Se realizó ayer la audiencia de legalización de capturas e imputación de cargos, que es un asunto de trámite. Este miércoles 24 de noviembre habrá solicitud de medida de aseguramiento. El abogado de los jóvenes dice que espera conocer las pruebas que tiene la Fiscalía y debatir para que se les permita a los muchachos defenderse en libertad.
Hoy es un día muy importante dentro del proceso que adelanta la justicia contra los siete jóvenes que fueron capturados en Paipa y Sogamoso acusados de participar en hechos violentos ocurridos durante el Paro nacional registrado en el primer semestre de este año.
El abogado de los jóvenes, Pedro José Suárez Vacca, dijo que espera lograr que a los jóvenes se permita salir para que se defienda en libertad.
“Se llevaron a cabo las audiencias de legalización de las capturas e imputación de cargos, con ocasión de hechos sucedidos durante las protestas realizadas en el marco del paro nacional del primer semestre del año en curso”, señaló Suárez.
También dijo que las audiencias transcurrieron de manera tranquila, sin ninguna incidencia extraordinaria, pues se trata de diligencias más de trámite.
Sin embargo, este miércoles 24 se desarrollará la que, en su criterio, es la audiencia más importante, al menos en esta etapa procesal, pues es la de solicitud de medida de aseguramiento.
“Esperamos que de los elementos recaudados por esta defensa y un exhaustivo debate, logremos la pronta liberación de nuestro héroes de la lucha social”, indicó Suárez.
Piden que no se criminalice la protesta social
Ayer, desde las primeras horas de la mañana frente el comando de Policía en Tunja, un grupo de jóvenes de Derechos Humanos de Boyacá ofreció una rueda de prensa en la que rechazó la que denominó “persecución, criminalización y vulneración de los derechos de los líderes y lideresas sociales y ambientales” que fueron capturados en el 22 de noviembre del presente año.
Muchas personas que acompañaron el grupo de Derechos Humanos dijeron que conocen a los retenidos y aseguraron que se trata de una persecución política, como en el caso de Juliana Higuera, la única mujer activista de Paipa, a quien –según dijeron- desde el pasado paro la fuerza pública la ha hostigado y perseguido.
El grupo de Derechos humanos responsabilizo al Estado Colombiano y a las estancias y jurisdicciones que fueron conocedoras del proceso y dijeron que lo que se busca es separar a Juliana de sus funciones como activista, al mismo tiempo que la estigmatizan, la criminalizan y le violan sus derechos.
