Por | Zully Orozco – Economista e investigadora – Miembro del grupo de investigación CREPIB de la UPTC. Economista Liberal y apartidista
Si en realidad el Banco de la República está decidido a detener la inflación y a cumplir con sus mandatos constitucionales, deberá hacer un esfuerzo decisivo por dejar de monetizar la deuda del Gobierno. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el 5,2% de la emisión de bonos emitidos por el Estado, correspondientes a $20,38 billones, se financia de forma directa con la expansión de la oferta monetaria. Por esta razón, un Gobierno que busca seguir monetizando el déficit fiscal difícilmente actuará contra la inflación.
La autoridad monetaria y el Gobierno Nacional, insisten en atribuir como causas principales al fenómeno actual de la inflación la interrupción en las cadenas globales de suministro y el aumento en el precio internacional del gas y el petróleo. Sin embargo, esto no es verdad. Si bien en los últimos doce meses el precio del barril del petróleo Brent se ha recuperado en un 44,3%, el precio promedio no ha superado los 70 dólares por barril, las cotizaciones son poco superiores a las observadas antes de la pandemia. La falacia es confundir el precio del petróleo con los precios generales. Lo que estamos presenciando en la actualidad es un incremento rápido de todos los precios en el mercado.
Con la excusa de la crisis sanitaria, el gasto del Gobierno se ha incrementado considerablemente. Unido a los bajos tipos de interés, la situación configuró una perfecta tormenta inflacionaria.
Economistas como Milton Friedman y autores de la Escuela Austriaca de economía, han explicado que la causa de la inflación se debe a un incremento descontrolado de la cantidad de dinero en circulación. Ahora bien, si el crecimiento de la producción es capaz de absorber, al menos en su mayor parte, este incremento, la inflación no tendrá impacto. El problema se presenta cuando este incremento de la cantidad de dinero en circulación es muy superior al ritmo de crecimiento de la economía. En tal caso, se presenta una subida generalizada de todos los precios. Es así como en medio del confinamiento y el cierre general de la actividad, la persistencia en la expansión acelerada de liquidez por parte del Banco Central y los grandes estímulos fiscales acumularon presiones inflacionarias que se materializaron al momento en que se inició a flexibilizar las medidas de contingencia.
Es importante comprender, que el incremento en los precios no se produce de un día para otro, sino que es un proceso gradual de deterioro del poder adquisitivo de la moneda. Por esta razón, la expansión inicial de dinero por parte de la Banca Central durante el periodo prolongado de confinamiento tardó un tiempo en traducirse en inflación. Bien puede compararse a la expansión de la oferta de dinero con la adicción al alcohol, cuando se empiezan a beber las primeras copas, los efectos alucinógenos empiezan a aparecer generando una sensación de euforia, pero a medida que se prolonga el tiempo, surgen los efectos negativos. De la misma forma, acontece cuando las autoridades monetarias expanden masivamente la oferta de dinero, los primeros estímulos aumentan la demanda de bienes en sectores específicos de la economía, donde el dinero fluye primero, pero con el pasar de los meses, la rápida expansión del dinero termina destruyendo el poder adquisitivo de todos los sectores de la economía mediante la inflación.
Cuando se pone fin a los programas de recompra de activos y los Bancos Centrales deciden ajustar la tasa de interés al alza, sucede todo lo opuesto a lo que acontecería si se dejara de beber alcohol, surgen los primeros efectos de la abstinencia y después con el tiempo, terminan aconteciendo los buenos. Es por esta razón, que los Bancos tienen serios problemas para subir tasas, debido a que los sectores que más se benefician con la expansión de dinero barato, son los primeros en colapsar, conforme se reduce el efecto embriagante de los estímulos.
La solución para poder frenar el continuo incremento en los precios, que experimentamos actualmente, se logra únicamente en la medida en que el Banco de la República retire de la economía la excesiva cantidad de dinero suministrada durante la crisis, mediante operaciones de mercado abierto. Si esta es la salida, entonces ¿por qué tarda tanto en hacerlo? La respuesta es porque los Gobiernos son los mayores beneficiarios, al igual que se deteriora el valor de los ahorros con el aumento de los precios, el fenómeno también erosiona el valor de las deudas y ¿cuál ha sido la institución que más se ha endeudo durante esta crisis? El Gobierno, desde luego. Por medio de un breve periodo de aumento en los precios, se reduce el valor real de la deuda pública. Así mismo, la inflación constituye una importante fuente de recaudación tributaria para el Estado. Conforme se incrementan los precios, aumenta la recaudación de todos los impuestos que se ajustan automáticamente a la inflación, como el IVA y el impuesto a las sociedades. De esta manera, se amplía progresivamente la base tributaria del Estado.
Así, un Gobierno que proyecta en su Marco Fiscal de Mediano Plazo, un crecimiento de la deuda pública por encima del 60% del PIB durante los próximos tres años, difícilmente tendrá motivos para no querer inflación. No es una eventualidad que los responsables del excesivo gasto fiscal que provoca incrementos en los precios conforme se reactiva la economía, sean los únicos beneficiados al tener la mayor deuda. Históricamente los gobiernos han utilizado la inflación como un proceso silencioso de confiscación de la riqueza de los ciudadanos.
En el mismo orden, el hecho de que no existan incentivos para combatir la inflación, es por el posible efecto que las medidas anti-inflacionistas del Banco pueden tener sobre las primas de riesgo de los bonos soberanos y por consiguiente sobre el déficit fiscal. Con el propósito de mitigar los devastadores efectos de la crisis económica, el Gobierno Central elevó su deuda bruta del 49% en enero de 2019 al 63,5% del PIB en octubre del presente año. El endeudamiento ha alcanzado niveles históricos y la magnitud del déficit fiscal de orden entre 7% y 8% del PIB por cerca de dos años consecutivos, acumula una serie de vulnerabilidades que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal y la pérdida rotunda del grado de inversión.
Son justamente, estas las razones por las cuales el Banco teme ejecutar una drástica subida de la tasa de interés. Los tipos bajos han favorecido especialmente al Estado reduciendo el costo de la deuda pública. Así, un ajuste implicaría un incremento de las primas de riesgo soberanas (pago de intereses adicionales por servicio de deuda) que conduce a elevar el costo de deuda y profundizar en el déficit fiscal.
El Banco entonces, se enfrenta a una disyuntiva muy compleja que lo deja atrapado entre un riesgo inflacionario y un riesgo fiscal. Si opta por elevar la tasa de interés para evitar el aumento de la inflación, el Gobierno no lo toleraría, porque mantiene un elevado déficit y un incremento adicional de las primas de riesgo pondría en aprietos la sostenibilidad de la deuda. Por otra parte, si decide evitar la desvalorización de los bonos soberanos tomando la decisión de no elevar drásticamente la tasa, tendrá que asumir un mayor riesgo inflacionario. ¿Y por cuál decisión creen que optará? Sin duda, por seguir manteniendo las tasas de interés artificialmente bajas y continuar monetizando la deuda del Gobierno a costa de su objetivo de estabilizar los precios. Esto último demuestra la falta de dependencia del Banco de la Republica y su violación al mandato constitucional,
El argumento de estar combatiendo la inflación es una descomunal hipocresía y el Gobierno junto con el Banco de la República son los mayores artífices de esta hipocresía. Mientras el Gobierno tenga en mente seguir expandiendo masivamente el gasto fiscal durante los próximos años, necesitará de la emisión monetaria para seguir monetizando el déficit. Por lo demás, al Banco de la Republica se le dificultará el manejo de la política monetaria a causa de la alternativa a la que se enfrenta entre impedir un incremento del déficit del gobierno y al mismo tiempo mantener la inflación controlada.
Pero optar porque exista una mayor inflación, siempre traerá peores problemas para la economía. Puesto que el fenómeno deteriora el valor real de los ahorros en depósitos bancarios, genera incertidumbre y dificulta las decisiones de inversión en el corto plazo desincentivando el ahorro y la inversión futura, eleva el costo de vida empobreciendo a las clases sociales y dificulta la consolidación de la recuperación económica.
En definitiva, la pregunta que se debe formular hoy no es como evitar la inflación, sino si realmente existe voluntad para hacerlo. Porque por lo general, la cura de la enfermedad siempre se encuentra en la eliminación de la causa que la provoca y la cura de la inflación tiene que ver principalmente con que el Gobierno esté dispuesto a recortar los gastos presupuestales y reducir la emisión de deuda soberana, así como que el Banco de la República recuerde que su función no es cubrir los gastos del Estado, sino controlar la emisión de dinero y mantener la inflación baja y estable. Mientras esto no ocurra, continuará la inflación.
