Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez
El 25 de noviembre representa un día de conmemoración concreta de las luchas sociales contra la violencia ejercida sobre las mujeres y asociadas al género. Mary Wolstonecraft (1759-1797) en su libro de la vindicación de los derechos de las mujeres sentaba las bases de la lucha concretas y en contexto de mujer señalando que era tiempo de efectuar una revolución en el comportamiento de las mujeres y de restaurar la dignidad perdida. Anunciaba la parcialidad de la civilización negando a las mujeres, reduciéndolas a un mundo sin educación para ellas y a la existencia de falsas escuelas y no vacilaba en condenar que las estrategias sociales estaban concebidas para hacerlas débiles y desgraciadas con el fin de ponerlas a merced de las múltiples agresiones, discriminaciones y violencias.
Nada de lo señalado hace 200 años parece haber cambiado, al menos en Colombia, aunque quizá si en mucho en otras latitudes, más progresistas y avanzadas donde la racionalidad ha logrado hacer de los derechos su principal esencia a seguir, y convertidas en un valor esencial de la cultura las conquistas por las libertades y el respeto por la libre elección de las mujeres y los hombres sobre sus conductas y maneras de ser. En Colombia no, la apropiación del poder por mafias y estructuras mafiosas no ha permitido cambiar nada, más bien reforzar la discriminación, la humillación, el odio que termina en violaciones, vejámenes de unas élites sin límites sobre todo lo demás empezando por las mujeres, sus mujeres, sus objetos. Las cortes de justicia reproducen el espíritu patriarcal y los gobernantes y tomadores de decisiones se señalan en masculino y del respeto a la propiedad manan la mayoría de males y vicios y hacen que los hombres que más violencia promueven sean tratados como semidioses.
Del siglo XIX al XX hubo cientos de movilizaciones de mujeres contra la guerra, contra el hambre, contra la enfermedad, el racismo, la exclusión y la opresión, hasta llegar en 1979 a las naciones unidas que mediante la convención sobre la eliminación de la discriminación de todas las formas de la violencia contra la mujer, alentó nuevas agendas que confluyeron en 1981 en el movimiento feminista latinoamericano que acogió el 25 de noviembre como fecha de referencia contra la violencia ejercida contra las mujeres, como un homenaje a las tres hermanas Mirabal activistas y defensoras de los derechos de las mujeres asesinadas en 1960 en la República Dominicana. Las presiones sociales aumentaron hasta lograr que en 1993 la ONU emitiera una resolución que incluyó la declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer, que sirvió de base para que en el año 2000 la Asamblea de las Naciones Unidas acogiera de manera definitiva la fecha del 25 de noviembre como día internacional, instando a asumir de manera obligatoria a los estados, gobiernos y organizaciones para que a año a año coordinen actividades orientadas a elevar la conciencia pública sobre la gravedad de esta violencia y la necesidad de erradicarla.
Esta violencia es prevenible, abominable, inhumana, miserable y tiene dos caras, de un lado se presenta a través de actos particulares de orden criminal del que solo dos de cada tres países han tomado posición prohibiendo y castigando la violencia doméstica, “en 37 todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima” y en otros 49 todavía no hay protección de la violencia doméstica. Y la otra cara inexcusable, prevenible, esta sostenida por actitudes criminales de estados y gobiernos que con indiferencias, negaciones de la paz, abominación por los derechos, sumidas en el autoritarismo y la arrogancia hacen llamados a la guerra, propician la barbarie y promueven las espirales de odio y sometimiento sobre determinados sectores sociales, en los que una vez puestos las mujeres, niñas y adolescentes en situación de debilidad por pobreza, marginación y olvido son atacadas de múltiples maneras.
La violencia basada en genero define una violación de derechos humanos y con base en los hechos se ha dicho por ejemplo que “si en Colombia el 64,1 por ciento de las mujeres y el 74,4 por ciento de los hombres han sufrido algún tipo de agresión por parte de sus parejas, queda claro que la violencia de género en el país es una verdadera epidemia, sobre la base de que es un fenómeno prevalente en la mayor parte de la población”, esto determina que existe un problema estructural, cuya vertiente intrafamiliar genera maltrato, agresión, violación y negación por parte de hombres que ejercen patrones machistas y misóginos de los que se desprende su crueldad y la otra es la vertiente política y social provocada por la discriminación, el odio, la sevicia de conductas patriarcales expresadas con la negación de la existencia política de las mujeres y con ellas de toda oposición, el racismo, la xenofobia. Una causa que no se puede omitir en esta violencia evitable está en el paulatino desmonte de los acuerdos de la paz pactada, que permitió volver a posicionar en la agenda pública la dualidad de la guerra y de la paz, y favorecer la muerte, esa que se expresa en masacres, asesinatos selectivos, violaciones sexuales como botín de barbarie, y que engendra polarización, engaño y destrucción de la tranquilidad y la convivencia, de la que sus mejores creadoras son las mujeres, madres, esposas, hermanas, mujeres a secas. La prevención de esta violencia sistemática y perversa pasa por la implementación de los acuerdos de paz y el desmonte del lenguaje ofensivo y guerrerista de los altos cargos del estado, del que se valen matones y maltratadores para justificar sus acciones y ridiculizar a sus víctimas.
Como lo ha señalado ONU mujeres, “la violencia contra las mujeres provoca una amplia variedad de problemas físicos, mentales y sexuales, incluida la muerte; y que afecta a familias y comunidades enteras” y no resultan despreciables las cifras de la tragedia que enluta a unos y ofrece réditos políticos a otros. Entre enero y septiembre de 2020 Codhes daba cuenta de alrededor de 630 mujeres asesinadas y cerca de 20.000 mujeres víctimas de agresiones. Cerca del 10% de las mujeres asesinadas eran lideresas sociales, es decir luchadoras sociales en defensa de derechos, y desde la firma del acuerdo de paz (que completó 4 años) sus negaciones, objeciones y desafueros por parte del gobierno han impedido afianzar la convivencia y alimentado la violencia. La tendencia sostenida de impunidad supera el 93%. Solo desde que inicio la pandemia el 25 de marzo se documentan 167 asesinatos de mujeres a causa de la violencia machista, ejercida por hombres narcisistas, con una imagen devaluada de sí mismos (elespectador.com, 11 de noviembre). “‘Nos están matando’, ‘paren la guerra contra las mujeres’, ‘ni una menos’, consignas que se escuchan en manifestaciones y que exigen cambiar esta realidad para las mujeres en Colombia y América Latina” …. (elespectador.com).
