Durante la emergencia ocurrida el 2 de abril, según informe brindado ante el Consejo Ampliado de Gestión del Riesgo, dado el pasado 5 de abril, resultaron destruidas parcial o totalmente las viviendas de por lo menos 102 familias, con cerca 306 integrantes, entre los cuales se encuentran niños, adultos y personas con discapacidad, entre otros.
Según comunicado de la Gobernación de Boyacá, quedaron en muy mal estado varios tramos carreteables veredales e intermunicipales, que requieren el retiro de derrumbes y la recuperación de banca, especialmente, en la vía hacia La Victoria.
Se presentó el colapso del sistema de alcantarillado urbano y la colmatación de cunetas y sumideros, en los barrios Minabuco, Chicó, La Esperanza y El Recuerdo.
Informan pérdidas de cultivos, interrupción de actividades educativas y comerciales, lo mismo que grandes movimientos en masa que amenazan la estabilidad ecológica y la movilidad vial.
Por su parte, la Administración del alcalde Carlos Alberto Ávila Cepeda, mediante la declaratoria de calamidad pública, agiliza el proceso para superar uno de los momentos más críticos que ha vivido esta población. Las tareas adelantadas para la mitigación del impacto ambiental padecido, han tenido la
vinculación de la Administra municipal, Ejército, Policía, Bomberos, Defensa Civil y la
propia comunidad local.
También se ha contado con el apoyo solidario de los gobiernos de La Victoria, Otanche,
Muzo, San Pablo de Borbur y Pauna, a través de maquinaria, equipos técnicos y sus
cuerpos de socorro.
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En la visita a la mencionada localidad, la Primera Autoridad del Departamento estuvo
acompañado por el secretario de Infraestructura, Elkin Rincón; la secretaria de
Integración Social, Lina Chiquillo; el coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo,
Germán Bermúdez, entre otros funcionarios.
En la jornada de verificación de afectaciones e interlocución con autoridades y
comunidades, también, estuvieron presentes los diputados Jonathan Sánchez y Armando
Quiñónez: el Concejo Municipal en pleno, el personero, rectores de Instituciones
Educativas, representantes de los damnificados, entre otros.
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