Por | Edilberto Rodríguez Araújo- Profesor investigador, integrante del grupo OIKOS de la UPTC
Reforma y matrícula universitaria
A marchas forzadas se aprobó la reforma tributaria denominada eufemísticamente Ley de inversión social, y como la veintena de reformas tributarias implantadas desde 1990, ésta pretende ser estructural, siendo sólo un paliativo a viejos problemas. El artículo 27 de la Ley 2155 se refiere a la publicitada Matrícula Cero, bandera inicial de los movimientos estudiantiles e incorporada, oportunistamente, por el actual Gobierno, para apaciguar el malestar estudiantil.
Como es sabido, el acceso a la educación superior tiene barreras socioeconómicas que, principalmente, se concentran en los exagerados costos de la matrícula de la educación privada, que cierra las puertas a los más de 4,2 millones de jóvenes entre 17 y 21 años. Un efecto devastador de la pandemia fue el descenso de la cobertura entre 2019 y 2020, la cual cayó de 52,2 a 51,6 por ciento. Es decir, un poco más de 28.000 estudiantes de pregrado abandonaron las aulas universitarias.
Gratuidad y parafernalia gubernamental
Los programas de emergencia de apoyo económico (PAM y Fondo Solidario para la Educación (FSE) a la matrícula que se adoptaron desde el segundo semestre de 2020, buscaron mitigar la deserción y se focalizaron en los estratos 1 y 2 (más del 80 por ciento de la matrícula de pregrado). Sin embargo, dada la prolongación de la crisis sanitaria y económica, los aportes del Gobierno Nacional fueron insuficientes, obligando a las universidades públicas a buscar fuerte internas de financiación[1].
Ahora bien, el Gobierno con su acostumbrada parafernalia mediática anunció, desde mediados de año, que la Matrícula Cero se convertiría en “política pública”, siendo un ritornelo de la demagogia gubernamental, pues el año entrante se instalará un nuevo Gobierno y replanteará esta estrategia. En este texto, analizaremos no sólo sus intenciones, sino las dudas sobre su “modus operandi”.
Los interrogantes de la estrategia de gratuidad condicionada y la UPTC
1. La cartilla[1] que el ministerio de Educación Nacional hizo circular en el mes de julio fijó, a su arbitrio, una fecha, el 2 de noviembre, para el inicio de las actividades académicas de las instituciones de educación superior (IES), ignorando que el calendario académico lo fija autónomamente cada institución[2]. Es evidente, que esta fue una estratagema disuasiva para forzar el levantamiento de los paros declarados por los estudiantes de muchas universidades del país.
Para el caso de la UPTC, en comunicación dirigida al rector de la universidad y fechada el 13 de julio, el MEN expresa “(…) que los recursos de matrícula para dicho período académico de la UPTC, que según su comunicación iniciará a mediados del mes de noviembre, le serán girados oportunamente a la institución, conforme avance el calendario académico”, sin embargo, en la cartilla publicada posteriormente, plantea que “(…)la estrategia de matrícula Cero (…) financiará el período académico correspondiente al 2021-2 cuando dicho período inicie a más tardar el 1 de noviembre de 2021” (p.7). Lo anterior es contradicho, páginas más adelante, en que se puntualiza: “Para iniciar la fase de implementación, la IES deberá adelantar el proceso de matrícula académica y financiera correspondiente al segundo período académico del 2021 de acuerdo al calendario académico definido en cada institución (…)” (p.12).
Esta exigencia del MEN es contraria a la autonomía universitaria. El Consejo Académico de la UPTC se plegó a forzar el calendario, para cumplirle al ministerio -e iniciar el segundo semestre antes del 1 de noviembre-, pero incumpliéndole a los profesores. 2. La financiación de la Matrícula Cero para los cerca de 700.000 beneficiarios[3] provendrá de los aportes de la Nación, a través del Fondo Solidario para la Educación (FSE) y otros fondos, más los aportes que hagan las IES públicas y los gobiernos territoriales. Esta falacia de composición pretende hacer pasar gato por liebre. En su periplo de junio-julio el Gobierno comprometió a las administraciones departamentales y municipales, las que han contribuido con sumas muy exiguas[4], estableciendo condiciones de origen de los estudiantes beneficiarios. En la UPTC, los compromisos de los acuerdos de 2018 y otros recursos adicionales que bordean los $20.000 millones en 2021, se desvanecieron por el malabarismo contable de la Vicerrectoría Administrativa.
3. Los aportes reales del Gobierno Nacional a las 63 instituciones oficiales, aún no están definidos. Sólo se conoce un estimativo cercano a los $600.000 millones semestrales. El documento plantea una condición adicional: que los incrementos anuales en el valor de la matrícula no deben superar la inflación, olvidando la autonomía de las 32 universidades en la liquidación de la matrícula.
4. El costo de la matrícula estudiantil de pregrado en la UPTC para los estratos 1y 2 en el primer semestre de 2021 fue de alrededor de $15.000 millones, si se extendiera en el segundo semestre al estrato 3, resultaría una cifra global que supera los $20.500 millones[1]. De acuerdo con la reforma tributaria el Gobierno Nacional deberá cubrir la gratuidad plena de los tres estratos; no obstante, el aporte girado en agosto fue de $4.614 millones.
COLOFÓN: Ante las inciertas expectativas que afrontarán las 33 universidades públicas colombianas, es inevitable preguntarse, en relación con la UPTC: de ¿De dónde provendrá la financiación de la matrícula para los estratos 1, 2 y 3, si los ingresos por matrícula de pregrado, a duras penas alcanzan los $5.000 millones[2]¿Quién garantiza el desembolso de los $24.615 millones, por parte del ministerio de Educación en el segundo semestre de este año, los cuales fueron anunciados por la actual administración de la universidad?
[1] En el segundo semestre de 2020 en la UPTC se arbitraron recursos de diversas fuentes que permitieron garantizar la gratuidad parcial, beneficiando a 22.393 estudiantes de los estratos 1 y 2 (82 por ciento del total). Para el primer semestre de 2021 la reticencia de la Vicerrectoría Administrativa provocó una innecesaria parálisis académica, que, al final de cuentas, cubrió una proporción similar al año pasado: 82 por ciento, equivalente a 23.870 de los estudiantes de estos dos estratos. En el segundo semestre de 2021 se anticipa que serán 28.380 beneficiarios de los estratos 1, 2 y 3, que representará 97,4 por ciento de los 29.210 matriculados.
[1] MEN (2021). Gradualidad en la gratuidad en el acceso a la educación superior pública. Guía operativa para la implementación 2021-2, julio.
[2] En la UPTC, el Consejo Académico expidió el pasado 30 de septiembre, la Resolución 78, que modifica el calendario académico fijado en la Resolución 59 de 2021 y recorta el periodo de planeación institucional no presencial, el cual se reduciría de tres a dos semanas. Comenzar el segundo semestre el 28 de octubre es un arbitrario recorte y constituye una flagrante vulneración a un derecho adquirido hace más de dos décadas.
[3] Según cifras del SNIES del Ministerio de Educación en los programas del sistema de educación superior están matriculados 2,1 millones de jóvenes, de los cuales el 51 por ciento cursan sus estudios en las instituciones públicas y 29 por ciento en universidades.
[4] En el primer semestre de 2021 la Gobernación de Boyacá y tres municipios (Sogamoso, Chiquinquirá y Villa de Leyva) aportaron, solamente, alrededor de $2.350 millones.
