Por: Vicente Ramírez Garzón, Periodista
Al final del año, cuando las firmas calificadoras de riesgo soberano de Colombia para el mercado financiero internacional, presenten el resultado de sus estudios, se verá que el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), del actual gobierno, es sencillamente un conjunto de variedades, que van desde imposiciones tributarias hasta sanciones penales, pasando por abiertos beneficios para inversionistas privados con nombre propio, como es el caso de la sobretasa al consumo de energía, cuatro pesos por kilovatio consumido, para pagar la quiebra de Electricaribe.
En este punto el Plan ordena que, inmediatamente, Electricaribe, ya dividida en dos, tenga balance positivo, es decir ya saneada, sea entregada por parte del Estado: ¡Otra vez a los privados!, quienes han demostrado su incompetencia para prestar el servicio y su sagacidad para apropiarse de recursos públicos con el beneplácito de Ejecutivo y Legislativo.
Se verá, una vez más, que la planeación del desarrollo nacional, como proceso riguroso para llevar el país por la senda de la producción, el empleo y la distribución equitativa del ingreso y la renta, seguirá siendo una quimera, mientras el Presidente de la República sea un obsecuente y mediocre agente de intereses particulares, evidencia que permite unos ejemplos.
Primero: el Consejo Nacional Electoral reportó que el 65% de la campaña electoral del actual presidente fue financiada por bancos pertenecientes al grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento quien, entre tantos contratos con el Estado, tiene las concesiones hacia los Llanos Orientales, cuyo fracaso sobra recordar, pues como hace cuarenta y cinco años, después de la tragedia de Quebrada Blanca, responsabilidad de Misael Pastrana y Argelino Duran, esta vía hoy sigue cerrada; pese a ello, el gobierno del financiado “Presidente” ordenó el giro de un billón doscientos mil millones de pesos para cuadrarle la caja, a título de remoción del material desprendido de la montaña.
Segundo: la carretera a la Costa Atlántica, llamada Ruta del Sol II, también adjudicada a Sarmiento, en sociedad con Norberto Odebrecht y Carlos Solarte (hoy enjuiciado por este contrato), es otro fracaso, como debía serlo, porque la asignación del mismo se obtuvo en forma fraudulenta e ilegal en el sentido contractual, administrativo y penal; no obstante, el Presidente financiado por el grupo Aval, advertido de la mala fe en la estructuración de todo el proyecto, esperó un año, hasta julio de 2019, para disolver la sociedad de Sarmiento, Odebrecht y Solarte, y convocarlos al proceso legal de liquidación judicial; comprometiendo a renglón seguido, y sin ningún rubor, los dineros de la Nación, al anunciar que asumirá la deuda de los citados señores, contraída con siete bancos, cuatro de ellos de Sarmiento, que fue el principal financiador de la campaña del actual “Presidente” de la República; pretensión que no logró gracias a las investigaciones y denuncias de Petro, Robledo y María Ximena Dussán, entre otros, que llevaron a que el Laudo Arbitral sobre la ruta del Sol lo impidiera; de paso, dejando en evidencia las maniobras del viceministro García Morales, autorizado plenamente por el gobierno Uribe para firmar el contrato de concesión que, gracias a la demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ante un Juez contra Odebrecht, que obra como prueba en el citado laudo, permitió ver toda la podredumbre de esa negociación estatal con Sarmiento, Odebrecht y Solarte. Podredumbre y corrupción que involucra a Uribe, Santos y Duque.
En la misma forma, es de observar que el Plan de Desarrollo también permitirá que los mismos agraciados, quienes tienen la construcción de la carretera hacia la Costa Pacífica recibirán nuevos beneficios, ahora que una de las calzadas de Buga a Buenaventura ha colapsado.
Ejemplos que, así mismo, permiten asegurar que: un “Presidente” caracterizado por la manifiesta y clara subordinación a intereses particulares, y agitado solo por malabares de circo, carece de la autonomía personal y política para liderar un Plan desde la “legalidad” y orientado a la “equidad”.
La pirámide plutocrática
Todo porque desde los años cincuenta, cuando en Colombia atisbó la posibilidad de planear los objetivos nacionales, se constató que desde la alta dirección del Estado, solo fluía un pensamiento marcialmente anacrónico para mantener los abominables privilegios de minúsculos sectores sociales, ubicados en la cúspide de la pirámide plutocrática que caracteriza al país y que fue definida en la postura de grado para doctorado en la Universidad de Harvard, por el fallecido misteriosamente en accidente aéreo, siendo Ministro de Salud, Juan Luis Londoño de la Cuesta.
Quizás, la única aproximación al diseño de unos objetivos sociales, con un pensamiento diferente al tradicional de la concentración y la exclusión, haya sido el plan titulado “ El Salto Social ” (1994-1998), pero ninguna de sus pretensiones se cumplió, porque el gobierno que intentó realizarlo se encontró descubierto por la filtración de dinero ilícito en su campaña hacia la Presidencia de la República, y por la angustiosa lucha que tuvo frente al gobierno de Estados Unidos, que le bloqueó todas las posibilidades y lo ubicó al borde del “golpe de Estado”: ¡Que Alvarito (Gómez)no quiso encabezar!
Generar violencia desde arriba para atomizar a los de abajo
Desde entonces, la única planeación realmente efectiva que ha habido es la de generar violencia desde arriba para atomizar a los de abajo y reinar sobre un territorio en el que la élite privilegiada, además de su agudeza para mantener la discordia, como diría el Mariscal Francisco de Miranda “solo sabe hacer bochinche, bochinche, bochinche”, nada de cambio, de progreso, de transformación real de las condiciones de las mayorías nacionales, solo interesada en la conformación de sus privilegios.
Así ha sido siempre, el mismo pensamiento retrógrado donde lo único que cambia es la estrategia, que en el momento actual se concreta en la Ley del Plan donde, con independencia de las posiciones ideológicas y los modelos económicos que se tengan sobre el desarrollo, solo resalta la incompetencia técnica en la presentación de la ley; un texto que inició su proceso de discusión en el Congreso con disposiciones exóticas, como el culto a la personalidad del patrón del “Presidente”, y que terminó con el doble número de artículos de los inicialmente radicados, en un desorden e irresponsabilidad del gobierno y sus congresistas, cada quien incluyendo los artículos de su muy personal interés económico y electoral, contrariando el espíritu democrático y constitucional según el cual las normas legales tienen un carácter de generalidad: erga omnes.
Desde luego, puede que el objetivo real sea conducir a la sociedad hacia la anomia, ese irrespeto persistente de la norma, para poder justificar las acciones violentas de la represión y el mantenimiento del vetusto statu quo, así se pierda la calificación internacional de las firmas de riesgo.
Las innumerables demandas
Es tan evidente todo lo anterior que ya la Corte Constitucional, a dos meses de aprobada la Ley del Plan 2018-2022, ha aceptado varias demandas, debidamente sustentadas, que irán creciendo en número en la medida de los múltiples intereses sociales y constitucionales que el Plan vulnera.
Por ejemplo, ya está en el momento de corrección una acción de inconstitucionalidad contra el citado Plan Nacional de Desarrollo, en razón de su manifiesto desajuste con respecto al “Título Transitorio” constitucional, que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, que es la guía existente en la actualidad para construir un país reconciliado, después de llevar años mangoneado por los mismos a quien Jorge Eliécer Gaitán, con toda fineza, identificó como los peleles.
En su oportunidad, la Corte Constitucional dirá qué es constitucional de semejante adefesio, que el gobierno del Centro Democrático negoció con un amplio sector de la clase política, la más cruel de América Latina.
Por ahora, es muy ilustrativo y pertinente seguirle la pista al Plan Nacional de Desarrollo, usando el Índice temático que contiene esta publicación, para pensar -de verdad- , en un país donde la planeación y el desarrollo sean los instrumentos de razón pública para sacar del marasmo a los millones de colombianos que hoy deambulan, como «entes idos», por los sectores céntricos de las ciudades y por los abismales márgenes de la miseria nacional, producto de un Estado fallido que muchos, en su arribismo e indolencia, quieren ignorar o negar, como si pertenecieran al decil más rico de la sociedad.
