Un candente debate entre la defensa y la Fiscalía se dio ayer en desarrollo de la audiencia en la cual se presentaron los recursos en contra de la decisión del Juez de Control de Garantías de Paipa que impuso medida de aseguramiento contra los jóvenes. Recurso será resuelto por un Juez Penal del Circuito de Duitama.
Los siete jóvenes que fueron capturados por los hechos violentos ocurridos durante el paro de abril, mayo y junio, así como sus familias ‘’siguen en vilo’.
Su situación no puede ser más angustiante porque ahora será un Juez Penal del Circuito de Duitama el que resuelva su situación y hay dos posibilidades: permanecer privados de la libertad en un centro carcelario, como ya lo había decidido el Juez con funciones de Control de Garantías de Paipa o ser dejados en libertad, para que enfrenten el juicio mientras disfrutan las fiestas de fin de año en compañía de sus familias.
En el caso de esta última alternativa, existe la posibilidad de que esa libertad contemple de todas maneras algunas restricciones.
Durante la audiencia de ayer, en la cual los tres abogados de los imputados sustentaron los recursos de apelación y de reposición contra la decisión del Juez de Control de Garantías se produjo una fuerte controversia contra la representante de la Fiscalía.
El abogado Pedro José Suárez Vacca, abogado de varios de los imputados, dijo que se plantearon diferencias sustanciales con la decisión del juez, en materia probatoria, argumentativa y de requisitos legales y constitucionales. “Esperamos sea despachado favorablemente a los intereses de nuestros jóvenes.
Seguimos en esta lucha jurídica, hasta la victoria siempre”, señaló Suárez, pero el asunto no parece tan fácil.
En su defensa de los jóvenes, Suárez Vacca dijo que no existe material probatorio y evidencias de que sus defendidos participaron en los hechos que se les atribuye por parte de la Fiscalía.
“Solo hay unas grabaciones, producidas como resultado de unas interceptaciones, pero no hay pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad de ellos en los hechos”, señaló Suárez, quien se refirió a lo que llamó ‘precariedad de los elementos que podrían indicar que, en efecto, los jóvenes procesados realmente participaron en actividades delictivas”. Insinuó Suárez Vacca, que algunos testimonios contra los jóvenes fueron conseguidos de unas entrevistas a un testigo, que seguramente hizo inculpaciones para obtener beneficios de la Fiscalía.
Enfatizó Suárez, como ya lo había hecho en las audiencias de la semana pasada, que estos jóvenes no son un peligro para la sociedad e insistió en que no hay pruebas contundentes que demuestren que fueron ellos los que participaron en hechos violentos contra un policía, en hechos ocurridos en Paipa; o contra el conductor de un tractocamión o en la toma de las instalaciones de la UPTC en Duitama.
“Y no son un peligro para la sociedad porque la propia Fiscalía dijo que sus supuestas acciones delictivas se cometieron hasta el 26 de junio y después de eso no ha ocurrido nada con ellos porque el paro se acabó”, indicó el abogado defensor.
“Estos jóvenes pudieron decir miles de cosas por teléfono contra los policías, pero esas amenazas de las que hablaron nunca se concretaron y fueron otros los que, encapuchados, atacaron a los agentes, pero no existen elementos contundentes que demuestren que son los mismos que fueron capturados”. “No se les pueden atribuir lo que hayan dicho sino lo que hayan hecho; como no se puede judicializar por lo que se piensa sino por lo que se actúa”.
Incluso Suárez Vacca cuestionó muchas apreciaciones del Juez de Control de Garantías y aseguró que hizo varias aseveraciones contra los imputados que no habían sido planteados por la Fiscalía. También indicó que fue exagerada la conclusión del Juez, según la cual los jóvenes han demostrado odio y desprecio contra los integrantes de la Policía.
Suárez Vacca alegó la presunción de inocencia que cobija a sus clientes y pidió que sea levantada la medida de aseguramiento. Los planteamientos de la defensa fueron refutados uno a uno por la Fiscalía. La Fiscal dijo que sí existen pruebas, testimonios y videos de que fueron estos jóvenes quienes protagonizaron los hechos en contra de la fuerza pública y contra bienes públicos y privados, ocurridos en Paipa, Duitama, Sogamoso, Tuta y Tunja.
Aseguró la Fiscal que los jóvenes imputados no solo planearon, sino que ejecutaron un plan para provocar y para causar confrontación con la fuerza pública. Aseguró la Fiscal que no es cierto que los jóvenes hayan dejado de actuar en junio, sino que varias de las grabaciones y pruebas que hay contra ellos fueron obtenidas en meses posteriores y dijo que si no hicieron más es porque sabían, como quedó evidenciado en grabaciones- que los organismos de inteligencia había hecho interceptaciones y que tenían grabaciones que los vinculaban a hechos delictivos.
Finalmente aseguró que la Fiscalía no ha estado actuando en contra de la protesta pacífica y que, por el contrario, lo que ha buscado es garantizar que quienes quieran salir a marchar y a protestar lo puedan hacer y que no resulten afectados por personas violentas que desvirtúan la lucha por los derechos y las reivindicaciones sociales.
“Protesta social sí, pero no así”, dijo la Fiscal.
