Cuando se trata de Boyacá, la respuesta del gobierno nacional es que no hay recursos para nada y que por eso hay que acudir a la inversión privada. La concesión de la carretera Tunja-Moniquirá-Barbosa es el caso por estos días.
Hecha la ley hecha la trampa; se ha dicho desde el comienzo que con la constitución del 91 se abrieron puertas a la participación ciudadana, de las cuales carecía por completo la constitución de 1886. Y se entiende por participación popular, la posibilidad de que la sociedad pueda intervenir en la discusión de los hechos y acciones que involucren los intereses colectivos. Pues bien, una de esas formas de participación popular está en las llamadas audiencias de socialización que se han vuelto cotidianas, supuestamente para poder que la comunidad conozca lo que se está haciendo, a la vez que pueda participar con sus inquietudes, objeciones y aportes a tales propuestas.
Pero esto no está resultado. Las audiencias de socialización cada vez entregan menos información de calidad a las audiencias presentes, sin permitir conocer más afondo de lo que se tratan los proyectos y evitando dar respuesta a las inquietudes más elementales de la comunidad.
Fue lo que ocurrió el pasado jueves 5 de marzo, con la audiencia de socialización de la posible concesión de la carretera Tunja-Moniquirá-Barbosa, que ya empiezan a promocionar como la concesión TMB. Lo que quedó claro en esta socialización es que ni el proponente, ni el gobierno, profundizan en los detalles de la propuesta, y cuando se hacen las preguntas que más interesan a la comunidad, se responde que esto nos es posible, ya que de lo que se trata, dicen, es de escuchar las inquietudes de los presentes para luego analizarlas y entregar una respuesta, que por supuesto jamás llegará.
Así que estos ejercicios resultan estériles y frustrantes si se trata escuchar respuestas objetivas, dado que las audiencias intervienen con un sinnúmero de inquietudes, algunas muy razonables y otras no tanto, que al no tener clara explicación, el gran resultado es la confusión, lejos de la certidumbre sobre la propuesta que se discute.
Así que estas audiencias no son más que la mampara para propiciar la presencia de mucha gente, recogerle la firma, en constancia de que sí asistió, y luego usar esta información para decir que se cumplió con la ley, que se escuchó a la comunidad y que por tanto el proyecto es de conocimiento universal. Postulados todos falsos cuando se mira el detalle.
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La carretera Tunja-Moniquirá-Barbosa, es una de las más las más transitadas, y por tanto de las más importantes del departamento, lo cual hace que se vuelva un gran atractivo para las propuestas de ‘inversión privada’ y una ocasión para que el gobierno se libere de una responsabilidad concreta. Y como aquí se habla de negocios, más que de beneficios colectivos, todo parece que se monta para que la comunidad no sepa del detalle de tales negocios que se han vuelto tan comunes y atractivos, pero tan onerosos y lesivos para los territorios y sus habitantes.
Y es que el modelo de concesión que se ha venido aplicando en el país, no es más que una venta solapada del territorio y de sus ocupantes; las concesiones se convierten en mercancías de especulación del sistema financiero nacional e internacional, donde, fundamentalmente los usuarios se transforman en otra especie de semovientes que se transan como en las plazas del ganado, mientras que el territorio se entrega a título gratuito para reforzar o potencializar la venta inicial de los usuarios.
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Los ejemplos -hay que volver sobre los mismo para que no se olviden y se tengan en cuenta-, son concesiones como las de los acueductos, la doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, que acaba de cambiar de manos y que se ufana el gobierno de los 17 millones de usuarios al año, que son la almendra del negocio; o la venta de la empresa de energía de Boyacá que se hace sobre el número de usuarios, la conducta de pago oportuno de los boyacenses y los costos incontrolados de las tarifas.
En este caso de la socilización de la concesión posible de esta carretera, el proponente en realidad no profundizó en los detalles de los compromisos que adquiriría; las lagunas sobre la parte técnica las evidenciaron varios expertos presentes; en ningún momento justificó la propuesta de por qué la concesión es a 30 años, no se presentó el modelo financiero de la obra; tampoco se quiso hablar del costo del peaje o de los peajes. Tan solo se habló de los asuntos cosméticos de la propuesta, mientras la vocera del gobierno, la vicepresidenta de estructuración de la Agencia Nacional de Infraesturcutura, ANI, se limitó a escuchar. De modo que hay que exigir que el gobierno sea claro con la región, donde están involucrados dos departamentos, para que explique en detalle los términos de esta concesión que más parece la asignación de un negocio de beneficio para el privado.
Lo que sigue
De acuerdo con Diana Cardona, La vicepresidenta de estructuración de la ANI, lo que sigue de aquí en adelante es que, “el originador del proyecto deberá hacer más estudios para entregarnos los estudios de detalle, estudios más completos; nosotros ahí arrancaríamos la evaluación, y esa evaluación duraría alrededor de seis meses. Una vez esté evaluado y el proyecto sea para sacarlo a un concurso, entonces comenzaría un proceso que duraría entre cuatro y seis meses para tener un nuevo concesionario, que puede ser el originador mismo quien se gane eso, u otro que presente una mejor oferta. Pero todo esto parte de estos espacios que son precisamente para que la comunidad y que todos nos sintamos bien con el proyecto, que de verdad cumpla las expectativas que tenemos”.
Estima la funcionaria que en “poco menos de un año sabremos si hacemos el proyecto de la asociación público privada. Si surtimos todos estos trámites, podemos asegurar que este año se sabría quién es el concesionario”.
En lo que hay que insistir, entonces, es en la claridad de la información sobre los términos de la concesión-negocio y también llamar la atención sobre el sesgo del gobierno actual (qué dirá el senador Ciro Ramírez, tan acucioso en otros temas) que cuando se trata de inversiones en Boyacá, el argumento siempre es el mismo: que los presupuestos de la nación, en todos los órdenes, están agotados.
