Está abierto el debate sobre el cobro de los peajes en Colombia, ¿son equitativos? ¿realmente han servido para modernizar la infraestructura vial, como ocurre en otros países? En el Congreso comenzó ese análisis y debate, pero parece muy difícil que se avance porque hay demasiados intereses en juego.
El representante a la Cámara por Boyacá Rodrigo Rojas Lara es uno de los autores y ponente de un proyecto de ley con el que se pretende ponerle freno a los abusos de los peajes en Colombia.
Aunque se trata de una iniciativa loable y de elemental justicia, es muy complicado que un proyecto de este tipo pueda avanzar y llegar a feliz término cuando se trata de uno de los grandes negocios del sistema financiero y de los principales grupos económicos del país.
También es difícil porque en ese negocio están metidas multinacionales extranjeras y porque gran parte de la construcción y el mantenimiento de las vías, así como en el recaudo de los peajes, fueron pactados con el Estado colombiano desde hace años.
Sin embargo, los autores del proyecto creen que es posible reglamentar el cobro de esos peajes y en ese objetivo hoy realizarán una audiencia pública, en la que se espera la presencia de autoridades regionales, la academia y representantes de la sociedad civil.
La audiencia se efectuará a partir de las 8 de la mañana y será transmitida por los canales digitales de la Cámara de Representantes y por Facebook Live de varios en las cuentas de varios de los parlamentarios que promueven el proyecto.
El proyecto de Ley que le pondría freno a los abusos de los peajes es el 602 de 2021, que ya recibió el primer debate en la Cámara de Representantes. Para reestructurar la política tarifaria de los peajes se modificarían la Ley 105 de 1993 y Ley 1508 de 2012, que es lo que se busca con este proyecto.
Entre los principales actores de la privatización de las carreteras en Colombia está el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, propietario de la firma a la que fue otorgada de la Concesión de la Vía al Llano, en donde se han caído puentes y permanentemente hay taponamientos de la vía, pero que sigue cobrando los peajes más caros del país.
Los australianos de Macquiare son los dueños de la concesión de la carretera Briceño-Tunja-Sogamoso, que hasta hace unos meses era de Solarte y Solarte. En un fin de semana, con tres peajes entre Bogotá, Tunja y Sogamoso, recaudan más de 4 mil millones de pesos y no han tenido recursos para solucionar un problema de falla geológica que se presenta entre Ventaquemada y Villa Pinzón.
La doble calzada Briceño Tunja- Tibasosa les reportó a Solarte y Solarte y ahora a los australianos de Macquire utilidades de muchos miles de millones de pesos.
Así son los negocios de los concesionarios y los propietarios de los grandes grupos que se han ganado las concesiones en el país tienen contactos y amigos en el Congreso, por lo que va a resultar muy complicado tomar medidas para ponerlos en cintura.
Como sea, el representante a la Cámara Rodrigo Rojas se muestra optimista de que el proyecto pueda convertirse en realidad.
Dice por ejemplo, que se espera reglamentar que dos peajes no estén a una distancia menor de 150 kilómetros de distancia, pero reconoce que en el caso de la carretera entre Briceño y Sogamoso eso va a resultar difícil, porque ya existe un contrato entre el Estado y el Concesionario.
Otro aspecto que contempla el proyecto es que el incremento en el precio de los peajes, año a año, no pueda ser mayor del incremento en el índice de Precios al Consumidor. En el último año en el país se presentó un caso en el que un peaje fue incrementado en el 60 por ciento.
Finalmente, dice Rojas que se espera establecer que por lo menos el 50 por ciento del recaudo de los peajes se destine para el mantenimiento de la vía concesionada y que eso no ha estado ocurriendo.
