La detección de 20 casos al interior de la empresa que presta el servicio de aseo en la capital boyacense puso a la ciudadanía a preguntarse por las repercusiones que esta situación tendrá en la prestación del servicio.
Tunja cerró el mes de mayo en medio de la conmoción por el informe que dio a conocer de 20 nuevos casos en la ciudad, todos entre personal de la empresa ServiTunja, que presta el servicios de aseo en la capital boyacense.
Por ello la empresa dio a conocer el porqué de la situación y las medidas a tomar para evitar que esto tenga un gran impacto en la prestación del servicio.
“Todos nuestros colaboradores cuentan con los elementos de protección y cuidado en las cantidades y la oportunidad exigida, sin embargo, hoy somos víctimas de la enfermedad debido a la exposición que tenemos”, señaló Jorge González, gerente de ServiTunja.
Sin embargo, si se tomaron precauciones, si se brindaron elementos de protección, y si se siguieron protocolos de bioseguridad, no se entiende porque se dio tal contagio al interior de esta empresa.
Tampoco explica ServiTunja qué tipo de personal fue el que se infectó, si son lo denominados escobitas, conductores de camiones de basura, recolectores de basura u otros; que para efectos de información, es de vital importancia que la ciudadanía sepa qué clase de funcionarios son, pues esto podría llevar a que se implementen otras medidas en cada uno de los hogares, de modo que se exponga cada vez menos a los empleados de esta empresa.
Lo cierto es que la prestación del servicio no se afectará, por lo menos eso afirman desde ServiTunja, pues estos 20 empleados equivalen al 9,7% de la planta de funcionarios de la empresa de aseo.
“ServiTunja reforzará los protocolos de bioseguridad ordenados por la ley, así como los definidos por su área de salud y seguridad en el trabajo, garantizando la oportuna prestación de los servicios de barrido, recolección, disposición final y corte de césped”, indica un comunicado emitido por la empresa de aseo.
La detección de estos casos se dio por las pruebas que se han venido adelantando en conglomerados como empresas de servicios públicos, ancianatos, asilos, cárceles, entre otros.
