Convocadas solo algunas de las organizaciones de mineros en el territorio colombiano, este miércoles, de urgencia, se llevará a cabo la mesa minera en Medellín para concertar el capítulo de minería en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Duque.
De Boyacá fue convocada solo la organización que agrupa a los mineros de la cadena de las esmeraldas, en cabeza de su presidente el dirigente gremial Germán Suárez Bernal como presidente de Confedesmeraldas.
Se trata de determinar los lineamientos que deberán ser incluidos en el texto de la ley que determine el próximo Plan Nacional de Desarrollo la cual deberá estar aprobada antes de terminar el primer semestre de este año.
Para el ingeniero Suárez Bernal, lo primero que hay que hacer y dejar claro en la nueva ley, es la definición de los procesos de legalización que iniciaron con la ley 1382 de 2010; segundo, definir la superposición de títulos con la ley de páramos, un tema fundamental en el caso de Boyacá, donde en todas las zonas categorizadas como páramos hay algún tipo de actividad minera, lo cual ha creado un conflicto de intereses reales entre empresarios mineros, campesinos ocupantes tradicionales del territorio de los páramos y los sectores ambientalistas, cuyas razones han venido ganando espacios muy importantes en la percepción de la opinión.
También, al tenor de las propuestas de los mineros tradicionales, que en Boyacá los hay en todas las actividades afines, se trata de defender los derechos primarios que se adquieren con el tratamiento diferencial con los tamaños de minería, siendo la minería de subsistencia, la pequeña y la mediana, las que deben gozar de especial protección, como ya se empezó a lograr en la pasada ley del Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno del presidente Santos. Estos derechos ya adquiridos se van a defender para que sigan vigentes, reitera Suárez Bernal.
Del mismo modo, en esta mesa se insistirá en que quede expreso en el nuevo texto que la minería y la industria de hidrocarburos financien la educación pública y la salud pública de los colombianos y que los cánones superficiarios que pagan los títulos mineros, en los periodos de exploración y montaje, vayan directamente a los municipios afectados, específicamente a los presupuestos de educación y salud.
Estos son los puntos fundamentales a defender para la nueva ley. Otro punto sobre el cual se insistirá en el nuevo texto es redefinir el concepto ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’. Se trata de que el concepto no se refiera estrechamente a la acción de radicar documentos en la ventanilla de la instancia correspondiente, sino que se reglamente a fondo el respeto a la tradición que da derechos reales cuando hay una propiedad o se ha ocasionado y demostrado la ocupación de los territorios.
La prueba, en en este caso en la actividad minera, según el análisis del Ingeniero Germán, es que las labores mineras son las que muestran en realidad cuál es ‘primero en el tiempo, primero en derecho’ que es equivalente a lo que dan los derechos reales que se generan en la pertenencia de tierras, o en las relaciones matrimoniales, que también dependen de la permanencia; es decir, la tradición como generadora de derechos reales.
