Por | Guillermo Velásquez Forero
Mientras no se establezca la pena de muerte para los asesinos y contra los corruptos y demás ralea de criminales, se mantendrá el imperio de la barbarie, y el país continuará corrompido y pudriéndose entre la sangre inocente, la injusticia, el atraso, la pobreza, el miedo y el sufrimiento sin fin. La impunidad es el mayor premio y acicate para los delincuentes.
La policía nacional se ha dedicado a ejercer la violencia en forma abusiva e ilegal, cometiendo todo tipo de atropellos, torturas, desapariciones y asesinatos contra personas inermes y e indefensas, incluyendo a menores de edad y mujeres. Parece que la escuela de policía ya no es una institución donde se forman los servidores públicos destinados a proteger y salvar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, sino una escuela de sicarios, de matones a sueldo, de asalariados de la muerte.
Deberían enseñarles que ponerse un uniforme no les da licencia para matar, que no pueden ser parásitos chupasangre del pueblo y vegetar en la impunidad, que deben respetar la Constitución, la Ley, el Estado Social de Derecho, los Derechos Humanos y todas las leyes, normas, convenios, tratados y pactos universales que tienen validez para todos los países. Informarles que existe la Justicia y que es aplicada por los tribunales y las altas cortes de Colombia, y las cortes y tribunales internacionales que los van a juzgar por sus crímenes cobardes y de lesa Humanidad, por cometer terrorismo de Estado, actuando como zombis manipulados por un genocida. Advertirles que tienen derecho a desobedecer órdenes superiores cuando éstas atenten contra la ley, los derechos y la vida de los ciudadanos.
Aunque actúen como bandidos uniformados, agentes del terror y la muerte, y cometan terrorismo clandestino amenazando de muerte y desterrando a los familiares de las víctimas, y traten de impedir la acción de la Justicia, no podrán prevalecer y quedar sin castigo:
El Tribunal Superior de Bogotá condenó a 37 años de cárcel al patrullero de la policía Wilmer Antonio Alarcón Vargas, autor material del asesinato de Diego Felipe Becerra, el chico grafitero de 16 años, cometido el 19 de agosto de 2011. Así mismo, el policía del escuadrón de la muerte Esmad, Néstor Julio Rodríguez Rúa, fue condenado a 17 años y 4 meses de cárcel por el asesinato de Nicolás Neira, de 15 años de edad, en la manifestación del 1º de mayo de 2005; en ese mismo proceso, también fueron condenados dos oficiales que procuraron impedir la acción de la Justicia. En Bogotá hay más de cien policías destituidos y procesados por asesinatos de manifestantes. La cárcel está impaciente, esperando a todos estos asesinos disfrazados de policías.
