La tragedia ocurrida en la jornada del martes en el municipio de Tópaga hizo salir a la luz, una vez más, la problemática que vive el departamento con el tema de la accidentalidad en actividades mineras. Hoy, al igual que en 2020, Boyacá es el departamento con más accidentes y nada hace pensar que eso vaya a cambiar en el corto o mediano plazo.
A esta altura del año el país ha superado los 100 fallecimientos relacionados con la actividad minera, y Boyacá ha aportado 27 de esos muertos. Han sido 33 accidentes mineros en lo corrido de 2021, sin que eso conlleve a un debate de fondo, en el que se establezca un mapa de ruta a seguir para contrarrestar dicho panorama.
“Este año, al igual que el año pasado, Boyacá va liderando el tema de accidentalidad minera. El año pasado registramos 45 (fallecidos), y este año, incluyendo los 12 de ayer, llevamos 27 accidentes mortales”, comentó, en diálogo con EL DIARIO, la secretaria de minas y energía del departamento, María Elena Ortiz Nova.
Comenta la Secretaria que desde su dependencia se prestan equipos, asistencia técnica, se hacen planes de mejora, pero la prevención de este tipo de situaciones va más allá de las facultades de la misma Secretaría de Minas y Energía. “Dependemos de un tema de articulación con el orden nacional, es lo que hemos venido pidiendo desde la Secretaría, desde la Gobernación.
Explica Ortiz Nova que el caso de Boyacá requiere de especial atención, pues la minería que se hace en el departamento no es a gran escala, sino más bien se trata de pequeña minería. Esto a su vez implica que en algunos municipios hay tantos proyectos mineros simultáneos, que es factible que a un alcalde se le salga de las manos la supervisión sobre el cumplimiento de estándares y normativa en cada uno de esos proyectos.
“La minería en Boyacá es diferente a la minería en otras regiones. La de Boyacá es pequeña minería, es familiar; es mediana sobretodo en el tema de carbón. Uno puede llegar a un municipio como Tópaga y encontrarse con más de 300 bocaminas, que obviamente para un alcalde no es fácil manejar todo este tipo de actividad”, explica Ortiz Nova.
La Secretaria insiste en que se debe realizar un acompañamiento masivo, pues no se trata solo de fiscalizar, o restringir si cumplen o no cumplen; se trata es de poder llevar a la formalización, a la legalización a todas estas unidades mineras. Necesitamos que a la gente no le dé miedo legalizarse”.
Y no se trata de miedo exclusivamente, pues además del temor que siente el empresario minero respecto a impuestos o requerimientos para legalizar su actividad, se suma el engorroso proceso a seguir para conseguir los avales necesarios para el ejercicio de la actividad.
Agrega la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, que un factor motivacional para la explotación minera, formal, pero especialmente informal, es el precio del carbón, pues al manejarse buenos precios, son cada vez más los interesados en dedicarse a su explotación.
Claro está que la problemática no se restringe únicamente al tema de la formalización, pues para el caso más reciente, el de Tópga, la mina en cuestión contaba con sus papeles en regla, y de todas formas se presentó el fatídico accidente.
Con el recuerdo todavía fresco y el debate caliente por lo ocurrido en horas recientes en Tópaga, se ha preguntado la ciudadanía cuál es el papel que juega la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, en cuanto a supervisión de proyectos mineros avalados por la Agencia Nacional de Minería.
Manifiesta Ortiz Nova que desde su dependencia no se hacen visitas técnicas a las minas, básicamente porque esto ha quedado por fuera de sus competencias. “Antes de 2013 si teníamos esa responsabilidad, ya no. Nosotros no hacemos esa fiscalización, que solamente está en cabeza de la Agencia Nacional de Minería. La única Secretaría que tiene esas facultades es la de Antioquia. El resto solo somos entes articuladores, apoyamos, llegamos con acciones, apoyamos a mineros y a autoridades, realizamos mesas de trabajo y apoyamos en la solución de conflictos. Pero en ese proceso de fiscalización nosotros no podemos llegar a cerrar una mina, ni decirle al minero qué es lo que tiene que hacer. Lo hacemos cuando ellos nos lo solicitan. Actualmente estamos manejando cerca de 80 planes en los que les facilitamos nuestro equipo, les hacemos recomendaciones, pero esto no es obligatorio”.
Ortiz Nova coincide en posturas como la de Catalina George, gerente de seguridad de la Agencia Nacional de Minería, que en diálogo con RCN Radio manifestó que este tipo de accidentes no surgen de la nada. “Este fue un evento muy catastrófico, no es normal que se presente un accidente en el que mueren prácticamente todos los trabajadores que estaban bajo tierra (…) para que se presente una explosión de este alcance, seguramente fue porque hubo una alta concentración de gas metano y no se están haciendo los controles necesarios para lograr que ese gas se evapore”.
La Secretaria de Minas y Energía del departamento, recalcando en posturas como esta, explica que a todo tipo de proyectos mineros se les hacen recomendaciones, como la de mantener ventilado el sitio, pero finalmente no hacen caso. “Si ellos hubieran seguido, al pie de la letra, las recomendaciones que hace la Agencia Nacional de Minería, hubiéramos podido evitar este accidente porque el tema de ventilación, el tema de manejo de gases no lo estaban haciendo correctamente”.
Con el recuerdo de la tragedia de Tópaga aún fresco, Ortiz Nova ha hecho un llamado para que haya mayor compromiso por parte de todos los actores involucrados en esta actividad productiva, pues si bien puede existir una mayor necesidad de acompañamiento por parte de la Agencia Nacional de Minería, hay conductas contrarias a la ley o a las recomendaciones, que facilitan este tipo de incidentes. Pone Ortiz Nova como ejemplo el anterior accidente ocurrido en Tópaga, en el que se había hecho precinto preventivo de una bocamina, que fue vulnerado en horas de la noche, con el consecuente accidente.
