El Secretario de Gobierno de Tunja, Vicente Aníbal Ojeda, se refiere a la decisión que se tomó de disponer de ese escenario deportivo como centro de reclusión transitorio y a las gestiones que se vienen realizando para trasladar a los internos a una cárcel de verdad.
A las dos de la tarde de ayer uno de los tres policías que vigilan a 30 reclusos estuvo acompañando la salida de uno de los internos que debía presentarse a una diligencia en un juzgado. En un descuido varios prisioneros atacaron al agente, lo redujeron, le quitaron las llaves de una de las puertas y escaparon.
La situación no ocurrió en la Cárcel Distrital ni en la Cárcel de Mediana Seguridad de Cómbita. El hecho se registró en el Coliseo Deportivo del Barrio San Antonio, que desde mediados del año pasado está siendo utilizado ‘de manera transitoria’ como cárcel municipal de Tunja.
Muy pocos entenderían por qué un escenario deportivo se utiliza como cárcel, lo cual es a todas luces insólito y solo puede pasar en Colombia, en Boyacá y en este caso en Tunja.
El secretario de Gobierno de Tunja, Vicente Aníbal Ojeda, a quien hace más de un año le tocó el ‘chicharrón’ de buscar un sitio para alojar a las personas privadas de la libertad y quien ahora ha estado tratando de buscar una cárcel para trasladar a esos detenidos habló con EL DIARIO sobre ese problema de la capital boyacense.
EL DIARIO: ¿Exactamente qué ocurrió ayer?
V.A.O: Algunas personas, que permanecen privadas de la libertad en el coliseo, escaparon, pero de inmediato se produjo la reacción de las autoridades y se logró su captura. Eran cinco personas que ahora deberán enfrentar cargos por fuga de presos, que es un delito contemplado como tal en el Código Penal.
EL DIARIO: ¿Nos quiere recordar, por favor, por qué un coliseo de deportes está siendo utilizado como prisión o cárcel?
V.A.O: Eso ocurrió desde el primer semestre del año anterior como consecuencia de un brote de COVID que se presentó en la Cárcel Distrital y como efecto de una resolución, unos decretos y un acto legislativo, lo que nos obligó a buscar un lugar para mantener a las personas privadas de la libertad, que todavía no están condenadas y que tienen pendiente la definición de su situación. Es una obligación legal de los municipios encargarse del sitio de reclusión de esas personas. La situación no fue tan grave en el primer semestre del 2020 porque por la pandemia todos estuvimos guardados y en las calles bajaron los índices de delitos. En junio y por el hecho de que en las cárceles Distrital o la de El Barne no nos recibían a los sindicados, buscamos la manera de encontrar un sitio de carácter público temporal para albergar a esos privados de la libertad. Y buscamos, primero, encontramos un sitio en el centro, cerca a la antigua Casa de las Hinojosa, en donde apenas cabían 14 personas; después que en el San Antonio, pero el piso estaba agrietado y no tenía las condiciones de sismoresistencia; después que en la salida a Villa de Leyva, pero no cumplía las exigencias de seguridad; revisamos y evaluamos otro lugar en Las Nieves, pero por debajo hay cárcavas y bóvedas de un sistema antiguo de alcantarillado; también una casa en el centro que había sido comprada para los vendedores informales, pero era una construcción muy vieja sin garantías de seguridad, en fin… La exigencia es que se debía cumplir unos requerimientos de uso de suelo, seguridad y que cumpliera normas de gestión de riesgo, pero no encontrábamos el lugar con el agravante de que cada día teníamos más presos. Al final nos encontramos con el Coliseo del Barrio San Antonio y nos dimos cuenta que el lugar en donde se ubican los camerinos nos brindaba esas condiciones que exige la ley para albergar a esas personas privadas de la libertad.
EL DIARIO: ¿Un coliseo para meter a las personas privadas de la libertad?
V.A.O: Solamente los camerinos; no se han utilizado ni el maderamen, ni las graderías, ni otros espacios de ese escenario.
EL DIARIO: Dicen que la permanencia de esos internos allá ha generado muchos daños en todo el escenario deportivo.
V.A.O: No es así, el coliseo sí ha tenido problemas, pero no por la presencia de las personas privadas de la libertad sino por los cambios que le han hecho desde que se comenzó a construir. Al coliseo le cambiaron la cubierta dos veces, una el alcalde Fernando Flórez y otra el alcalde Pablo Cepeda, y eso generó problemas de goteras. Adicionalmente, hay una rampa y el maderamen que han resultado afectados por los aguaceros que han caído en el sector. En una oportunidad se metió el agua y fue necesario levantar las tablas para evitar que se pudrieran con el agua, pero eso nada tiene que ver con las personas privadas de la libertad. También hay unos cielos rasos en drywall que se dañaron por efecto del agua, pero eso tampoco tiene que ver con los presos.
EL DIARIO. ¿Por qué ustedes o el municipio tiene que hacerse cargo de esos internos?
V.A.O: Es que el Inpec los podría recibir solo en el caso de que sean personas condenadas, no sindicadas. Los que están ahí son sindicados, personas a las que aún no se les ha definido su situación con la justicia. Hay una norma que indica que esas personas, muchas de las cuales han incurrido en contravenciones, tiene que estar privadas de la libertad a cargo de las entidades territoriales, eso es los departamentos y los municipios. Y todavía no tenemos a donde enviar a estos detenidos.
EL DIARIO: ¿De quién es la responsabilidad?
V.A.O: De las normas. El alcalde, Alejandro Fúneme, así como alcaldes de otras ciudades capitales están pidiendo la modificación de unas normas para que esta carga no les quede a los municipios. El problema aquí no es solo de Tunja sino de Duitama, Sogamoso y de todos los municipios. Y es un asunto también de la Gobernación de Boyacá.
EL DIARIO: ¿Cuántas personas privadas de la libertad hay en el Coliseo del barrio San Antonio?
V.A.O: En este momento, 30
EL DIARIO: ¿Qué han hecho ustedes para buscar una solución, para buscar un destino para esos internos, una cárcel de verdad?
V.A.O: Hemos hecho todas las gestiones desde que comenzó el problema; hemos recurrido a la Cárcel Distrital, que no recibe a estas personas porque no están condenadas; a la Cárcel de El Barne, que igual; al Director del Inpec, que nos está ayudando a buscar la solución; al Viceministro de Justicia, quien le hemos propuesta construir un centro, que ayudaríamos a cofinanciar, pero cualquier solución cuesta miles de millones y puede demorar.
EL DIARIO: ¿Qué delitos cometieron quienes están en el Coliseo del Barrio San Antonio, qué nivel de peligrosidad tienen?
V.A.O: Están ahí por homicidios, tráfico de estupefacientes y la mayoría por hurtos. Los que aceptan los cargos y son condenados los podemos trasladar; pero lo que no gozan del principio de oportunidad y pueden durar años mientras se les defina su situación. Mientras tanto, es el municipio el que debe encargarse de su lugar de permanencia, de su alimentación, de su seguridad…
EL DIARIO. Algunos vecinos del San Antonio se quejan de que la presencia de eso presos genera inseguridad en todo el sector.
V.A.O: Hemos hecho el estudio y el análisis y allí no se presentan ni hurtos ni situaciones complejas que puedan asociarse con las personas que permanecen privadas de la libertad.
