Con la legalización del aborto en Argentina, se ha podido evidenciar la necesidad de visibilizar este tema no solo en Colombia, sino también en Boyacá. “Se podría decir que en Boyacá se habla más del diablo, que del aborto” (anónimo, 2019).
El desconocimiento del marco legal, la falta de acompañamiento y la criminalización son factores que influyen en la decisión de las mujeres, jóvenes y niñas al querer realizar un IVE (interrupción voluntaria del embarazo), que puede ocasionar que busquen formas riesgosas y espontáneas para realizar el procedimiento o que vayan a centros que no son idóneos ni seguros para ellas. Tristemente en Boyacá no se encuentran estudios, cifras o estadísticas acerca del IVE (interrupción voluntaria del embarazo). No se puede medir cuántas mujeres abortan, cuántas por falta de información se someten a procedimientos inseguros y fallecen por estos, ni las edades en las que generalmente se presenta, realmente no se encuentra nada. Se evidencia la falta de interés por parte del Estado, del sector salud y educacional que deben garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
¿Y en pandemia qué? Claramente no existía alguna solución, ni asesoramiento para las mujeres por parte del estado o sector salud, si ellas querían realizar un procedimiento seguro en marco de confinamiento estricto, tenían más barreras de acceso y probablemente recurrieron a lugares que no presentaban todos los requerimientos y permisos o se sometieron ellas mismas a abortos riesgosos. En Boyacá, solo hay un centro de salud de Profamilia y se encuentra en Tunja, que es el más reconocido para realizar un IVE seguro y responsable, seguramente muchas mujeres de otros municipios al desconocer que este tipo de procedimientos se tiene que realizar en cualquier EPS o centro de salud, violaron la cuarentena estricta para poder agendar una cita en Profamilia y tener un aborto seguro, arriesgando claramente su vida y estabilidad económica.
Se encontró que una ONG creada en Sogamoso esta realizando un estudio diagnóstico del IVE en Boyacá acompañado de charlas pedagógicas que aseguren los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La Red Defemsoras lidereada por Jessica Guevara, Rosa Benítez, Natalia Zambrano y Camila Niño. “El Ministerio de Salud afirmó que en Boyacá se atendieron alrededor de 450 casos relacionados con aborto desde el 2015 al 2019 pero no sabemos realmente que significa esa cifra porque abarca muchas cosas, el Estado no tiene como medir eso, no hay un indicador que lo diga”, afirma Jessica Guevara, co-fundadora de la ONG y agregó: “En tiempo de confinamiento estricto, las instituciones de salud no supieron cómo adecuarse a la situación y eso arriesga no solo a complicaciones médicas, sino a embarazos no deseados”.
El aborto en Boyacá existe y también se ve en el campo, las mujeres del sector rural sufren constantemente la criminalización por parte de sus familiares y parejas sentimentales al querer realizar un aborto de manera segura, proporcionándoles daños psicológicos y físicos. La integridad de las mujeres esta pendiendo de un hilo y ahora se le suma una problemática más al sector agropecuario, el cual, sigue en abandono absoluto.
Y para dejar claro, el aborto es legal en Colombia bajo tres causales:
-Riesgo para la salud o la vida de la mujer comprendiendo su integridad física, psicológica y social.
-Malformación del feto que haga inviable su vida.
-Violencia sexual.
La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y las mujeres puede realizar este procedimiento en cualquier EPS o centro médico del país, sin tener en cuenta su tiempo de gestación.
“No se puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al misoptrosol y las pobres a la rama del perejil”, afirma Luis Novaresio.
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