(Una síntesis histórica de la pobreza espiritual de Colombia)
Por: Jhonathan Leonel Sánchez Becerra / Historiador
Después de 200 años de intentos fallidos por consolidar el Estado y sus instituciones, la plutocracia colombiana no ha comprendido, que los límites territoriales de la nación, van mucho más allá de Bogotá y las principales capitales del país, que hacer presencia del Estado no necesariamente implica la instalación de bases militares, pero sí, de escuelas, acueductos, caminos y hospitales.
Históricamente, el origen de la corrupción puede rastrearse ligado a la conformación de los partidos políticos en los siglos XIX y XX. La élite, único partido de los que mandan, se ha encargado de: dividir al resto de la población, institucionalizar sus intereses y mantener el poder a través de la violencia, el desplazamiento forzado y la conformación de grupos armados, en diferentes momentos.
En efecto, los caudillos que iniciaron el siglo XIX con un decidido aliento político que promulgaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, inspirados en la revolución francesa, terminaron torpedeando la estabilidad del país con las constantes insurrecciones regionales por mantener sus empresas y la radicalización de sus posiciones en regímenes del terror.
El siglo XX comenzó con el final de la guerra de los mil días, el 21 de noviembre de 1902. La guerra entre conservadores y liberales, se había desatado como resultado de la confección conservadora de la constitución de 1886 que, sin el consenso nacional, limitó la participación de los liberales en el Estado. Entre las consecuencias de la guerra quedaron, en la memoria, un saldo aproximado de cien mil muertos y las profundas huellas de la violencia que afectó, como cosa rara, a los colombianos más humildes.
El 9 de febrero de 1930, se instauró la denominada república liberal al ser elegido como Presidente de la República, el boyacense Enrique Olaya Herrera, lo que significó para el país un giro liberal que se correspondía con el descontento por el fracaso de las políticas socioeconómicas, el favorecimiento de los intereses económicos de empresas extranjeras y la masacre de los trabajadores de la United Fruit Company entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, a manos de las Fuerzas Armadas de Colombia en Ciénaga, Magdalena.
La Violencia en Colombia, según el investigador Javier Guerrero Barón, tuvo su origen en los años 30´s, al norte de Boyacá y el sur del departamento de Santander, entre las provincias de Norte y Gutiérrez y García Rovira, respectivamente. Esta violencia se detonó cuando algunos funcionarios conservadores se negaron a reconocer el triunfo de sus enemigos históricos, los liberales.
Para 1946, el retorno de los conservadores a la presidencia, con Mariano Ospina Pérez, agudizó la violencia que se extendió por todo el país y se conformaron grupos alzados en armas auspiciados por los directorios nacionales de los dos partidos. De modo que, los conservadores, Laureano Gómez y Gilberto Alzate Avendaño, instaron a los chulavitas en Boyacá y a los pájaros de León María Lozano en el norte del Valle, al tiempo que las guerrillas liberales comandadas por Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure y Eduardo Franco Isaza operaban en el Tolima y los Llanos orientales.
Para 1950, el recrudecimiento de la Violencia fue justificado en diferencias ideológicas por parte de la élite que a largo plazo fueron eclipsadas, a través de matrimonios y bautizos y, en odios partidistas entre el resto de la población lo que produjo, otras dinámicas sociales como el bandolerismo, inmortalizado en las figuras de Efraín González, Siente Colores, Jacinto Cruz, Sangre Negra y Teófilo Rojas, Chispas, entre otros.
Todos los grupos alzados en armas en Colombia, sin excepción, han buscado hacerse con el control del Estado por medio de la posesión ilícita de tierras, como elemento generador de riqueza.
*De la violencia partidista a la violencia subversiva y el narcotráfico.
La segunda mitad del siglo XX, se enmarcó por las presidencias militares de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y la Junta Militar (1957-1958), la firma de los pactos de Benidorm el 24 de julio de 1956 y de Sitges el 20 de julio de 1957, entre el conservador Laureano Gómez y el liberal Alberto Lleras Camargo, que fijaron las bases del Frente Nacional, refrendado por los colombianos en el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 y que pondría presidentes hasta 1970.
El investigador en Derecho y Ciencias Políticas, Esteban Mesa García en su trabajo El Frente Nacional y su naturaleza antidemocrática afirmaque el Frente Nacional fue criticado como la prolongación de la “dictadura”, ya no militar sino civil, por establecer la alternancia de los dos partidos conservador y liberal en el poder durante 16 años, sin tener en cuenta a los otros partidos y movimientos políticos como el Partido Comunista, amplios sectores sindicalistas y asociaciones gremiales.
Así, inició otra etapa de la violencia que trajo consigo la combinación de todas las formas de lucha con el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1964 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967, por jóvenes estudiantes y trabajadores formados y radicalizados según los lineamientos de las revoluciones rusa, china y cubana y, campesinos, herederos de las antiguas guerrillas Gaitanistas del Magdalena Medio, el Alto Sinú, el Valle del río San Jorge y el Páramo de Sumapaz, insatisfechos por las restricciones de participación política, el incumplimiento de la reforma agraria y la distribución de la tierra que determinaron la transformación de la violencia partidista en violencia subversiva.
En los años 50´s surgió una nueva clase comerciante-terrateniente denominada como los “aprovechadores” que acumularon riqueza mediante los negocios turbios y la presión a los propietarios para vender sus tierras a precios irrisorios. El despojo de tierras es una vieja tradición en Colombia, hoy se usa para sembrar palma de aceite…
La generación de poder, a través de la apropiación de tierras y su potencial de explotación económica, relacionada, entre otros, con la producción de marihuana y cocaína, la minería ilegal, el surgimiento del paramilitarismo y la deslegitimación ideológica de la lucha guerrillera, permeada por los negocios ilícitos del secuestro y la extorsión.
De esta manera la corrupción hizo presencia en todos los niveles y llegó a su punto álgido con la incursión de reconocidos narcotraficantes en el mundo de la política nacional, a través de la financiación de campañas, como candidatos a curules de elección popular y en diversos sectores de la economía con la compra de propiedades a empresarios en quiebra.
Los enfrentamientos entre carteles por el control de sus zonas de influencia, fijaron durante los años 80´s y 90´s un acelerado escalamiento de la violencia urbana, en correspondencia con las presiones de la prensa, el Estado y los organismos de inteligencia extranjeros.
Como se ha mostrado hasta aquí, la persistencia de la violencia en Colombia ha estado asociada con la exclusión de los otros como interlocutores válidos de los diferentes debates, programas y proyectos en la construcción de país; ahora, es deber insistir en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC para evitar que el ciclo de la violencia se siga repitiendo, los únicos que se benefician de la guerra, son los que no la luchan.
Finalmente, quiero recordar que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que el Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, señalando que es su obligación y la de todas las personas proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación. Asimismo, el reconocimiento de los derechos de autonomía política y territorial de las comunidades indígenas y negras, considerando los resguardos y demás territorios colectivos inalienables, imprescriptibles e inembargables.
