Por: Daniel Triviño
Una catarata de reacciones ha generado en redes el anuncio de la Alcaldía de Tunja de denunciar penalmente al ciudadano que días atrás, a través de un medio de comunicación nacional, apareció sin tapabocas, restando importancia a su uso y negando la existencia de la pandemia.
Manifiesta la Alcaldía que la acción jurídica se emprende debido a que el ciudadano en mención infringe la Ley 599 de 2000, referente a los delitos contra la salud pública, con el agravante de haber violado una disposición de la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Pero si fuera por habría que denunciar a cientos de ciudadanos que a diario se pasean campantes por las calles de la ciudad violando las medidas sanitarias, es más, no le alcanzaría el periodo a Alejandro Fúneme para perseguirles.
Si existiese un auténtico interés por reducir la propagación, ni se habría autorizado el lleno total del transporte público colectivo, ni se estarían organizado foros sobre posconflicto de forma presencial con medio centenar de estudiantes, ni se estaría pensando en la organización de grados presenciales, ni se habría autorizado de forma prematura el funcionamiento de gastrobares.
Pareciera que el pecado de este ciudadano no hubiera sido solamente la falta de uso de tapabocas, sino el hecho de tomarse el tiempo para hablar ante las cámaras y dar a conocer su postura.
La condena a este ciudadano por el papelón que hizo a nivel nacional ya existe, pero no se le puede perseguir solo por haber figurado, de ser así, habría que ampliar el cuerpo de la Policía Metropolitana de Tunja para perseguir a los cientos de infractores a las medidas sanitarias que se pasean tranquilos y campantes por la ciudad.
