Por: Jacinto Pinieda
Tras la carta de los alcaldes de Boyacá al Presidente es necesario un debate centrado en el modelo de las transferencias y no en el censo 2018, como lo sugiere la misiva. Hay verdades “incomodas” que deben analizarse.
La carta enviada por los mandatarios locales de los municipios de quinta y sexta categoría del departamento al presidente Duque, expresa entre otros problemas, la disminución de las transferencias provenientes del sistema general de participaciones (SGP), sistema constituido por los recursos que la nación transfiere a los entes territoriales para asumir el gasto público social: educación, salud, agua potable y otros y que para algunos municipios es la fuente principal de financiación del funcionamiento y la inversión pública.
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La reducción de recursos es consecuencia de las nuevas realidades contenidas los resultados del censo de población y vivienda 2018 que arroja información como: tamaño de la población y necesidades básicas insatisfechas (NBI), variables determinantes para la distribución de los recursos del componente sectorial “propósito general”.
La carta responsabiliza, considero equivocadamente, las cifras el censo 2018 y no al modelo de transferencia. Si bien se ha criticado la metodología del censo, también es cierto que es un censo que genera información con altos niveles de confianza. Insisto no es al envase, es al contenido a donde debe apuntar la reflexión, pues el modelo de las transferencias prioriza la pobreza relativa, medida por el NBI y la mayor proporción de población rural con relación a la urbana. Es decir a mayor pobreza mayores recursos, en la medida que la inversión mejore las condiciones de la gente, disminuye proporcionalmente los recursos. En voz de sus críticos el modelo premia la pobreza.
El censo 2018 evidencia el cambio de las condiciones materiales de la población boyacense medida por el NBI, a través de 5 variables. En el periodo intercensal 2005-2018 Boyacá redujo el (NBI) de 30,77% a 10,04%. Es de los departamentos con mayores avances en materia de reducción de las pobrezas, evidenciadas en varios indicadores, por ejemplo en pobreza monetaria, que pasó del 58,32% a 26,60%. Indiscutible a la luz de las estadísticas y de la realidad que con el esfuerzo de administraciones públicas, tanto locales, regionales y nacionales se ha mejorado la dignidad de sus gentes, y que entonces es debatible la afirmación de los alcaldes de “las falsas cifras del censo de población de 2018”. El despoblamiento, otro fenómeno que refleja el censo 2018 y que afecta la asignación de recursos, indica que en 83 municipios disminuyó la población en el periodo intercensal 2005-2018; esta situación puede cruzarse con otras variables, ejemplo la población estudiantil, que validan la información del censo.
En cifras y con el ejemplo de Oicatá, que mencionan los firmantes de la misiva, contextualicemos el problema. Es la variable de pobreza la de mayor peso en la distribución de recursos, el NBI de Oicatá en el 2005 fue de 41,43%, siendo de los municipios más pobres de Boyacá; en el 2018 paso a 5,97%. Decir que esta cifra es falsa es desconocer los avances de un municipio afectado positivamente por el desarrollo del eje Tunja- Sogamoso y sin lugar a dudas de los aportes de los alcaldes del periodo. En términos de recursos implica que Oicatá en el año 2019 recibió por propósito general 3.473.223.544 de pesos, en contraste para el 2020, parcialmente, se distribuyeron cinco onceavas (el 41,66% aproximadamente del total) que ascienden a 438.092.896 de pesos, siendo claro que si proyectamos resultaría muy inferior. Los municipios que más redujeron el NBI entre 2005 y 2018, porcentualmente, fueron Beteitiva (53,15%), Covarachía (52,89%), Guacamayas (51,57%) y Gachantivá (49,85%); por ende son los 5 municipios de mayor reducción en las transferencias. El único municipio donde aumentan los recursos es Cubará donde la pobreza aumentó. La lógica conlleva que los más afectados son los más eficientes en la lucha contra la pobreza.
El gobierno central ya advirtió la situación, por ello en virtud de la Ley 2008 de 2019, artículo 139, realizó una distribución parcial del valor de la apropiación para la vigencia de 2020 y de acuerdo al comunicado de 20 de febrero de 2020, la restante distribución de 2020 adoptará “medidas para mitigar los posibles efectos derivados de las variaciones de los datos censales en la distribución de los componentes del SGP”.
El escenario para el debate sobre las transferencias, implica confianza, donde los municipios de 5 y 6 categoría dejen de ser tratados como menores de edad; es por ello que les erigen al departamento como el padre, quien le maneja buena parte de los recursos (Educación, salud, saneamiento básico y agua potable) y el gobierno nacional, a través de las transferencias monetarias condicionadas, asume los programas sociales que orienta el departamento de la prosperidad social (DPS).
Igual los municipios requieren mejorar su capacidad institucional y ser más eficientes en la generación de recursos propios. Ejemplo, por eficiencia fiscal a 57 municipios de Boyacá le fueron asignados en el 2020 por propósito general, 5 onceavas, 13.828.211.700; es decir 66 requieren hacer esfuerzos fiscales para mejorar sus ingresos.
Tenemos un panorama preocupante, pues si bien hemos mejorado en pobreza el indicador del valor agregado municipal 2018, señala que dentro de los 200 municipios menos productivos, 49 son de Boyacá. Es difícil la situación pero requerimos una acción propositiva de todos los actores.
