allison, demuestra, por ejemplo, que, durante los últimos 50 años, se han titulado sistemáticamente más predios baldíos durante años electorales[7], evidenciando cómo “la tierra se ha usado para acumular votos y acumular poder, y que no siempre se ha distribuido al campesino que la necesita trabajar”.
Otra razón detrás de las desigualdades de tierras ha sido la ineficiencia y la falta de voluntad del Estado para implementar las políticas. Esto se ve, por ejemplo, en los enormes retos que persisten en materia de restitución de tierras, donde de una meta de 3 millones, se han restituido solo 400.000 hectáreas en 10 años[8]. Otro ejemplo de la ineficiencia del Estado, han sido los escasos avances en la implementación de la Reforma Rural Integral (el punto 1 del Acuerdo de Paz). Al respecto, Cecilia señala que “los campesinos teníamos una expectativa grande, de que hubiera una reforma… pero realmente no ha llegado la inversión, no nos han cumplido”.
¿Qué hacer?
Una primera necesidad para reducir las desigualdades de tierras es entender que esto nos conviene a todos. No solo por las obvias razones morales, o por las claras implicaciones que esto tendría en reducir la violencia en el campo, sino también, porque se ha demostrado que la producción a pequeña escala puede llegar a ser muy eficiente (se produce de manera intensiva, se diversifica, y es menos vulnerable a enfermedades y afectaciones del clima)[9]. Esto conduciría al país a tener mayores niveles de crecimiento económico y a mejorar la seguridad alimentaria. Además, dedicar más predios pequeños a la producción de alimentos, y menos predios gigantes a la ganadería extensiva o la producción de biocombustibles, ayudaría a generar mayores ingresos para el campo (se estima que una hectárea de agricultura genera 12.5 veces más valor que una de ganadería[10]).
Para volver más equitativo el acceso a la tierra, es necesario también llenar los vacíos legislativos que existen, y, sobre todo, darle un enfoque territorial a la ley. Para ello, debemos entender qué es lo que necesita cada territorio, pues en temas de tierras tenemos 32 países en uno. Dentro de los aspectos legales que hay que cambiar, uno fundamental tiene que ver con los impuestos a la tierra, que en nuestro país son exageradamente bajos, permitiendo la concentración de predios. Como argumenta Miguel, “la acaparación de la tierra se hace porque se puede… cuando a mí no me cuesta nada mantener los lotes de engorde, porque no pago impuestos, porque puedo subirle el precio artificialmente, pues la gente sigue acumulando”. Las soluciones están a la mano: si se le sube la tasa de tributación efectiva al 1% a esos 19.000 predios grandes de los que hablamos al inicio, se podría tener un recaudo de $3 billones de pesos.
Las soluciones legales deben ir acompañadas del fortalecimiento de la representación política de los campesinos, del robustecimiento de sus organizaciones, y del apoyo a los liderazgos de mujeres y jóvenes campesinos. Todo esto, a la par que se garantice seguridad para los líderes de tierras, pues como lo dice Cecilia, nada de esto sirve si no nos aseguramos de “que no nos callen, de que no nos maten por hablar”. Ligado a esta discusión, como intervención artística, hicimos esta pieza reflejando el nudo de la tierra en el que estamos, y las desigualdades que este genera.
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Coautores: Allison Benson; Miguel Samper; Cecilia Lozano; Deysi Vanegas y Juan David Marulanda.
Editora: Camila Barrera
[1] Hemos adaptado la práctica de diálogo de saberes, común entre comunidades indígenas y afrodescendientes, como una herramienta metodológica que permite “reflexividad sobre procesos, acciones, historias y territorialidades que condicionan, potenciando u obstaculizando, el quehacer de personas, grupos o entidades”. Alfredo Ghiso (2000). Potenciando la diversidad: Diálogo de saberes, una práctica hermenéutica colectiva. Colombia Utopía Siglo. 21. 43-54.
[2] Datos Censo Agropecuario 2014
[3] Los pequeños productores producen el 70 % de los alimentos que consumimos en el país (UPRA y FAO, 2016).
[4] Arguello, Torres y Quintero (2014).
[5] Según las cifras del Conpes Catastro Multipropósito (Conpes 3859 del 2016)
[6] Así es la Colombia Rural. Semana. https://especiales.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
[7] Benson (2021). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X21001868
[8] https://www.elpais.com.co/politica/esto-es-lo-que-ha-pasado-con-la-restitucion-de-tierras-en-colombia.html
[9] Hernández et al. (2014).
[10] Así es la Colombia Rural. Semana. https://especiales.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
