En días pasados renunció el Vicerrector Administrativo y Financiero de la UPTC, Alberto Lemos Valencia quien luego de acompañar el primer tramo de la rectoría del ingeniero Óscar Ramírez, dio un paso al costado, con el hartazgo de las pugnas internas dentro de la burocracia universitaria que se han amplificado con la irrupción de un sector del profesorado, antiguos directivos de la administración del ingeniero Alfonso López, que montaron un sindicato paralelo, Asoacadémica, que heredó los inajenables inventarios de otro sindicato, Asoprofe, desmantelado por quien hoy oficia como su vicepresidente, Luis Bernardo Díaz, frustrado candidato a la magistratura. Hoy, este sindicato paralelo es presidido por un frustrado candidato a diversos cargos universitarios, Fabio Blanco, a quien lo acompaña una treintena de seguidores, lejos de los 2.000 profesores vinculados a la universidad.
A comienzos de diciembre de 2020, un grupo de estudiantes de esta institución de educación superior, declaró un paro, que interrumpió abruptamente el desarrollo académico del segundo semestre de un atípico año, en que la pandemia hizo que afloraran todos los problemas internos, y como producto de esa presión, la administración de la universidad decidió suspender cualquier actividad académica, y, simultáneamente, buscar alternativas de diálogo, como una mesa de diálogo estudiantes-directivos con el acompañamiento de un grupo de profesores afiliados a Asoacadémica, -dado que el sindicato docente mayoritario, ASPU, se abstuvo de participar, por tratarse de una negociación entre los estudiantes y la administración universitaria y no se atendía, de manera prioritaria la contratación de los más de 1.400 profesores ocasionales y catedráticos- y la veeduría de la oficina departamental del Diálogo Social y la Defensoría del Pueblo.
A mediados del mes de enero de este año, se instaló una mesa de concertación, con una variopinta conformación y unos dispersos propósitos, aparentemente asociados con el pliego de peticiones estudiantiles presentado en diciembre, en que se combinaban reclamaciones tan opuestas como la matrícula cero universal y la renuncia del Vicerrector Administrativo y Financiero, el Vicerrector Académico y el director de las tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICS).
Han transcurrido dos semanas y las reivindicaciones sobre los factores que determinan el ingreso y la permanencia de los estudiantes, que parcialmente fueron satisfechas, a través de la matrícula gratuita para los estratos 1 y 2 y el suministro de computadores y planes de datos, para quienes lo requirieran, el foco de la controversia se ha trasladado a la renuncia de los directivos universitarios, promovida por un sector de estudiantes, sin trayectoria conocida como activistas y alineados con los partidos gobiernistas, secundadas, además, por una desconocida y minoritaria agremiación sindical, sin trayectoria conocida, distinta a estar integrada por exfuncionarios de las pasadas administraciones, quienes padecen la orfandad del poder. La inclusión como coordinador de la delegación de funcionarios de la cúpula directiva del actual Vicerrector de Investigaciones, Enrique Vera, quien no oculta sus simpatías por la citada agremiación, es paradójica, puesto que este se ha opuesto a la contratación docente.
Contrario a lo que podría esperarse de una organización, defensora de sus afiliados, Asoacadémica se ha opuesto a la contratación de los profesores ocasionales a partir del 1 de febrero para reanudar las actividades académicas y así concluir el segundo semestre de 2020. Ahora su pretensión es defenestrar al Vicerrector Académico y al rector de la UPTC, para reinstalarse en los mullidos sillones del quinto piso del Edificio Administrativo.
En contravía de las pretensiones de Asoacadémica, de torpedear este proceso, y respondiendo a la posición que el sindicato docente mayoritario, ASPU, ha planteado reiteradamente, el Consejo Académico de la universidad decidió el sábado 30 de enero, reprogramar el calendario académico y contratar a los profesores ocasionales desde el 1 de febrero y cumplir a once meses, estipulados en el Acuerdo 096 de 2019.
