El 2020 había terminado con la reunión convocada por el gobernador Ramiro Barragán en el municipio de Maripí para conjurar la crisis que se ocasionó con motivo de la suspensión definitiva de la entrega de material estéril de las minas que es de donde se rebuscan unas 5 mil personas, los guaqueros, para conseguir lo del sustento diario.
El compromiso después de esa reunión era que las soluciones se darían lo más pronto posible, integrando todas las instancias involucrada para evitar acciones posteriores de fuerza, de cualquiera de los lados, lo cual como siempre, despierta el temor sobre las viejas violencias que se han producido a lo largo de tantas décadas en la región.
Ahora todo parece indicar que esas buenas intenciones y promesas de la reunión de Maripí fueron flor de un día. Nadie volvió a decir nada: ni el gobierno departamental, ni la Corporación Autónoma, y menos el gobierno nacional en sus instancias del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería. Nadie volvió a pronunciar palabra, pero en cambio, este fin de semana pasado volvió a hacer su aparición el ESMAD en la región para confrontar a los guaqueros que siguen en defensa de sus derechos a la supervivencia, sin que se sepa de la presencia del gobierno y de sus instituciones para cumplir con lo pactado en Maripí.
