Además, la Contraloría General de la República investiga contrato que la Gobernación de Boyacá habría entregado a empresa que realizó aportes en época de campaña.
Tras un nuevo balance entregado por Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía General de la Nación se dio a conocer un alto número de investigaciones sobre entidades públicas en todo el territorio nacional.
La Procuraduría General de la Nación anunció que actualmente adelanta 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones y 398 alcaldías por presuntas irregularidades en el manejo de recursos para atender la emergencia sanitaria del COVID-19.
Para el caso de Boyacá son 48 los procesos disciplinarios que se adelantan en 31 municipios. Entre estos está el del Hospital Santa Marta de Samacá, el del Concejo Municipal de Soracá, el de las personerías de Togüi y San Eduardo, y la ESE Nuestra Señora del Rosario de Pisba.
En el reporte de la Contraloría se mencionó una presunta irregularidad en la contratación de la Gobernación de Boyacá, que al parecer habría favorecido en un proceso de contratación a una empresa que aportó dinero en época de campaña.
“Vemos también la contratación de aportantes en el departamento de Boyacá, un aporte de $102 millones y hemos encontrado contratos de Transporte Los Muiscas S.A. y Lizeth Johana Sierra Gómez por $70 millones”, señaló Felipe Córdoba, Contralor General de la República.
Las alcaldías de Villa de Leyva y Pisba también aparecen en el reporte de la Contraloría.
