El Juez Segundo Penal Municipal de Paipa con funciones de Control de Garantías dijo que la medida se justifica porque es necesario proteger a la sociedad de quienes han actuado con un comportamiento desbordado, aislado de la Ley y de la Constitución, y que tienen vínculos con grupos delincuenciales.
Durante una audiencia que en la jornada de ayer duró más de 15 horas, que se extendió entre las ocho de la mañana y las 10:30 de la noche y que tuvo cerca de 500 seguidores, un Juez de Control de Garantías de Paipa decidió que los siete jóvenes sindicados de actos vandálicos durante el paro de mayo, junio y julio de este año quedarán cobijados con medida de aseguramiento.
Cinco de esos jóvenes permanecerán en establecimiento carcelario, mientras dos mujeres tendrán casa por cárcel, en consideración a que son madres cabeza de familia.
Los afectados con la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario son Julián David Barón Ávila, estudiante de comunicación social de la Universidad Externado de Colombia; Sandy Paola Camargo López, de 20 años, estudiante de Administración de Empresas de la Uptc sede Sogamoso, Sergio Andrés Forero Orjuela, estudiante en Licenciatura en Ciencias Sociales de la UPTC, Iván Hernando Ayala Díaz y Brayan Nicolás Romero Velandia.
Mientras tanto, con medida de aseguramiento pero en sus propia residencias estarán Brigitte Maritza Supelano López y Juliana Andrea Higuera Quintero.
En la parte resolutiva y cuando comenzó a explicar el sentido de su decisión final, el Juez se refirió a numerosas interceptaciones telefónicas hechas por las autoridades a los jóvenes, en las cuales queda en evidencia su actuar durante las jornadas del paro.
En esas conversaciones los jóvenes se refieren a bloqueo de vías, uso de artefactos, bombas Molotov y bombas incendiarias contra los policías, amenazas contra transportadores y propietarios de estaciones de gasolina de Paipa y Duitama y, en general, acciones en contra del patrimonio económico y la autoridad.
“Ustedes actuaron con desprecio hacia la autoridad, no buscando el bien colectivo sino la confrontación, la agresión”, le dijo el Juez a los jóvenes y señaló que durante los días de las protestas ellos usaron canecas, máscaras, botellas con gasolina para hacer bombas y utilizarlas contra la fuerza pública.
“Con la medida de aseguramiento –dijo el Juez- buscamos ponerle límite a ese actuar contrario a la ley y la Constitución; porque se han comportado de manera antisocial”, señaló.
Aseguró que una medida diferente o menor no cumpliría con el fin de proteger a la comunidad.
Durante la audiencia, el Juez llamó la atención sobre dos situaciones particulares que se presentaron con instituciones de Paipa.
En primer lugar se refirió a la secretaria de Gobierno municipal, Alejandra Pico, porque, según dijo, según las interceptaciones logradas, esa funcionaria, en un comportamiento contrario a las funciones que le asigna la ley, le daba la información a los jóvenes de dónde estaban la Policías para que ellos pudieran atacarlos. En otros momentos los jóvenes le pedían a la Secretaria que ordenara el cambio de lugar de los policías para que ellos pudieran actuar y provocar desórdenes.
Una sindicación parecida hizo contra el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Paipa, que es padre de uno de los jóvenes que se encuentran detenidos. Los Bomberos –según dijo el Juez- también les daban información a los jóvenes sobre los movimientos de la Policía.
De nada valieron los argumentos presentados por la defensa de los jóvenes que durante horas, con documentos y testimonios, intentaron demostrar que ellos tenían un reconocimiento social por las causas cívicas que lideraban o por sus labores altruistas.
Al final de la audiencia y cuando el Juez dio a conocer su decisión final, los abogados Pedro José Suárez Vacca, Helman Gómez Ibarra y Orlando Garavito anunciaron que presentan recursos de apelación ý de reposición en contra de la decisión del Juez.
Esos recursos tendrán que ser presentados y sustentados desde las ocho de la mañana de hoy.
