Las cajas de compensación de todo el país están contra las cuerdas con el creciente número de solicitudes para ser beneficiario del subsidio de protección al cesante. En Boyacá se han presentado más de 11.000 solicitudes, pero solo se han podido entregar algo más de 1.000 subsidios.
Los coletazos de la pandemia del COVID-19 son cada vez más dicientes. Para nadie es desconocida la crisis económica que ha desatado la pandemia, que ha traído como consecuencia el cierre de diversas empresas, así como la pérdida de miles de empleos.
Evidencia de esto es el reporte mensual del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que en los dos últimos meses ha registrado un disparo desenfrenado de la tasa de desempleo.
Y dado que cada vez es mayor la población que ha quedado sin empleo, cada vez son más las personas que solicitan ser cobijados por el Mecanismo de Protección al Cesante.
Dichos subsidios son administrados por las cajas de compensación familiar de cada una de las regiones en el país, y para acceder a este se debe cumplir con una serie de condiciones como haber estado clasificado en categoría A o B durante el tiempo que se estuvo afiliado a la caja de compensación familiar, ser una persona que no perciba pensión de vejez, invalidez o sobreviviente, que además haya realizado aportes a una caja de compensación familiar durante un año continuo o discontinuo, en el lapso de los últimos cinco años.
El Mecanismo de Protección al Cesante está regulado por la Ley 1636 de 2013, en la cual se fijó que las personas que se postulen para recibir el subsidio, tendrán acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, calculado sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Esto implica para las cajas de compensación que cada subsidio tenga un costo aproximado a los tres millones y medio de pesos.
Esto se ha convertido en toda una problemática para las cajas de compensación familiar de todo el país, pues el pago de dicho subsidio se hace con recursos aportados por las empresas afiliadas, pero no se recibe un apoyo estatal. Quiere decir que se depende exclusivamente del aporte de parafiscales de las empresas, que en medio de la crisis han tenido dificultades para pagarlos o en los peores casos han tenido que cerrar por quiebra, debilitando el flujo económico de las cajas de compensación para dichos pagos.
Hoy en Boyacá existe mucha confusión sobre el tema, pues son reiterativas las denuncias de los ciudadanos que han hecho solicitud para ser cobijados por el subsidio sin que esto haya ocurrido.
Para el caso de Comfaboy han sido algo más de 11.500 solicitudes las que se han recibido desde finales de marzo, época en que se decretó el aislamiento preventivo obligatorio. De esas 11.500 solicitudes se han rechazado por uno u otro motivo de improcedencia alrededor de 3.500 solicitudes.
Desde la fecha anteriormente mencionada, se han aprobado cerca de 6.000 solicitudes, pero solo se han podido pagar 1.006 de los subsidios por un valor aproximado a los 3.600 millones de pesos. La gran limitante, según explican desde Comfaboy, son los recursos con los que se cuenta, que son finitos y, en medio de la crisis, cada vez más limitados.
Lo más preocupante del asunto es que el panorama puede empeorar, pues a medida que se alargue la crisis, son más las empresas las que incurren en riesgo de no poder pagar parafiscales o tener que cerrar por quiebra, lo que a su vez trae consigo la pérdida de empleos. En Boyacá, los cerca de 5.000 solicitantes del subsidio que aún no reciben respuesta han entrado en una lista de espera, y de momento no se sabe cuándo darán respuesta a su solicitud.
“El subsidio es un aporte que se da pero no es de obligatoriedad. No obliga a la caja de compensación, pero de todas formas se pone a la persona que lo solicita y se le aprueba entra en una lista de espera hasta que la caja tenga recursos. La norma claramente dice que es hasta cuando dure la emergencia económica o hasta donde los recursos lo permitan”, le explicó a este medio Yeison Javier Ruiz, jefe del Mecanismo de Protección al Cesante para Comfaboy. .
Algo que puede complicar aún más la situación en Boyacá es la vulnerabilidad de las empresas, que en su mayoría son micro y pequeñas; pocas sobrepasan los cinco empleados, y son estas empresas las que pueden sufrir mayores complicaciones en un contexto de recesión económica.
