Emprendedores locales que tenían puestas sus esperanzas en ese establecimiento se han estado quebrando, especialmente por la pandemia. Acumulan millonarias deudas y le piden al Grupo Éxito ser más laxo en la aplicación de las cláusulas de arrendamiento de los locales.
Muchos pequeños comerciantes del Centro Comercial Viva se declaran damnificados por las restricciones provocadas por la pandemia, pero también por las cláusulas tan duras y rígidas de los contratos de arrendamiento de locales y por las políticas de cobro por parte del Grupo Éxito.
En diálogo con EL DIARIO varios de ellos denunciaron que están quebrados o en dificultades para poder cumplir con lo establecido en las cláusulas de arrendamiento, que incluyen el pago de altos cánones, administración y servicios públicos.
La situación que se generó para el comercio desde marzo del año pasado con la llegada del COVID-19 es casi que generalizada, pero son los pequeños comerciantes de Tunja ubicados en el centro comercial Viva los que han llevado la peor parte, porque no tienen suficiente reconocimiento, porque venden poco o porque esas ventas no alcanzan para cubrir los costos de operación.
Propietarios de establecimientos en los tres pisos del centro comercial tienen dificultades y la administración es muy drástica a la hora de aplicar lo que señalan los contratos, sin tener consideración por la reducción de clientes por efecto de la pandemia, por los paros que se han realizado en los últimos meses y por las restricciones impuestas por las autoridades, especialmente la del pico y cédula.
Los testimonios
Felipe Muñoz, propietario de un negocio denominado Disfrutta, que funcionó en una isla del centro comercial, señala que su historia, al igual que la de otros pequeños comerciantes que arriesgaron su capital en Viva Tunja, es triste y dice que esperaba que los propietarios de esa gran superficie tuvieran una reglamentación más equitativa, especialmente ante circunstancias como las que han tenido que pasar como consecuencia de la pandemia.
Muñoz señala que está quebrado y endeudado por las cláusulas tan onerosas e inflexibles que están contempladas en los contratos de arrendamiento que el Centro Comercial firmó con los comerciantes. “No hubo una relación justa con ellos, pues siempre tuvieron la potestad de presionar y ganar, sin importar cómo nos iba a los comerciantes, mientras que el municipio siempre le ha dado al centro comercial unas garantías.
Anota que no valió mostrar las evidencias con fotos y videos sobre las ventas que tenían en los negocios para que les rebajaran o tuvieran consideración y que la administración simplemente se limitó a aplicar lo señalado en los contratos.
Asegura que antes de que comenzara a funcionar el centro comercial les ofrecieron un negocio en el que las dos partes ganarían, pero que, al final, con la pandemia, Viva Tunja ganó y los comerciantes perdieron.
Por su parte el propietario de un negocio en el segundo piso, que no quiso ser identificado por temor a represalias, aseguró que durante mucho más de un año el comercio del lugar tuvo las puertas cerradas, inicialmente dentro del aislamiento obligatorio y después, por las restricciones en la movilidad, como el pico y cédula.
“Reabrimos el primero de julio con mucha presión y por el temor de que nos iban a correr las cláusulas, pero es que los contratos que firmamos están muy blindados y debemos seguir pagando arrendamientos de 5, 8, 10 o 15 millones de pesos, cuando las ventas son muy bajas, que a veces no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos de personal”.
“Dieron algunos beneficios de rebaja de arrendamientos, pero lo hicieron para quienes estaban al día, lo cual es increíble, pero los que estábamos colgados no tuvimos ese privilegio y ahora tenemos millonarias deudas atrasadas”, anotó.
También dijo que, en su angustia, algunos comerciantes pidieron ayuda de la Cámara de Comercio de Tunja, que respondió que no podía involucrarse en un tema que era entre particulares, que estaba regido por el Código del Comercio.
También dijo que todo el comercio de la ciudad, pero especialmente el de Viva Tunja, resultó afectado por las medidas del pico y cédula de la Alcaldía, que muchas veces se tomaron de manera desorganizada, sin consultar ni la necesidad de bioseguridad ni la realidad de quienes arriesgan su capital para trata de sacar adelante un negocio.
“Estamos hasta el cuello de deudas y a mitad de año nos obligaron a abrir, cuando las ventas a veces eran de apenas 20 o 30 mil pesos en un día, mientras los costos de arrendamientos, administración, personal y servicios públicos se mantuvieron siempre”.
Finalmente, este comerciante se quejó de que la administración de Tunja no ha sido equitativa con las medidas de restricción, pues hay centros comerciales, como el Boulevar, en donde no se aplica ni pico y cédula ni ley seca o toque de queda.
De otro lado, el propietario de un café en el segundo piso de Viva Tunja dijo que muchos comerciantes deben 50, 80 O 120 millones de pesos de arrendamientos atrasados y que no hay manera de cumplir con esas obligaciones.
“No necesito arrodillarme, tendré que pagar, pero es bueno que la gente sepa lo que ocurre aquí para que quienes vengan lo hagan en otras condiciones”, dijo.
Agregó que tuvo el negocio en ese centro comercial durante más de dos años y, al hacer el balance, encuentra que terminó siendo empleado del centro comercial y que ahora está ‘embalado’ con deudas de impuestos, liquidaciones y materias primas.
Julio César Báez, propietario de una óptica que hasta hace un año funcionó en el centro comercial, y que pagaba 22 millones de pesos mensuales, dijo que las cláusulas por desistimiento son muy altas.
“Para Tunja los cánones de arrendamiento son demasiado costosos y hay unas cláusulas de permanencia muy onerosas. La verdad es que solo las grandes marcas o los almacenes de cadena pueden subsistir, pero los comerciantes pequeños, que son generalmente de tunjanos, no aguantan y se quiebran”, sostiene.
El pasado 15 de agosto Wendy Rubio, propietario del restaurante Julia, del segundo piso, tuvo que cerrar su negocio. “Antes de la pandemia veníamos haciendo grandes esfuerzos para cumplir con los elevados arrendamientos, la administración y los demás costos de operación, pero el COVID-19 llegó y las ventas se acabaron”, dice.
“Durante por lo menos seis meses del año pasado tuve que pagar un arrendamiento de 7’500.000 más 2’200.000 de administración y no vendimos ni un peso. Aquí en el centro comercial hay un administrador, pero él no decide ni resuelve nada; a nosotros nos toca entendernos es con los abogados del Grupo Éxito en Medellín”.
“Hicieron unos descuentos, especialmente a quienes estaban al día, lo cual es irónico, pero eso no compensa gravedad de la situación porque los restaurantes y los locales estuvieron cerrados y no se vendía nada. En septiembre del año pasado subieron los arriendos y la administración y cuando comenzó la reapertura se establecieron medidas de restricción como el pico y cédula que impedía que nuestros clientes llegaran a comprar”.
“Al término del confinamiento casi todos los comerciantes debíamos más de 50 millones de pesos, pero las restricciones impedían la llegada de los clientes; hemos enviado cartas a Medellín y no nos resuelven nada”.
“Quedé pagando casi 10 millones de pesos entre arriendo y administración, además de los costos de nómina y servicios públicos y desde marzo hasta hace unas semanas apenas se admitía en la plazoleta de comidas un aforo del 30 por ciento”.
“Esperábamos que nos permitieran un acuerdo de pago a 36 meses, pero solo nos aceptan en seis y yo les debo casi 200 millones de pesos. Todos estamos colgados y no dan opciones. Están quebrados los restaurantes, pequeños locales, fresas, frutas, cafés; todos los locales pequeños que, además, somos los de Tunja”, dice Wendy.
“La pandemia y las políticas del centro comercial se comieron el patrimonio y las ilusiones de muchos pequeños comerciantes de Tunja; ahora yo no puedo sacar los equipos, escasamente me permitieron entrar por los productos perecederos, que se podían dañar”.
“Nosotros le ayudamos al centro comercial a posicionarse ahora esperábamos que tuvieran consideración con nosotros y nos respaldaran, pero no fue así”.
Ludy Rodríguez, de Big Lomo Parrilla, que funcionaba en la plazoleta de comidas y quien tuvo que cerrar su negocio el fin de semana pasado, dijo que los administradores del centro comercial fueron muy intransigentes, especialmente porque no tuvieron en cuenta todos esos meses que la ciudad estuvo en aislamiento obligatorio.
Ella también se quejó por las medidas tomadas desde la administración municipal, como el pico y cédula indiscriminado y dice que tiene una deuda millonaria con el centro comercial. “La pandemia nos quebró y Viva nos acabó de matar”, enfatizó Ludy Rodríguez.
Otro pequeño comerciante de un negocio de comidas dijo que incluso antes de la pandemia la situación era complicada para muchos, pero que el COVID-19 los puso en muchas más dificultades.
“Llegamos a ventas de cero en muchos meses; nos rebajaron unos porcentajes de arriendo pero tocó seguir pagando la administración y los servicios. El centro comercial no tuvo en cuenta el COVID-19 como fuerza mayor o caso fortuito y eso llevó a que tuviéramos afectaciones económicas grandísimas”.
“Durante muchos meses estuvimos pidiendo que no dejaran salir, pero nos amenazaban con aplicar las cláusulas de los contratos y cuando por fin vino la reactivación y esperábamos poder recuperar algo y cumplir las obligaciones nos sacaron”, dijo.
Finalmente, señaló que es irónico que los pequeños comerciantes pierdan y se quiebren, mientras que, durante lo más fuerte de las restricciones por la pandemia, el año pasado, el Grupo Éxito logró triplicar sus utilidades.
