La Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud, Anthoc, calcula que en los hospitales de Tunja, Duitama y Sogamoso se quedarán sin trabajo más de 150 personas, entre médicos, enfermeras, terapistas y auxiliares. La situación para todo el sistema de salud se agrava por las deudas que la EPS Comparta tiene con los hospitales del departamento.
El sistema de salud sigue siendo ‘la Cenicienta’ en el funcionamiento del Estado colombiano
Durante los peores meses de COVID-19, desde marzo de 2020 hasta mediados de este año, el Gobierno y la sociedad se acordaron permanentemente de los hospitales y de los trabajadores de la salud y estos últimos fueron llamados héroes, pero cuando comienzan a bajar los índices de enfermos por el virus otra vez se desnudan las dificultades del sector.
El Estado no puede pagar empleados si no hay enfermos
Ahora resulta que con la disminución de los enfermos graves de COVID-19 los trabajadores que venían prestando esos servicios se están quedando sin trabajo porque ya no hay a quién atender y porque, aunque dicen que habrá nuevos picos del COVID, el Estado no puede pagar empleados si no hay enfermos.
Los damnificados son médicos, enfermeras, intensivistas, terapistas y auxiliares que ya comenzaron a perder sus empleos sin que haya quien los pueda ayudar.
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María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, capítulo de Boyacá, dijo que la situación se agrava por la millonaria deuda que dejó las EPS Comparta con la red pública de hospitales y que en Boyacá asciende a más de 120 mil millones de pesos.
“Ya se revisaron cuentas, se sacó lo que no tiene glosas y se hizo la conciliación, pero Comparta no le está pagando a los hospitales; de manera que esperamos el apoyo de los organismos de vigilancia, como la Procuraduría, para que ellos respondan porque es plata que ha salido de los hospitales por concepto de prestación de servicios”, dijo María del Carmen.
“Los maestros no tienen problemas porque siempre reciben el apoyo del Estado; la justicia no tiene dificultades porque el estado paga su funcionamiento y el sector salud tiene que facturar y esperar que las EPS paguen las cuentas, pero eso no ocurre en el caso de Comparta”, se quejó la dirigente sindical.
Agregó que el Gobierno venía pagando un auxilio por cama por atención de casos de COVID-19, pero que esos recursos ya no llegan porque, por ejemplo, en el Hospital de Sogamoso no hay un paciente en Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado 4 de agosto.
En Sogamoso hay ocho camas de cuidados intensivos y dos de cuidados intermedios y casi todas están desocupadas, de manera que es fácil concluir que por ahora no se necesita personal médico ni de enfermería para atención.
Se están quedando sin empleo unos 150 trabajadores
Dice Anthoc que se están quedando sin empleo unos 150 trabajadores, 130 en Tunja, 15 en Sogamoso y 10 en Duitama, pero la situación se puede extender a todos los hospitales que estaban prestando servicios de atención a enfermos de COVID-19.
Finalmente sostiene María del Carmen Sánchez que si surge una nueva ola de COVID-19, como la que se está anunciando para el último trimestre, tocará otra vez llamar al personal que hoy se está quedando sin trabajo.
Hablan los gerentes
Yamit Noé Hurtado, gerente del Hospital San Rafael de Tunja, el más grande de Boyacá y el único de cuarto nivel, señaló que se está haciendo un gran esfuerzo para no recortar la nómina que se ha tenido vinculada y que ha estado a cargo de la prestación de los servicios.
Anotó que a algunos profesionales y personal auxiliar se les acabó el contrato el 31 de agosto y no fue renovado.
Según Yamit Hurtado, una de las soluciones para mantener el personal y los niveles de atención es que las EPS paguen las obligaciones que tiene con la red pública de hospitales.
El personal que está siendo afectado por falta de recursos y de pacientes en Tunja es asistencial, de facturación y administrativo pero enfatiza el Gerente que se hace el máximo esfuerzo para no tener que desvincular gente.
Hurtado señala que, efectivamente, el propio Ministerio tiene previsto un nuevo pico de COVID-19 y que por eso es necesario que las EPS paguen las obligaciones que tienen con los hospitales.
Por su parte el médico Lifan Mauricio Camacho, gerente del Hospital de Duitama, dice que en esa institución la situación no es tan dramática porque hay una UCI que será cerrada por la empresa particular que la venía manejando pero que los servicios serán asumidos de manera directa por el Hospital.
En ese orden de ideas, el personal que se queda sin empleo es muy reducido y el objetivo de la administración es garantizar que se puedan prestar todos los servicios y que se pueda atender una nueva avalancha de enfermos de COVID-19 en el caso de que eso ocurra.
“La UCI sigue, pero tal vez por ahora vamos a necesitar menos gente”, dice Lifan Mauricio Camacho y agrega que “a nosotros no nos sobran médicos, ni enfermeras ni auxiliares”.
Por su parte Sheyla Fanory Caicedo Rincón, gerente del Hospital Regional de Sogamoso, recordó que para la prestación de los servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia del COVID-19 ese hospital realizó una expansión y habilitación transitoria de camas de cuidados intensivos y cuidados intermedios.
“Durante el periodo comprendido entre el mes de junio de 2020 al 30 de agosto de 2021, en la Unidad de Cuidado Intensivo transitoria demandaron servicios 152 pacientes diagnosticados con COVID-19, que requerían internación en dicha unidad. Para el funcionamiento y la habilitación temporal de la Unidad de Cuidado Intensivo habilitada transitoriamente para pacientes diagnosticados con COVID-19, el Hospital Regional de Sogamoso, en cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos en la Resolución 3100 de 2019 expedida por el Ministerio de Salud, adecuó la infraestructura, vinculó talento humano especializado con experiencia en UCI, adquirió equipos biomédicos, contrató el suministro de medicamentos e insumos médico quirúrgicos.
Sin embargo, advirtió que los costos integrales del funcionamiento de la Unidad de Cuidado Intensivo UCI transitoria del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, para pacientes diagnosticados con COVID-19 superan mensualmente la suma de 150 millones de pesos en promedio.
Y concluyó que la reducción de casos positivos de Covid-19 y como consecuencia la baja demanda en las Unidades de Cuidado Intensivo en el Territorio Nacional y en el Departamento de Boyacá, particularmente en ese hospital, genera que sea necesario racionalizar el gasto y hacer más eficientes los recursos económicos de la entidad.
Por esa razón se determinó, previa autorización de la Secretaría de Salud de Boyacá, suspender hasta nueva orden el funcionamiento de la Unidad de Cuidado Intensivo UCI para pacientes diagnosticados con COVID-19.
