Por | Lorena Rubiano Fajardo / lorenarubianof@gmail.com
“Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia.
En esto, los pueblos indígenas tienen mucho que enseñar a la humanidad.”
Papa Francisco
En los últimos meses hemos venido presenciando una gran arremetida en varios países contra los pueblos indígenas cercenándoles sus derechos y buscando la desaparición de su identidad étnica y cultural.
Por ejemplo en el Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, ha vuelto a intentar eliminar a la Fundación Nacional del Indio (Funai), incentivando a consorcios y empresas para que inviertan en la explotación industrial de la selva amazónica.
El Ministerio de la Agricultura del vecino país ha hecho entrega de decenas de miles de kilómetros de la Amazonia a latifundistas locales, ampliando la zona de deforestación de la región, que representa el 13% del territorio nacional, y que es considerada por los ambientalistas del mundo como área indispensable para tratar de frenar el cambio climático.
Bolsonaro ha declarado públicamente que no acepta que los 900 000 indígenas fueran pobres en tierra de ricos, y por eso se ha dado a la tarea de perseguirlos y tratar de quitarle el derecho a la tierra.
La Organización para la defensa de los derechos humanos (HRW) publicó un informe con una revisión de las actividades de la administración provisional de Bolivia, que registra un aumento repetido de las violaciones de los derechos básicos de los ciudadanos del país por parte de un gobierno que se declaró «democrático» bajo el liderazgo de Jeanine Añez. La mayor parte de esta presión estatal se sintió sobre los partidarios del partido «Movimiento Al Socialismo» del ex presidente Evo Morales, la mayoría de los cuales son representantes de la población indígena de Bolivia.
Las actividades por la pandemia del Covid-19, desplegadas por las autoridades, les permitieron cerrar efectivamente varios departamentos de residencia tradicional de los indios «en el marco de operaciones humanitarias”. Al mismo tiempo, con el dinero de los contribuyentes bolivianos, los expertos estadounidenses en tecnología electoral participan efectivamente en estas actividades.
HRW señala que incluso el derecho de los ciudadanos a la protesta social, en el caso de los indígenas es casi siempre pacífico y no agresivo, pero aun así fue severamente reprimido por las autoridades gubernamentales y fueron asesinados más de 20 seguidores de Morales y en este caso la Fiscalía no muestra mucho celo por encontrar a los responsables. Más del 65% de los detenidos durante las manifestaciones están encarcelados sin cargos, es decir, detenidos «en ausencia» sin las decisiones judiciales correspondientes.
Además de eso, con el pretexto de combatir la distribución de drogas, se están implementando medidas de fuerza contra las regiones indígenas que tradicionalmente cultivan coca para los ritos religiosos y las necesidades internas de las tribus. El gobierno provisional ha endurecido sus acciones contra la población indígena, defendiendo más los intereses extranjeros, que los de sus propios conciudadanos.
En próximo artículo analizaré la violación por parte de Parques Nacionales de Colombia de los derechos indígenas en sus territorios ancestrales.
