Por | Guillermo Velásquez Forero
Subirse a un taxi es muy peligroso. Además de la peste actual de covid 19, esos vehículos pueden funcionar como una trampa que usan algunos criminales para secuestrar, atracar, robar e, incluso, asesinar. A esos riesgos, y otros frutos malditos del azar, hay que agregar la posibilidad de ser linchado por una pandilla o una horda de conductores que se organiza rápidamente, a cualquier hora y en cualquier parte, para llevar a cabo esa labor cooperativa de matar a un pasajero.
Esa muerte a manos de una chusma energúmena de choferes es una suerte, una posibilidad, que no ocurre con mucha frecuencia; pero existe como un método, quizás el único, que ciertos salvajes emplean para dirimir diferencias, solucionar situaciones conflictivas o resolver problemas que puedan surgir en el desarrollo de una actividad laboral callejera como es el servicio de transporte público.
Varias personas fueron testigos de un intento de linchamiento taxístico, en un barrio de Tunja, contra un joven universitario que utilizó el servicio y no tenía con qué pagar la carrera. El escándalo fue vistoso y concurrido, y varios vecinos salieron a ver qué estaba ocurriendo. Esa vez se frustró el asesinato del pasajero insolvente e irresponsable. Y hace unos días, en Tunja, sí lograron cumplir su objetivo de linchar un usuario o usuaria, en hechos confusos, que deben ser investigados, y condenar a la cárcel a los autores.
El servicio urbano de transporte en taxi es una actividad económica legal, importante y necesaria que contribuye al bien común, y es tan valioso que puede salvar vidas. Y el taxista es un trabajador, empleado o propietario, una persona honesta, decente y responsable, cuyo esfuerzo y dedicación es un aporte que dinamiza la sociedad. La vida y los bienes de los taxistas deben ser protegidos, en forma oportuna y eficaz, por la policía.
Un conductor de taxi no es, ni puede convertirse, en un asesino; su gremio no puede actuar como una organización criminal. La justicia por su propia mano es la barbarie, la ley de la selva; y aunque fue legalizada en Colombia por el matarife y genocida Álvaro Uribe, es un delito. La ignorancia de la Constitución y la Ley no exime del castigo al delincuente. Nadie puede suplantar a los jueces, magistrados, tribunales y altas Cortes, que son las únicas instituciones legítimas que ejercen la autoridad judicial e imparten Justicia. Y en Colombia, por desgracia, no existe la pena de muerte.
