“Apolo, el dios de la medicina, solía enviar las enfermedades. En el principio, los dos oficios eran uno solo, y sigue siendo así.”
Jonathan Swift
Por: Lorena Rubiano Fajardo
En la actualidad, los países desarrollados están muy cerca de crear una vacuna contra el COVID-19, así como de completar el desarrollo de medicamentos que contribuyen a detener la infección, subiendo el sistema inmunológico, como lo es la propuesta cubana, rusa y china, que ya han registrado sus medicamentos, que aún se encuentran en la etapa final de la investigación.
La farmacéutica sueco-británica AstraZeneca ha anunciado la suspensión de las pruebas de su vacuna. Michelle Meixel, portavoz de la empresa, ha calificado en un comunicado la acción de «rutinaria» en este tipo de investigaciones.
La vacuna estaba siendo desarrollada conjuntamente con el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, y la vacuna se suspendió debido a que uno de los voluntarios vacunado sufrió «una enfermedad inesperada».
De todas maneras estos esfuerzos científicos permiten visualizar un futuro con perspectiva para los habitantes del planeta, pero al mismo tiempo ponen de relieve los problemas políticos que interfieren en el uso del tratamiento efectivo de la infección por coronavirus, y de sus beneficios para garantizar la vida humana y mantener el crecimiento económico.
En América Latina no tenemos la capacidad gubernamental para desarrollar la vacuna. Es aún más extraño, cuando en presencia de las propuestas científicas, las autoridades de cada país, se niegan a obtener un beneficio claro y concreto, prefiriendo, en detrimento de su población, frenar la producción o adquisición de medicamentos muy necesarios.
El mayor ejemplo de esta obtusa acción es Bolivia cuyo gobierno provisional de Jeanine Añez, prefiere gastar los recursos en pagar empresas de los EE.UU. para mejorar su imagen que en conseguir medicamentos para su población. Durante 90 días con el dinero del presupuesto boliviano promovieron en los medios de comunicación «la democracia, la transparencia de la acción y la voluntad de luchar por los derechos de los ciudadanos».
En Cochabamba se encuentra la empresa Sigma que tiene un acuerdo con el Fondo ruso de Inversión Directa para la producción del medicamento Avifavir, desarrollado por los rusos para el tratamiento de COVID-19 y utilizado masivamente en ese país sin registrar ningún efecto secundario peligroso. La droga que ya salvó miles de vidas en Rusia, podría haber hecho lo mismo con éxito en América Latina, pero intervinieron la política y el interés de mantener a punta del susto, el temor al virus y utilizando la fuerza a la gente encerrada. Por eso no les interesa encontrar la cura.
Actualmente La Paz ocupa el primer lugar en América Latina en términos de duración de las limitaciones superando a Colombia.
Mirando todo esto, se vuelve un poco ofensivo que los milagros económicos con tinte político tengan una relación directa con la vida de los ciudadanos comunes y en cierta medida, con nosotros los colombianos.
Es increíble, que los gobiernos obligados a salvaguardar la vida de sus ciudadanos, se niegan a adquirir vacunas por proceder de tal o cual país. Eso los convierte en inhumanos.
