Por | Manuel Restrepo
La deuda histórica del Estado con la universidad pública colombiana, aparte de económica es también de autonomía y respeto por las conquistas históricas alcanzadas por profesores y trabajadores a la zaga de la rebeldía incansable de los jóvenes. La nueva constitución basada en derechos, es reiteradamente burlada por los deudos de la vieja constitución de la escolástica y, el gobierno desde entonces le declaró la guerra a la universidad pública y en general a la educación de los niños y jóvenes de los sectores populares que son las cuatro quintas partes de la población colombiana. Con la ley 30 le hizo creer al país que había una política pública y le entregó un botín a los financistas para que acumularan más capital, a la vez que convertía la autonomía en asunto meramente formal, aunque había sido elevada a la categoría de derecho fundamental garante de la sostenibilidad.
Mantener en estado de vulneración a la autonomía, le ha permitido al gobierno obstaculizar libertades de enseñanza, catedra, investigación, protesta, asociación, reunión, expresión, construcción democrática de la institución y de sus reglas y mandatos. La injerencia del Ministerio de Educación, desde sus salas de “expertos” y, por delegación, a los “pares”, traza las bases de “lo que se debe enseñar, aprender, hablar, decidir”, que impida el reino al pensamiento crítico, que de ocurrir deberá ser acallado, perseguido y hasta asesinado.
Los estándares de calidad, han demostrado su fracaso, igual que las pruebas de estado eliminan pluralidades y limitan el pensamiento y las capacidades propias, salidas de los territorios y de las demandas de cada tiempo, lugar y modos humanos de relación. La tendencia a homogeneizar se volvió obsesiva, tratando de someter a las reglas de centro a la periferia, de urbano a lo rural, de gobierno a subalternos. De llegar a ocurrir lo contrario el poder hegemónico se desborda en manipulaciones, chantajes y controles.
También ha sido “tocada” la libertad de cátedra, violentada, con mecanismos curriculares que redundan en menor circulación de saberes humanísticos y sociales basados en contextos que permitan aprender para transformar y, sobre todo, para cuestionar en presente las arbitrariedades y las distorsiones. La hora catedra, que paga al profesor por cada 60 minutos “dictados” es el mejor ejemplo de desnaturalización de la función intelectual del profesor, buscando derrotar el espíritu de colectivo, de lucha, de inconformidad.
El gobierno actual, entre las incoherencias del que “manda a callar a la niña esa”, la que cree que el cáncer se cura con glifosato, la que niega la masacre de las bananeras, el que pide electrizar con choques a los estudiantes o “el quema libros”, notifica a la sociedad que por su agudo desentendimiento de la realidad, la ciencia, la cultura y los derechos, y por convicción antidemocrática, aunque se llamen centro, no le importa la universidad pública.
Un buen recuerdo medieval de hace 700 años, se refiere al rey Jaime II que puso en evidencia que los reyes de Aragón fomentaban y alardeaban de la creación de universidades, pero no las proveían de recursos propios. Entonces acudió al bancaje y la colecta, para sumarlos a los escasos ingresos propios. A discreción del Rector se crearon multas por infracciones disciplinarias (que sería equivalente a “judicializar” a estudiantes para tener recaudos) y para socorrer necesidades de carácter general (hoy sería bienestar) y otros recursos fueron regulados estatutariamente, como el bancaje y la colecta. El bancaje era la cuota anual que pagaban los estudiantes por el uso que hacían de los bancos en las aulas de Estudio, para sentarse durante la lectura (los bancarios colectaban y, como ahora, usaron la plata para otra cosa). Los profesores serían pagados con una cuota anual de cada estudiante por la lectura que recibía (hoy equivaldría a que cada profesor busque a sus estudiantes para fijar su propio sueldo). Esa lógica medieval, hoy parece repetirse por el talante del gobierno, que es responsable de la desfinanciacion; y lo demás también, si se recuerda que el mismo grupo de poder ha gobernado durante lo corrido del siglo XXI y ha intervenido las sucesivas reformas curriculares inconsultas y atrevidas, de enfoque mercantil, acríticas y repetidores del discurso y prácticas hegemónicas.
El menosprecio del gobierno, la indiferencia del Congreso en la alianza de poder (Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y otros pocos) dejan ver que el sistema medieval del siglo XIV sería el ideal para salir de una vez de las universidades públicas y, de paso, del reconocimiento a los derechos conquistados desde el siglo XVIII; esto porque ya les declaró una guerra de exterminio, al no proveerlas de sus recursos, que prefirió meter a la guerra, en lugar de meterlos para la paz firmada que incluye educación; pero además le declaró la “guerra mediática” (Zubiría) acusándolas de infamias, cierres que no han sido, pérdidas que no han ocurrido, estigmas que no merece y vendiendo la idea de ser enemigas de la sociedad; y, también, les declaró la “guerra a su ciencia y sus verdades”, con posverdades y falsedades. Por su diversidad, pluralidad y dignidad colectiva la universidad tiene la mayor capacidad reflexiva y de rebeldía para poner al descubierto a los responsables de la tragedia vivida y pedir su sanción moral, ética e incluso penal, por la desfinanciación provocada, las manipulaciones cotidianas y el terror ejercido contra ellas que convirtió a unas en víctimas.
La universidad y, en particular la pública, por su naturaleza cultural, científica y popular, por no tener dueños, ni obedecer a patrones de conducta o control de las libertades, puede fácilmente dejar en evidencia los alcances de proyectos antidemocráticos y de ultraderecha que suplantan y falsifican la democracia como lo hacen con sus títulos y certificaciones y revelan que la estrategia de una mentira repetida no es lo mismo que un consenso y que hay pactos de silencio para conservar sus privilegios de clase, de elite, de poder. Al gobierno no le importa la educación pública, porque no le importan las desigualdades y sus consecuencias trágicas sobre los excluidos y empobrecidos, pero a los jóvenes, profesores, trabajadores y estudiantes, sí les interesa y no van a cansarse de luchar y resistir porque saben que si no hay universidad para ellos tampoco la habrá para sus hijos y vecinos.
P.D. Mi campaña a ocupar el cargo Rector de la UPTC, está en su mejor momento, con convicción ética y política y compromiso social, sin centros de mando, sin directorios políticos debajo, sin atajos ni ataduras. Seremos invencibles en la campaña y generosos en la victoria. Llenaremos las urnas con votos conscientes y decididos a transformar, para impedir el regreso al mundo medieval.
