Por | Guillermo Velázquez / El Púlpito del Diablo
Incentivar el asesinato es legal, argumentó el Ministro de Defensa. Claro que sí, porque en este país la ley se utiliza para cometer toda clase de crímenes, corrupción y desastres económicos y sociales contra la mayoría y las minorías étnicas. Y no es sicariato moral, como tildó Uribe la actuación discursiva argumentativa y democrática del máximo líder político de la izquierda colombiana en un debate en el Senado. El sicariato de Uribe es procedimental, porque consiste en incentivar la muerte violenta de colombianos bajo las armas oficiales, pagando asesinatos en dinero, vacaciones y ascensos. Es pagar, con dineros del erario, el salario del verdugo. Es decir, las víctimas pagan, a través de los impuestos, el incentivo, estímulo o recompensa que reciben sus victimarios. Estos incentivos económicos a los militares convierten la guerra y la muerte en un negocio. El funesto negocio de Uribe y su presidente sacamicas, títeres de la muerte, cuya vocación de asesinos es cada día peor.
The New York Times publicó un extenso artículo titulado “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, firmado por el periodista Nicholas Casey, que desató un escándalo salvavidas al revelar el eterno retorno de los falsos positivos. El prestigioso diario divulgó que el comandante del Ejército les ordenó a sus tropas que duplicaran la producción de rebeldes muertos, con un probable aumento de bajas civiles en dicho proceso criminal. Otra orden pide a los soldados que no exijan perfección en la objetividad y veracidad de la información obtenida sobre los objetivos, al momento de ejecutar los ataques letales Y advierte el diario que “Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.” Esas órdenes presionan y obligan a los soldados a matar, los degrada, dejan de ser héroes de la patria y se convierten en asesinos; y, según el diario, algunos oficiales confesaron que “este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos.” También hay orden de “hacer lo que sea” para mejorar sus cifras de muertos, incluso aliarse con grupos criminales armados; este contubernio es un delito llamado concierto para delinquir. Por eso el uribismo es enemigo de la paz, porque su negocio es el asesinato.
La industria de Uribe y sus huestes está intacta, bien instalada y funcionando a las mil maravillas. El patrón de asesinatos sospechosos está en auge, tiene muy buena producción de muertos, y la matanza va en aumento: 702 líderes sociales, y 135 excombatientes que entregaron las armas y se reintegraron a la vida civil han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, según El Espectador (23-05-19). De esos centenares de asesinatos sólo uno ha levantado indignación nacional, una crisis institucional y un escándalo internacional: el de Dimar Torres. Este desmovilizado fue asesinado por el cabo Daniel Eduardo Gómez, que ya está destituido y en la cárcel. Y según El Espectador (17-05-19), el coronel del ejército Jorge Armando Pérez, también implicado en esta ejecución extrajudicial, será imputado por el delito de favorecimiento por encubrimiento. ¿La Constitución, la Ley y la Justicia lograrán prevalecer y darnos la esperanza de que cese la barbarie, se respete la vida y los Derechos y nos dejen vivir y morir en paz?
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